La corrupción, los bienes públicos y la solidaridad social Corruption, public goods, and social solidarity

Delfín Ignacio Grueso 

https://doi.org/10.25965/trahs.2547

Este artículo trata de mostrar la corrupción, en general, como un problema ético y el tipo especial de la misma que generan las políticas neoliberales, como una forma de socavar la supervivencia de la sociedad como un proyecto solidario. En la medida en que los bienes públicos se desplazan a manos privadas, la sociedad va perdiendo la capacidad de conservar algún tipo de compromiso ético con alguna forma de bien común o la capacidad para plantearse metas comunes que comprometan un esfuerzo común. El ambiente generado por la globalización y sus prácticas comerciales, que tiende a naturalizar todo tipo de conductas depredadoras de los bienes públicos, está corrompiendo la vida ética de las sociedades, sin la cual ellas no pueden conservar sus más básicas relaciones. Por tal razón, las sociedades necesitan combatir la corrupción retomando el derecho a definir qué consideran su bien común y alcanzando acuerdos políticos acerca de sus metas comunes. Sin esos acuerdos, no tiene sentido la solidaridad. Por ello hay que hacer recuperar lo que se ha perdido bajo la ofensiva neoliberal y por impacto de la globalización capitalista. Se deben combatir las conductas depredadoras de los bienes públicos por medio de una permanente definición y defensa del bien común.

Notre article s’efforce de montrer la corruption comme un problème éthique et les particularités qu’elle renferme lorsqu’elle est générée par les politiques néolibérales ; comme un moyen de remettre en cause la survie de la société en tant que projet solidaire. Dans la mesure où les biens publics passent entre des mains privées, la société perd la capacité de maintenir un certain type d'engagement éthique en faveur d'une certaine forme de bien commun ou la capacité de fixer des objectifs communs qui supposent un effort commun. Le climat créé par la mondialisation et ses pratiques commerciales, qui tend à naturaliser toutes sortes de comportements prédateurs lorsqu’il s’agit de biens publics, est en train de corrompre la vie éthique des sociétés, sans laquelle elles ne peuvent préserver leurs relations les plus élémentaires. Aussi les sociétés doivent-elles lutter contre la corruption en reprenant le droit de définir ce qu'elles considèrent comme leur bien commun et en concluant des accords politiques sur leurs objectifs communs. Sans ces accords, la solidarité n'a pas de sens. Par conséquent, il est nécessaire de récupérer ce qui a été perdu sous l'offensive néolibérale et en raison de l'impact de la mondialisation capitaliste. Les comportements prédateurs des biens publics doivent être combattus par une définition et une défense permanente du bien commun.

Este artigo procura mostrar a corrupção, em geral, como um problema ético e o tipo especial dela gerado pelas políticas neoliberais, como forma de minar a sobrevivência da sociedade como projeto solidário. Na medida em que os bens públicos passam para mãos privadas, a sociedade perde a capacidade de manter algum tipo de compromisso ético com alguma forma de bem comum ou a capacidade de definir objetivos comuns que comprometem um esforço comum. O meio ambiente gerado pela globalização e suas práticas comerciais, que tende a naturalizar todo tipo de comportamento predatório dos bens públicos, está corrompendo a vida ética das sociedades, sem a qual elas não podem preservar suas relações mais básicas. Por isso, as sociedades precisam combater a corrupção, retomando o direito de definir o que consideram seu bem comum e chegando a acordos políticos sobre seus objetivos comuns. Sem esses acordos, a solidariedade não tem sentido. Portanto, é preciso recuperar o que se perdeu com a ofensiva neoliberal e com o impacto da globalização capitalista. Os comportamentos predatórios dos bens públicos devem ser combatidos por meio de uma definição e defesa permanente do bem comum.

The main idea of this article is that corruption is in general an ethical problem and the type of corruption emerging in some countries as an effect of some neoliberal policies, is particularly undermining the survival of society as a common project. The more public goods go to private hands, legally and illegally, the less is it possible for a society keep an ethical commitment with the common good or to identify common goals whose achievement require common efforts. The social climate created by some practices common in the global market nowadays, a climate to which everything is possible with public goods, is corrupting ethical life and without ethical life, there is no way to maintain the viability of society´s most basic relations. This is why societies need to face corruption by retaking in their hands the right to define their common good and to reach political agreements about the common goals. Without these agreements, social solidarity means nothing. At the bottom line, in order to regain what they have lost, each society needs to overcome neoliberal depredator behaviors and establish politically what is in each moment its own common good.

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Full text

Note de bas de page 1 :

Textualmente: "la corrupción en Colombia, como en cualquier país del mundo, es inherente a la naturaleza humana". Ver “La corrupción (…) es inherente a la naturaleza humana”: Miguel Nule, en Colombia.com, Bogotá Lunes, 07 / Mar / 2011, recuperado de internet: https://www.colombia.com/actualidad/politica/sdi/7061/la-corrupcion-es-inherente-a-la-naturaleza-humana-miguel-nule

“La corrupción –dijo salomónicamente un corrupto colombiano- es inherente a la naturaleza humana” 1. No es extraño que algunos terminen aceptando esta conclusión, especialmente si están abrumados por la asiduidad con que el fenómeno aparece en los medios de comunicación y más si sospechan que lo que allí aflora es sólo la punta del iceberg de la podredumbre que se urde en los pasillos del poder. Pero hay quienes abrigan la esperanza de que la corrupción sea superable y se remiten al ejemplo de países donde el fenómeno tiene baja incidencia y a épocas en que lo público se administraba pulcramente. Pero aún éstos terminan cediendo al pesimismo cuando se adentran en la historia y comprueban que la corrupción ha hecho su aparición en todas las épocas y bajo todos los regímenes políticos.

Unos y otros no pueden sino concluir que una vez se le da cierto poder a alguien para que administre bienes públicos y puede sacar provecho de ese privilegio, terminará sacándolo. Se corrompen de esa manera no solamente los individuos en todos los regímenes políticos y se corrompen las sociedades cuando los diferentes regímenes y, lo que es más dramático, se corrompen todos los regímenes políticos. Aristóteles y Maquiavelo, de modo diferenciado, tuvieron esa intuición: que los regímenes políticos, como los seres vivos, experimentaban el nacimiento, la vigorización, el esplendor y la decadencia. Séneca, que tendía a explicar las decadencias por la relajación de las costumbres y la pérdida de los controles morales, terminaba concluyendo que ellas eran en últimas ‘cosas de los hombres, no de los tiempos’.

Si el problema son los seres humanos, se puede tratar de conjurar la corrupción a través de una cuidadosa educación de los jóvenes y de un diseño de administración pública que bloquee la tentación de abusar del poder en beneficio propio. Platón pensó así cuando, a través de selecta educación que a la que habría de someter a los futuros gobernantes, le aunó el desdén a la riqueza. En su diseño del sistema político, por lo demás, a los más altos magistrados no debía de faltarles nada, pero tampoco tendrían nada en propiedad. La idea era que no cedieran a la tentación de gobernar para sus propios intereses, como hacen los ricos cuando gobiernan, ni fueran comprados por los ricos, como les ocurre a los gobernantes con ambiciones y necesidades. Este celo lo completó queriendo cercenar en los gobernantes los lazos de sangre, pues suele ser en beneficio de la familia que ellos comienzan a corromperse.

Pero ni con gobernantes célibes o apartados de sus hijos se logra conjurar totalmente el riesgo de corrupción. Lo experimentaron los romanos, cuyos emperadores apartaban los lazos de sangre y trataban de escoger al futuro César entre lo más virtuoso del ejército o del senado. Con esto podía tal vez evitarse el nepotismo (cosa que nunca se logró del todo), pero nunca el delirio despótico en que puede caer quien tiene poder absoluto sobre las cosas y las personas.

Las revoluciones burguesas, una vez lograron superar las monarquías absolutas, en las cuales, como en la Roma imperial, todos estaban sometidos al poder de un solo individuo, optaron por dividir el poder y establecer regulaciones estrictas para el manejo de los bienes públicos. Confiaban menos que Platón en los efectos duraderos de una esmerada educación y más en un mecanismo que, desde el poder político, controlara los excesos en que tienden a incurrir quienes detentan poder. Al sistema de pesos y contrapesos a través de sus tres ramas del poder público, la Modernidad política añadió mecanismos orientados a controlar la burocracia moderna, ese voluminoso ejército de funcionarios que en las sociedades modernas opera como correa de transmisión entre las necesidades de la sociedad y las soluciones del gobierno.

Este proceso se correspondió, históricamente, con un paulatino debilitamiento político de la sociedad; un proceso que nos ha traído hasta este presente, en el que es cada vez más profunda la incapacidad de la sociedad para definir el bien común y defenderlo incluso de las dinámicas políticas empotradas en la dirección del Estado. Y, en tanto que la sociedad se debilitó políticamente, se entregó la definición y defensa del bien común a la política (y por extensión a los políticos). De esa forma no sólo terminó erosionándose el carácter aglutinante y solidario de los bienes públicos (los que el Estado administra a nombre de la sociedad), sino el del bien común en sí mismo.

Priorizar la defensa del bien común en el marco general de la lucha contra la corrupción es a lo que invita este artículo. La invitación se orienta contra un tipo especial de corrupción, aquel que emerge del empuje ideológico del neoliberalismo y de las lógicas globalizantes de reproducción del capital. No se trata de negar el carácter corrosivo de la corrupción que emerge en las franjas intermedias de la burocracia; se trata de ponerle especial atención a la que emerge de la conexión entre los grandes intereses del capital y las políticas privatizadoras. Se trata de señalar las formas que toma ese tipo especial de corrupción como una conculcación del bien común.

Al plantear de esta manera el tópico, no se está acusando, a priori, al neoliberalismo de ser un proyecto político corruptor. Como el organicismo de Platón, el comunismo de Marx o el liberalismo de Locke o Mill, el neoliberalismo es una legítima propuesta de organización política de la vida social y económica basada, como las otras propuestas, en premisas y principios referidos a la naturaleza y dignidad del ser humano, al sentido de la sociabilidad humana, de la libertad, del progreso y la justicia social. Como cualquier otro paradigma, el neoliberalismo busca corregir los males sociales, incluyendo la corrupción del Estado, para la cual propone nuevas regulaciones, prohibiciones y orientaciones, a fin de evitar que ella se constituya en un obstáculo para el desarrollo social y económico.

Note de bas de page 2 :

“According to one definition, globalization is characterised by the increase in trade, capital, and information flows as well as by the mobility of people across borders” (Lalountas et alt., 2011: 637).

Pero esa ofensiva ideológica, que gusta mostrar la corrupción como un cáncer que emerge exclusivamente en el Estado y a la burocracia estatal como el actor corrupto por excelencia, deja hábilmente por fuera de su foco al interés privado que corrompe. Su cruzada moral, que pretende purificar las prácticas políticas, encubre una colonización estratégica de amplias franjas de la vida social y de los bienes públicos, que se va reservando como coto de caza para el capital privado. Mientras se va cumpliendo su proceso privatizador y se va legitimando cierto apetito de ganancia que sagazmente se mueve entre los resquicios del poder político, va obrando también un lobby tecnocrático, altamente sintonizado con el espíritu de la globalización económica2. Su eficacia se materializa en la forma como se van pasando a manos privadas los acumulados sociales en materializados en empresas públicas y se diluyendo cualquier opción de aglutinar la sociedad en torno a un bien común.

Para resaltar la corrupción como una ‘patología del bien común’, se apela a Alberto Serna (2009). Para perfilarla como un socavamiento de la solidaridad que compromete la reproducción de la vida social, se apela a Milton Fisk (2016).

1. Modernidad y juridización de la vida social y política

Volvamos por un momento a la idea de que la corrupción emerge en todos los regímenes políticos. La advertencia básica de Aristóteles es que, tarde o temprano, todos los regímenes se corrompen. Hoy en día podemos encontrar variaciones positivas y negativas de esa idea. Un ejemplo de variación positiva lo provee Fernando Filgueras al mostrar la corrupción como el momento en que el ordenamiento estatal se revela incapaz de articular de una manera definitiva ejercicio del poder con una educación cívica. Esta articulación siempre es posible porque, un poco al modo del Maquiavelo de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Filgueras ve en la emergencia de la corrupción una oportunidad para que el haga un ejercicio de renovación política.

Todo orden constituido trae consigo la posibilidad de su corrupción (y esto) mantiene en movimiento las fuerzas creativas que permiten generar nuevos mecanismos de integración y de consolidación. (..) permite el mejoramiento moral de los ciudadanos, porque mantiene en movimiento la imaginación política para la reproducción de un orden (Filgueiras, 2010: 183).

Un ejemplo de variación negativa es Alberto Serna, quien enfatiza en la corrupción como afectación del bien común, una patología que no tiene nada de positivo:

Ya los clásicos (..) supieron darse cuenta de que (..) cada tipo de constitución política tiene una tendencia patológica característica. Así, el régimen monárquico clásico tiende a caer en la tiranía del monarca; el aristocrático, en la tiranía de los ricos; el régimen democrático, en la tiranía de la mayoría. En cualquier caso, estas patologías de las constituciones políticas tienen en común la perversión del bien común” (Serna, 2009: 134-135).

Oportunidad de renovación o patología que marca el declive de los regímenes políticos, la corrupción emerge en ellos tarde o temprano. Séneca, quien conoció el destierro bajo el poder de Claudio y luego la riqueza desmedida, la influencia intelectual y finalmente la muerte bajo el poder de Nerón, intentaba explicar ese declive como un efecto de la relajación de las costumbres. Intentaba mostrar que la corrupción no era exclusiva de los tiempos imperiales trayendo a colación un episodio que ocurrió ‘en tiempos de Pompeyo y César, de Cicerón y de Catón’. Se trataba de una acusación por escándalo en las altas esferas que se cerró aún más escandalosamente.

Se dieron monedas a los jueces y, lo que es más vergonzoso en aquel arreglo, se exigieron como sobreprecio violaciones de matronas y efebos. Menor infamia fue el crimen que su absolución: el reo de adulterio distribuyó adulterios, y no estuvo seguro de su salvación hasta que hubo puesto a sus jueces en su mismo estado (Séneca, 1971: 58).

Se trataba de un episodio de corrupción que terminó involucrando a funcionarios de la estructura republicana romana, a los jueces, pero cuyos protagonistas principales eran figuras del senado y del ejército. Entonces como ahora, poderosos y funcionarios se corrompían de manera diferente y también entonces fueron los poderosos los que terminaron ganando sobornando a los funcionarios. El ojo censor había que orientarlo, tanto en la República como en el Imperio, hacia quienes están en la cúpula del poder, no quienes están en los puestos bajos de la administración de la res pública. Por eso era válido que Séneca se siguiera escandalizando de la corrupción en términos similares a los de Catón y Cicerón, con cierta añoranza de los valores republicanos. La diferencia era que ahora era realidad aquello que estos habían tratado de evitar: la absoluta concentración del poder en manos de un solo hombre. Ahora ya no era fácil separar ya la salud de Roma de la voluntad del emperador.

Advertida de que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente, la Modernidad política trató de evitar el despotismo de quien no tiene que dar cuentas a nadie. La gente lo había vivido bajo las monarquías absolutas, que guardaban cierta similitud con la Roma imperial. Creyeron salir de eso dividiendo el poder y enfrentando a las partes resultantes de esa división. Ese sistema de contrapesos, perfeccionado de Locke a Montesquieu, no sólo intentaba evitar que un solo individuo retuviera todo el poder, sino además garantizar que todo el poder público, en su tripartita expresión, estuviese al servicio de la sociedad, pues con la perspectiva moderna de la política, el poder político sólo puede legitimarse de manera ascendente, es decir, por la concesión que la sociedad hace, mediante un pacto, a quien queda investido del poder de gobernar.

Que esa fórmula fue sabia y temporalmente eficaz, nadie puede negarlo; que, a la larga, ella también ha podido ser burlada, tampoco. Los más de dos siglos de perfeccionamiento constitucional de esa solución no han evitado que la corrupción serpentee entre las ramas del poder, neutralizando lo que se supone era la función del sistema de contrapesos. Además, ese sistema se había pensado ante todo para controlar el poder en la cúpula y buena parte de la corrupción emerge primero en la cotidianidad de la burocracia, esa dimensión del dominio estatal que está en contacto directo con la vida social. Aquí comenzó a evidenciarse una doble desilusión.

Por una parte, a la sociedad le quedó negado el control directo de la burocracia, a quien directamente confía el gobierno la administración de los bienes públicos y que de un modo u otro se da sus mañas para escapar también del control que sobre ella debería ejercer la cúpula del poder. De otra parte, la sociedad ya no tuvo ningún control directo sobre las relaciones que, por lo alto, tuvieran las cabezas del poder. Una y otros, la burocracia y las ramas del poder público, quedaron reglados por la constitución políticas y las normas de la administración pública y todo eso se supone debe funcionar bien sin la intervención directa de la sociedad. Ésta ha quedado despolitizada y sumida en una impotencia frente a tan sofisticada ingeniería.

Note de bas de page 3 :

Benjamin Constant compara de esta manera lo que privilegiaban los antiguos y lo que privilegian los modernos: “Así, entre los antiguos el individuo, soberano casi habitualmente en los negocios públicos, era esclavo en todas sus relaciones privadas. Como ciudadano decidía de la paz y de la guerra; como particular es­taba limitado, observado y reprimido en todos sus movimientos; como porción del cuerpo colectivo cuestionaba, destituía, condenaba, despojaba, des­terraba y decidía la vida de los magistrados o de sus superiores; pero como sometido al cuerpo colectivo podía llegar también la ocasión de ser privado de su estado, despojado de sus dignidades, arrojado del te­rritorio de la república, y condenado a muerte por la voluntad discrecional del todo de que formaba par­te. Entre los modernos, al contrario, el individuo, in­dependiente en su vida privada, no es soberano más que en apariencia aun en los Estados más libres: su soberanía está restringida y casi siempre suspensa: y si en algunas épocas fijas, pero raras, llega a ejer­cer esta soberanía, lo hace rodeado de mil trabas y precauciones, y nunca sino para abdicar de ella” (Constant, 1988: 67-68).

No podría ser de otro modo, dada la narrativa política que orientó esa ingeniería, primero en su versión contractualista y luego en la liberal. El referente de la gobernabilidad, en esa narrativa, es el individuo, no a la sociedad. El control del ejercicio del poder político quedó reducido al juego electoral requerido para una democracia representativa y para la renovación política en la cúpula del poder ejecutivo, escogiendo para esto entre agendas alternativas de gobierno. A esto quedó reducida la ficción de un pueblo que elije y controla a sus dirigentes. Qué tan transparente es la burocracia en el manejo de los bienes públicos, es un asunto de las cabezas de los poderes públicos. Qué tan bien se comportan los dirigentes y qué tan eficaces son en garantizar la transparencia del manejo burocrático de los bienes públicos son, en conjunto, tarea de los organismos de control. La sociedad quedó convertida, entonces, en una sumatoria de individuos privados que, acorde con esa complejización de los sistemas jurídico y político como subsistemas del sistema social y con una transformación cultural aún mayor, señalada tempranamente por Benjamin Constant, es decir, la de privilegiar las libertades privadas sobre las políticas3.

Note de bas de page 4 :

Dice Miller: “institutional corruption did not just affect the private sector in the same way as public institutions, since it is itself one of the key vectors of this disorder. Institutional corruption should be distinguished from petty corruption such as the payment of bribes for political or other favours. The most important problem with accounts like this is that they locate the explanation for institutional corruption entirely at the level of the state and political elite. No account is given of the relation between the political elite and wider forces – most obviously capital and labor” (Miller, 2015: 3-5).

Note de bas de page 5 :

Filgueiras pretende establecer el nexo entre Modernidad y corrupción a partir de la naturaleza calculista de los modernos en estos términos: El poder y el dinero potencian una clase de corrupción que es admisible, puesto que la naturaleza calculista de los modernos nubla las configuraciones de valores, las cuales están fundamentadas en el plano ético” (Filgueiras, 2010: 201).

Note de bas de page 6 :

Blackburn et alt ofrecen esta version de ese acuerdo tácito: The objective of the government is to provide public goods and services which function as inputs to private production. The government demands g amount of these goods and delegates the task of procuring them to bureaucrats, while running a continuously balanced budget” (Blackburn 2011: 4013).

La división de funciones entre la cúpula política, la burocracia y la sociedad, que la Modernidad propició, marcó una tendencia en la interpretación y sanción moral de la corrupción. Lo que tiende a causar escándalo es la episódica corrupción de una burocracia desprovista de iniciativa política, que no puede ser controlada por una sociedad que tampoco la tiene. Esto exacerba la pulsión juridizante propia de la cultural liberal, que tiende a resolver los problemas multiplicando regulaciones, provisiones y controles para el ejercicio diario de la administración pública, con la esperanza de que gobiernos más pulcros controlen por arriba todo ese funcionamiento. Lo que ignora esta tendencia interpretativa es la corrupción con respecto a lo público que se instala en la cúpula misma del poder político, donde anidan las grandes conexiones entre los intereses del mercado y del capital y las decisiones políticas. Esto es lo que no ve el ojo inquisidor que sólo busca la corrupción en lo institucional e ignora los nexos entre las decisiones políticas y las lógicas capitalistas, como bien lo anota David Miller4. La legitimación moral de estos nexos habría que ir a buscarlas en la naturalización del cálculo como un instinto típico de la Modernidad, desarrollado cada vez más en la forma de una expertocracia que va tejiendo una fina telaraña donde se enreda el interés común y donde prosperan los intereses privados, como bien lo anota Filgueiras5. Todo esto erosiona la centralidad que tienen los bienes públicos para que la sociedad sea un proyecto solidario y envilece el acuerdo tácito sobre el que se levanta toda organización política de la sociedad y la razón de ser del Estado que, en la perspectiva de Antonio Serna, no es otra que la de “proporcionar las normas por las que el bien común se especifica y gestionar su aplicación de acuerdo con criterios políticos de oportunidad” (Serna, 2009: 128) y en la Blackburn et alt la de “proveer bienes públicos y servicios” (Blackburn 2011: 4013)6.

2. Bienes públicos y la sociedad como proyecto solidario

La intuición primaria que ligamos a la noción de bien público es la de un espacio público; el primer ejemplo que viene a la mente es el de un parque público, ese lugar a donde todos podemos ir, confiados de estar en un espacio que nos pertenece a todos. El parque, sin embargo, no es el mejor ejemplo pues hay parques que son privados (los centros recreacionales, por ejemplo) aunque sean usados públicamente. En este sentido, los parques no se diferenciarían de otros bienes como colegios y clínicas y sistemas de transporte que son dados al servicio público, previo pago de unos derechos, sin que por eso pensemos en ellos como bienes públicos: ni en los colegios ni en las clínicas ni en los parques privados nos sentimos en un espacio que pertenece a todos, sobre todo si tuvimos que pagar para ingresar allí o no pudimos hacerlo. Propiedad y administración privadas y usufructo público no bastan, pues, para convertir un bien en público.

Hay cosas que nadie construye por su propia iniciativa, pues sus costos suelen superar la capacidad financiera de un individuo y su uso superar también sus necesidades (a no ser que se hagan en escala ‘micro’). Los ejemplos recurridos son las carreteras, los puentes, la iluminación y la defensa militar, que se hacen pensando en un beneficio que trasciende las necesidades de un individuo y porque, sirviendo a varios, indirectamente terminan sirviendo a la sociedad como un todo. Pero no siempre los que se benefician de los bienes construidos por el Estado son los individuos. El mercado, por ejemplo, que en la retórica liberal se puede autogenerar, no puede en verdad existir sin el Estado.

No siempre es válido definir los bienes públicos a partir del hecho de que no han sido construidos por un particular, sino también en función de su capacidad socializadora. Los parques públicos son un buen ejemplo: muy pocos podrían tener un parque para su usufructo exclusivo, como los cotos de caza de la realeza; pero todos necesitamos espacios como ésos, no sólo para ponernos en contacto con la naturaleza sino para poder socializar con otras personas y especialmente para que los niños socialicen. Una ciudad democrática, entonces, debe construir estos espacios para todos aquellos que no pueden construirse un parque privado (y porque un ‘parque privado’ es ya, en sí mismo, una contradicción en los términos).

Lo privado tiene, por oposición a lo público, un derecho exclusivo y excluyente en virtud de lo que la noción de ‘propiedad’ supone. Aún ciertos bienes privados que se abren al uso público se reservan ‘el derecho de admisión’. Las regulaciones que tratan de mantener la función social de los espacios privados abiertos al público, tratan de garantizar que allí no se puede discriminar por razones de género, religión u orientación sexual. Una cláusula semejante no se establecería para los andenes que, aunque técnicamente hablando son bienes privados, se construyen por mandato de la ley y pensando únicamente en su uso público, respondiendo a una necesidad públicamente reconocida (Cfr. Goldhaber, 2000: 214). Para los claramente públicos, cualquier cláusula al respecto sobra: todos podemos acceder a ellos por derecho propio.

Hay otro tipo de bienes, como la educación pública o el sistema asistencial que son públicos por el volumen de inversión que requieren. Es por ello claro que sólo los puede construir el Estado, en cuyo caso son públicos porque se construyen con la participación tributaria de todos. Pero, no dejan de ser públicos, como hace notar Nancy Holstrom, cuando son construidos con dineros privados: sería irracional y tal vez imposible que alguien los construyera totalmente de su bolsillo y los diera, sin cobrar por ellos, al servicio público. Ahora bien, una vez construidos, y puesto que se mantienen por el uso social de los mismos, entran en la órbita de servicios públicos que tienen que ser regulados por el Estado.

Hay bienes públicos que no se definen como tales a partir de quien los construyó o quien los usa, sino a través del hecho de que es imposible su uso no fragmentado, bien porque ese uso sería económicamente irracional o porque sería claramente privativo, en el sentido de privar a los otros de algo que evidentemente necesitan. Un tipo de bien indivisible es el aire que respiramos. No ha sido financiado por nadie, pero, si lo hubiera sido, no permitiríamos que alguien muriera por no poder pagarlo. Por lo pronto el aire está allí, incluso si ya está contaminado, como ocurre en algunas capitales, y nadie nos taza la cantidad de aire que consumimos.

Dice acertadamente Nancy Holmstrom:

Si el aire está contaminado, los ricos pueden desplazarse a otro lugar donde él sea puro, o conseguir las mejores máscaras para respirar en medios polucionados, pero eso sería sólo una segunda mejor opción. De esta manera podríamos decir que el aire puro debería considerarse intrínsecamente público por su carácter de indivisible (Holmstrom, 2000: 70).

Es en virtud de esto que la lucha contra la polución puede convertirse en una causa social en torno a un bien común. En general, bienes como un ambiente limpio, una ciudad agradable y eficiente, un parque, un adecuado sistema de atención médica o un buen sistema educativo no pueden ser logrados de una manera individual, “sino sólo mediante una acción colectiva y, usualmente, mediante una lucha colectiva” (Holmstrom, 2000: 70).

Esto ya nos pone en condiciones de aproximarnos a la noción de lo que es un bien común y su valor para la supervivencia de una sociedad. Nos va quedando claro, por lo menos, que ciertos bienes no pueden ser alcanzados (construidos, regulados o defendidos) sino a través de ciertas instituciones (se supone que públicas) y que esa construcción, regulación o defensa supone una voluntad social en torno a un fin. Aquí ya estamos en el umbral político de una decisión social: no se puede alcanzar y mantener un acuerdo social sin cierto nivel de equidad en el acceso a los bienes públicos y sin una claridad solidaria en relación con lo que ellos representan para la reproducción solidaria de la sociedad. Esto vincula los bienes públicos con las metas sociales, pues alcanzar una sociedad saludable, o no discriminadora, o educada, implica estructurar la sociedad de una manera tal que redistribuya las cargas de una manera equitativa.

Afectando los vínculos solidarios que hacen posible la reproducción de la vida social, se impacta negativamente lo que Milton Fisk llama la ‘vida ética’ que, en su entendimiento, no tiene otro objetivo que la viabilidad social. Es en razón de ello que, contra esa modalidad de corrupción, estrechamente ligada a la ola privatizadora propia del momento neoliberal, urge una defensa política de ésos de los que decididamente depende la reproducción misma de la sociedad (Fisk, 2016: viii-ix).

3. El socavamiento neoliberal de lo público y la corrupción

La ola privatizadora neoliberal va lanzando bienes públicos a la órbita del mercado y generando en éste una dinámica acaparadora que estimula la tendencia a incidir en los núcleos de decisión política, para que se privaticen nuevos bienes y servicios. En esa interacción entre un Estado que abandona la función de administrar bienes públicos y un mercado que vuelve objeto de lucro todo lo que toca, la sociedad va perdiendo cada vez más la posibilidad de incidir sobre nuevos tipos de bienes públicos, organizar en torno a ellos metas colectivas y generar dinámicas solidarias. Si combinamos el impulso privatizador de la ola neoliberal con la dinámica internacional conocida como la globalización, se ha tendido a mostrar una tenaza que, vía la corrupción, ayudaría a incrementar la corrupción al interior de los países.

Note de bas de page 7 :

More specifically the impact of globalization on corruption,even if it strengthens, is not significant. Therefore, when the equation is nonlinear in endogenous variables there is no significant effect of globalization on corruption. (Lalountas et alt., 2011: 643).

Note de bas de page 8 :

“Globalization reduces or even eliminates barriers on international trade and hence it reduces corruption. Moreover, globalization needs certain structural and institutional reforms in order to function. It requires the liberalization of markets, increased competition and transactions transparency, and improved quality of public sector ser-vices; that is, policies compatible with fighting against the factors that strengthen public sector corruption. As a result, opening to globalization might reduce the level of corruption” (Lalountas et alt., 2011: 638).

En su artículo “Corruption, globalization and development: How are these three phenomena related?”, Lalountas et alt tratan de mostrar que esto no es así. Su estudio evaluó datos de 127 países para evaluar las relaciones entre globalización y corrupción y encontraron que en general no hay un nexo formal entre ambos fenómenos7. Su conclusión, de hecho, es un poco más fuerte: la globalización ayuda a reducir la corrupción8. Insinúan que, si la corrupción persiste en los países más pobres, la causa habría que irla a buscar en factores endógenos. En concreto:

La globalización podría ser incluso un medio poderoso para luchar contra la corrupción, pero sólo en el caso de los países con ingresos altos o medios (..) Para el caso de los países menos desarrollados, la globalización no ha ayudado a eliminar la pobreza extrema y las abismales desigualdades en materia de ingresos que pueden jugar un papel como causa de la corrupción (Lalountas et alt., 2011: 645-6).

Contrario a lo mostrado por el estudio de Lalountas et alt, más bien centrado en la globalización, David Miller, en su artículo “Neoliberalism, Politics and Institutional Corruption: Against the ‘Institutional Malaise’ Hypothesis” (2015), vuelve al neoliberalismo para mostrar su impacto en Inglaterra, durante los gobiernos de Margaret Thatcher y John Major. Miller tiene el cuidado de separar, al menos en principio, la retórica purificadora del discurso neoliberal de su práctica corruptora. Pero, termina mostrando que la doctrina es más bien un medio para perseguir, cuando no para enmascarar, los verdaderos intereses y que de lo que se trata es de un proyecto socavador de lo público; un proyecto que no puede llevarse adelante sin corromper la administración pública.

Lo importante de este proceso, en términos de nuestro tema, es que lo que en él prima no es el tipo de corrupción político que accede al poder y, una vez allí, se apropia de los recursos públicos. Es una corrupción que, esencialmente, se genera desde afuera del Estado, y que, usualmente, permanece por fuera del mismo mientras se aprovecha de sus acciones privatizadoras; una corrupción cuyos actores principales son yuppies formados en las universidades de élite, dinámicos, emprendedores, bien relacionados y aprovisionados de una información privilegiada que les permite acceder a los puntos neurálgicos de la decisión política. Moviéndose por todo el espectro social, cazando oportunidades, terminan volviendo su apetito hacia el Estado y envolviéndolo en su dinámica emprendedora.

Note de bas de page 9 :

Una serie de escándalos que han involucrado a gobiernos en toda América Latina en la medida en que se han ido descubriendo sobornos a políticos y a campañas electorales por parte de la firma constructora brasilera Odebrecht. El objetivo de los sobornos ha sido el de quedarse con inmensos contratos para la construcción de obras públicas.

Note de bas de page 10 :

Dada esa interacción, se puede abrir un amplio espacio para la corrupción, algo que Lalountas et alt reconocen esto cuando hablan del “significant impact that globalization and corruption are widely accepted to have on financial, social and political life of certain countries”(Lalountas et alt., 2011: 637).

Claro, tampoco es cierto del todo que se mantengan por fuera del juego político. Una vez sintonizado su olfato con la dinámica electoral de cada nación, estos empresarios orientan su emprendimiento a financiar campañas, cuota inicial de un proceso que los llevará a ganar, en licitaciones amañadas, el derecho a construir las obras públicas que el Estado ya no construye; obras que, finalmente, no hacen, pero por las cuales se hacen pagar, adelantadamente, dineros que van a paraísos fiscales, quedando a salvo de cualquier pesquisa judicial. El ingenioso aprendiz de filósofo que acuñó la sentencia de la corrupción inherente a la naturaleza humana es un aventajado discípulo de esa modalidad de vinculación entre negocios de jóvenes emprendedores y campañas políticas; modalidad que, en Colombia, fue conocida como Carrusel de la contratación. Ésa es la dinámica que ha sido puesta en práctica en el Caso Odebrecht (Operación Lava Jato en términos brasileros)9. Estos ya son efectos claros de la globalización sobre la dinámica política de los países10.

Los fanáticos de la juridicidad creen que podemos detener esa dinámica demandando, contrademandando e inundando de leyes la vida social. Pero, en el ambiente general de esta privatización desmedida, también el poder judicial ha sido arrastrado a este tipo de carruseles y las sentencias han devenido mercancías intercambiables en el mercado de los favores y las influencias. Ahí se expresa el límite de la juridización creciente de la vida social: lo que no es suficiente para defender la institucionalidad, para defender el acuerdo tácito fundamental, tampoco lo es para respaldar interacciones sociales como trabajar, vender, comprar y otras más cotidianas que igualmente descansan en la confianza mutua. La erosión de la confianza en las instituciones y en la vida cotidiana termina por afectar otras confianzas de las que depende incluso la dinámica capitalista: ya no podemos creer en el banco que nos invita a depositar nuestros ahorros, en la fidelidad de la empresa para la cual trabajamos, en el servicio que nos presta el plomero, en la medicina que nos prescribe el médico y que nos despacha la farmacia, en lo que comemos y, en últimas, en nuestros vecinos y en nuestros parientes.

La juridización, de nuevo, no nos pondrá a salvo de este socavamiento irremediable de la solidaridad, de aquello que el filósofo norteamericano Milton Fisk (2016) pone al lado de la capacidad de convivir (Conviviality es el término usado por Fisk), esto es deleitarse con las variadas formas de interacción humana, desde la conversación hasta jugar rayuela. Si estas dimensiones de la interacción humanas declinan, la sociedad está amenazada (Cfr. Fisk, 2016:2). Esta capacidad de convivir es una característica fundamental de las sociedades viables. En una sociedad en la que nadie se puede fiar de nadie, “no puede darse la cooperación genuina y libre en el bien social sino, como mucho, la cooperación fruto de la coacción o de la necesidad” (Serna, 2009: 144).

Note de bas de page 11 :

Temprano en su texto, Serna afirma que “no valorar el carácter moral del problema o darle un sesgo exclusivamente economicista puede conducir con facilidad a conclusiones parciales que pierden de vista la raíz misma de la corrupción” (Serna, 2009: 125). Y más adelante puntualiza: “En la lucha contra la corrupción hay que considerar las dos armas: reglas y ética, combinadas en cultura hecha vida” (Serna, 2009: 155).

Dado que la corrupción en general, y en particular la que ha desatado la ofensiva neoliberal, no se puede detener por vías exclusivamente jurídicas, es que hace falta un giro que comience por tratarla como un problema ético integral; uno estrechamente ligado con la supervivencia social. Es en este punto donde cobra relevancia el enfoque que nos propone Alberto Serna en su artículo “La corrupción como patología del bien común” (2009)11.

Note de bas de page 12 :

Con frecuencia se habla de corrupción en relación con delitos económicos. (..) Pero hay una forma de corrupción mucho más sutil, y tan o más grave. (..) la manipulación del espacio político desde una posición de autoridad con la intención, no de contribuir al bien común, sino de mantenerse en el poder, o de aumentarlo, aún a costa del bien de la comunidad” (Serna, 2009: 127).

Su idea central es que a la corrupción hay que tratarla como una patología del bien común; como un vicio moral “que ha tomado cuerpo sistémico en las relaciones sociales en y a través de la función fiduciaria de la autoridad” (Serna, 2009: 122). Se trata de una perversión que no se reduce a la apropiación o transferencia de bienes públicos, sino que a menudo se expresa en un acrecentamiento indebido del poder político12.

En América Latina, ciertos proyectos políticos neoliberales, que accedieron al poder con agendas aperturistas o de vocación económica extractivista, devinieron populismos o autoritarismos que, una vez lograron cambiar las reglas de juego electoral, prolongaron su periodo de gobierno. A la sombra de estos gobiernos prolongados, se han podido acumular enormes fortunas, como ocurrió tempranamente con la dictadura de Pinochet en Chile (1973-1990, que ascendió mediante golpe de Estado), y transformaron radicalmente la vocación pública y social de los sistemas educativo, de salud y, en general, la seguridad social, especialmente en el último caso, mediante reformas laborales que han fragmentado y pauperizado el empleo.

En algunos casos han atraído a las clases medias hacia burbujas financieras que, una vez satisfecho el apetito voraz de sus diseñadores, han explotado evaporando los ahorros de toda una vida de los pensionados o la vivienda de las familias. Ha sido característica de estos prolongados gobiernos privatizadores, como el de Menem en Argentina (1989-1999), el de Fujimori en Perú (1990 – 20009 o el de Uribe en Colombia (2002-2010), o que van y vuelven, como el de Piñera en Chile ( 2002 –2010 y otra vez ahora), el contar con especialistas que vienen de los gremios económicos y de la banca internacional y allá vuelven tras su paso por el gobierno), estableciendo una puerta giratoria entre los grandes negocios y las macrodecisiones económicas.

En la medida en que todo eso se fue acentuando, se fue sellando la renuncia social al control colectivo de la política y a identificar, por sí misma, como unidad política, su bien común y garantizarse su reproducción en torno a él. Intuyendo que ‘las cosas no pueden ser de otro modo’, el ciudadano común y corriente, que ya confía en los procedimientos, los impedimentos y las competencias que rigen el manejo de lo público, o que simplemente intuye que no puede hacer mucho para corregir la conducción de los malos manejos, se encoje de hombros y se refugia en la tarea de lidiar con sus metas privadas. Así se completa el proceso de dejarle la política a los políticos. Fernando Filgueiras señala de este modo el crecimiento de ese círculo vicioso:

El problema de la corrupción en la política es, en esencia, un problema de distribución del poder, principalmente, económico, el cual puede controlarse apenas por una democracia competitiva. Con todo, la corrupción afecta, principalmente, la legitimidad del sistema democrático, puesto que fomenta, por la opinión pública, la decadencia de la cooperación y la recurrencia a prácticas ilegales. La corrupción da como resultado la inestabilidad política porque promueve escenarios de desconfianza en relación con el orden vigente, lo que, en muchos casos, puede impedir en países en desarrollo, la consolidación de la democracia (Filgueiras, 2010: 177-8).

La idea de enfrentar todo esto desde un enfoque ético del fenómeno de la corrupción, entonces, no es la de eliminar completamente la promulgación de nuevas leyes anti-corrupción, sino en centrarse en lo nefasto que resulta debilitar el poder discrecional en lo fiduciario que todos los regímenes depositan en los funcionarios. No se trata tampoco de suprimir la autoridad, ni la función fiduciaria de la autoridad, sino de empoderar nuevamente a la sociedad. “La corrupción no desaparece -dice Serna- eliminando el poder discrecional, sino creando las condiciones para que quienes desempeñan una función fiduciaria respondan fielmente a la tarea encomendada.” (Serna, 2009: 129). Porque siendo éste un nuevo tipo de corrupción, esencialmente una forma de perversión de lo público, de lo que se trata es de emprender una iniciativa política para su rescate; de rescatar el espacio político donde lo público se define y se defiende:

El espacio político es el ámbito de convivencia de los ciudadanos, es decir el conjunto de prácticas (leyes, costumbres, Constitución) que definen la vida de una comunidad política. (..) Aunque no todo lo común es político, sí que todo lo político es común, y lo es de una manera radicalmente constitutiva para la sociedad, de tal modo que el bien político común es la razón por y para la que existe el Estado (Serna, 2009: 135).

Repolitizar en esa dirección la sociedad es necesario para rescatar el vínculo solidario y la reproducción histórica de ese vínculo. Hay que construir, democráticamente, nuevas metas solidarias.

4. Hacia la construcción democrática de las metas solidarias

Note de bas de page 13 :

Con respecto a lo que ya existía, se puede acoger las recomendaciones de Serna: “Deben darse las condiciones para que los ciudadanos puedan pedir cuentas a los políticos, funcionarios y líderes institucionales de su gestión y decisiones. Deben establecerse mecanismos de control y auditoría. Debe haber, dentro de las instituciones, organismos independientes del gobierno, la administración pública o el poder judicial, con la autoridad y la capacidad efectiva de establecer esos controles y llevar a cabo investigaciones y, en su caso, tomar las acciones pertinentes” (Serna, 2009: 150).

La situación amerita potenciar los mecanismos democráticos de la sociedad en defensa del bien común. No se trata solamente de potenciar las que ya existen13. También hay que apropiarse, cognitivamente, de las nuevas realidades y avanzar hacia la construcción social de una opinión pública vigorosa. Tan indispensable como disponer de una información veraz y oportuna, es formar una adecuada opinión y voluntad políticas, capaces de defender lo común. O, para definirlo sobre nuevas bases, a veces se da el caso de que, lo que una generación no veía todavía como una necesidad humana, como el internet o las redes sociales, termine por constituirse en un bien que la sociedad como un todo necesita para sobrevivir. De darse este último caso, la dinámica política tendría que organizarse en torno a su adquisición colectiva o a su construcción.

En todo caso, las sociedades necesitan definir por sí mismas para dónde crecer, cómo apropiarse de la tecnología y por qué bloquear ciertas tendencias o inventos. En la tendencia actual, la inventiva va avanzando, con su obsolescencia programada, y nos arrastra sin que tengamos control sobre ella. Tiene razón Richard Lichtman al advertirnos del peso del tiempo en la definición de lo que ha de ser defendido como un bien común: Un ‘bien’ puede ser común en el sentido obvio de ser un ‘bien’ actual o potencial para cualquiera en una sociedad dada; es decir, que satisface algún deseo de todos los miembros de una sociedad dada. Esta es la razón para insistir sobre su disponibilidad general. Dado que hay pocos ‘bienes’ que, cuando se los específica, serían por todos y cada uno de los individuos de una sociedad democrática, la validez de la noción de ‘bien común’ depende de un análisis del valor ‘potencial’ de varios bienes bajo algún conjunto de condiciones ideales. Esta posición ha recibido una atención más cuidadosa en la tradición conservadora más que en la liberal, la cual es renuente a discutir que no son objeto de una elección o deseo real (Cfr. Lichtman, 2000: 417-8).

Ésas no son decisiones que puedan dejarse olímpicamente al arbitrio del mercado, de la inventiva de los fabricantes o de iniciativa de los tecnócratas. Son decisiones de incumbencia colectiva que sólo pueden ser tomadas mediante adecuados canales democráticos. Es por esos canales por los que se llega también a clarificar el bien común, entendido ahora como una meta a ser alcanzada a través de ciertas instituciones (que se suponen públicas), lo cual incluye una voluntad social en torno a un fin; es decir, un acuerdo general que supone cierto nivel de equidad, sin el cual no podría haber la solidaridad necesaria para mantener la voluntad. Si la meta es alcanzar una sociedad saludable, o no discriminatoria, o educada, hay que restructurar la institucionalidad de una manera que redistribuya las cargas de una manera equitativa.

La meta a ser lograda, la característica que se le quiere dar a la sociedad, se constituye en una especie de bien común, no ya con la materialidad y la connotación económica que le solemos dar a un bien público (por ejemplo, la de no poder ser construido por un solo individuo o la de que no se puede excluir a nadie de su usufructo o que no le pertenece a uno solo). Lo que caracteriza al bien público es su carácter de intersubjetivo, el hecho de “requerir de un acuerdo muy amplio en torno a una meta” (Fisk, 2000: 394).

Es sobre una variación de esta última característica que Milton Fisk entiende un bien público. Para él un bien público se define, en buena parte, por el nivel de solidaridad que involucra y en la relación que el mismo puede tener con los fines sociales y con los bienes comunes; por la prevalencia de la solidaridad sobre el interés privado. Es por eso que, en último análisis, la lucha por los bienes públicos es una alternativa al proceso de privatización de la globalización corporativa.

Lucha, derechos y justicia: a modo de conclusión

Todo esto debe ser recogido en términos de la filosofía política, llevándolo al plano de la reflexión sobre la justicia. Milton Fisk lo hace al definir los bienes públicos en estrecha relación con los bienes comunes, que a su vez están ligados a una concepción de justicia que, en su óptica, debe facilitar la realización de ciertos fines colectivos: “La justicia en una sociedad apunta a superar los conflictos de forma tal que se faciliten los bienes comunes, y por lo tanto los bienes públicos que se requieren para ello” (Fisk, 2000: 43).

Sin la identificación clara de esos bienes públicos, no es posible pensar la justicia. Este razonamiento, por supuesto, exige volver a una distinción adicional: la diferencia entre bienes comunes y bienes públicos. Fines como mantener una sociedad educada, con un medio ambiente protegido y con una prensa libre, por ejemplo, son bienes comunes. Los medios para lograrlo son bienes públicos. La globalización corporativa que, para Fisk, es un sistema de competencia intensiva para los inversionistas, los mercados y las ganancias, amenaza los bienes comunes. Serna ha señalado también el efecto perverso de las ‘capitales golondrina’ y otras formas de afianzamiento de la lógica capitalista en el mundo globalizado, en estos términos:

una característica de las sociedades modernas es la disponibilidad de capital anónimo, fácilmente movible de un punto a otro de esta aldea global que es actualmente el mercado de capitales. Este es un punto clave en la lucha contra la corrupción. Es indispensable que se cree en cada país un clima de transparencia financiera que elimine el carácter anónimo del capital: se ha de saber de dónde viene y a dónde va el dinero. Se han de eliminar los refugios financieros internacionales. Se ha de trabajar para que los controles contra la corrupción cooperen también a nivel internacional y no sólo dentro de Estados individuales; esto requiere que los Estados coordinen el establecimiento de normas que hagan imposible, o al menos difícil, costoso y arriesgado el trasvase de capitales procedentes de fuentes ilegales (Serna, 2009: 148).

Para Fisk, es claro que frente a esas amenazas se encuentran impotentes quienes se aglutinan en torno a libertades individuales, tal y como ellas han sido defendidas por el neoliberalismo. Los bienes públicos, en cambio, constituyen la respuesta que debemos dar a esa globalización y a la privatización, pues la competencia intensa que ella genera amenaza las necesidades básicas de millones de seres humanos.

Todo esto debe ser enfrentado desde una moralidad política que integre metas sociales y bienes públicos en un republicanismo teleológico. Hay que volver a lo colectivo y a lo sustantivo superando en gran medida el procedimentalismo liberal y hacerlo eludiendo esa vocación liberal por los derechos que pone los bienes y los fines a distancia y que, al final, dice Fisk, apunta más al control que a la solidaridad. Para este pensador, los derechos no tienen, como para el liberal, un origen y una significación absoluta, por fuera de todo contexto de luchas y al margen de una moralidad política que vincule diferentes perspectivas desde una noción de la justicia. Por el contrario, su lectura de los derechos incorpora tres componentes: 1- la lucha por realizar intereses en contra de fuerzas que quieren bloquear su realización; 2- la justicia en la realización de los distintos intereses; 3- la moralidad política que da contenido a esa justicia (Fisk, 1992: 65).

La justicia es finalmente el horizonte normativo que ensambla derechos, bienes y metas sociales. Lo puede hacer por ser ella la primera virtud relacional, por volcar al individuo a la interacción humana, antes que convertirlo en un titular egoísta de un derecho que separa al hombre del hombre, como señaló Marx en La cuestión judía y dejar a cada cual convertido en una mónada atenida a sí misma. La justicia vuelve a ser aquí, la primera virtud de la institucionalidad social.