Tierras colectivas en el Bajo Atrato como territorios de resistencias en el marco del conflicto armado en Colombia

Introducción

El Chocó Biogeográfico es una región de América tropical que abarca desde el Darién, al occidente de Panamá, hasta la provincia de Manabí, en la costa nor-occidental del Ecuador, atraviesa toda la costa colombiana del Pacífico, con una extensión total aproximada de 175.000 km2. La ecorregión en Colombia comprende desde el departamento del Chocó, ubicado al noroeste del país y jurisdicciones parciales de los departamentos del Valle del cauca, Risaralda, Antioquia, Cauca y Nariño (Banco de Occidente, 2009).

Es una región de alta riqueza biológica y cultural, lugar de permanencia de innumerables especies animales y vegetales ; contiene la única selva lluviosa tropical continua del Pacífico americano. Debido a la alta pluviosidad posee un vasto complejo hídrico. Es una región privilegiada en sus condiciones de vida, exuberante en fauna y flora.

El Chocó biogeográfico es un territorio multicultural y pluriétnico. En este vasto espacio, refiriéndonos específicamente a la zona que pertenece a Colombia, conviven comunidades indígenas, negras y mestizas, algunas de las cuales descienden de pobladores que se asentaron antes de la época de la colonia, como es el caso de las comunidades indígenas, otros que migraron posteriormente para huir de la esclavitud, como los afrodescendientes, otros pobladores que arribaron entusiasmados por la posibilidad de explotación de recursos, la posibilidad de laborar en minerías o atraídos por la fiebre del oro (Banco de Occidente, 2009).

Cada grupo poblacional ha desarrollado unas prácticas específicas y diferenciadas en este territorio, ejercido una ocupación ancestral que implica el despliegue de unas territorialidades. Han llevado a cabo una construcción cultural propia en cada grupo étnico, una lucha por la defensa del derecho a la tierra y al reconocimiento de cada minoría como propietarios y guardianes de los espacios que habitan.

Actualmente, los afrodescendientes representan aproximadamente el 90 % de la población del Chocó Biogeográfico de Colombia - el porcentaje restante se distribuye entre comunidades indígenas, mestizos y blancos. Afrodescendientes e indígenas, como resultado de su ocupación ancestral han adquirido el derecho de propiedad de las tierras habitadas, traducido en términos legales en la figura de resguardos indígenas y tierras colectivas de comunidades negras ; figuras jurídicas que posibilitan la disposición, propiedad colectiva, reglamentación y uso del territorio en cabeza de estas minorías étnicas.

A pesar del gran logro en términos legislativos, al poner como sujetos de derechos a comunidades históricamente invisibilizadas, el ejercicio de los derechos territoriales se ve con frecuencia condicionado por las dinámicas del conflicto armado interno, los intereses económicos sobre la región y las mismas dinámicas globales.

Sobre este escenario se han construido formas de resistencia territorial que comienzan con el proceso de titulación de las tierras habitadas colectivamente por los afrodescendientes : esta acción evidencia la resistencia de las comunidades puesto que el inicio del proceso de titulación aparta los territorios de las dinámicas del mercado, hasta resolverse el derecho de propiedad ; es decir, las comunidades desafían el mecanismo compra y venta sobre sus territorios con miras a adquirir un derecho de propiedad colectiva, sobreponiéndose al principio imperante de propiedad privada. La resistencia territorial se manifiesta, asimismo, con los esfuerzos de retorno de comunidades desplazadas y las iniciativas de protección por parte de las comunidades, tales como las zonas de paz y las zonas de biodiversidad.

El presente texto pretende mostrar cómo las comunidades negras en el Bajo Atrato han construido su derecho al territorio como una forma de resistencia ante las dinámicas de conflicto armado colombiano y las presiones del mercado sobre las riquezas de la región. Por consiguiente, los territorios colectivos se constituyen en la materialización del esfuerzo de resistencia.

Se realizará en primer lugar una contextualización que permita conocer las características de la cuenca del Atrato, sus riquezas y las comunidades que allí se encuentran asentadas ; en segundo lugar, se expondrá la diversidad étnica que se encuentra en la región y la situación sobre los derechos al territorio de las comunidades afrodescendientes ; finalmente, se analizará cómo las comunidades resisten ante la presión del conflicto armado, a través de la titulación colectiva, así como mediante la creación de zonas de paz y de zonas biodiversas en los territorios colectivos.

Contextualización : Chocó biogeográfico, riqueza cultural y biodiversa

La introducción del artículo se centró en una contextualización de la región del Chocó biogeográfico que comprende 3 países en total : Panamá, Ecuador y Colombia. Ahora, corresponde realizar la ubicación geográfica del Pacífico colombiano y específicamente en el departamento del Chocó, territorio donde se asienta gran parte de la comunidad afrodescendiente de Colombia.

El pacifico colombiano y el departamento del Chocó, en particular, se caracteriza por la inmensa riqueza biodiversa y cultural ; la región está influenciada por el océano Pacífico y el mar Caribe. Cuenta con ecosistemas de Páramo, bosques de niebla, selvas húmedas tropicales, manglares, ciénagas, litorales rocosos y extensas playas (Banco de Occidente, 2009). Como se mencionó anteriormente, el Chocó tiene la única selva lluviosa tropical continua del Pacífico ; posee un conjunto de seres vivos, diversos, entre plantas y animales y presenta las tasas de pluviosidad más altas del mundo, contribuyendo al caudal de importantes ríos como el Atrato y el San Juan, en Colombia.

Según el documento construido por el banco de Occidente (2009) sobre la región del Pacífico colombiano, la cuenca del río Atrato se ubica geográficamente entre los departamentos de Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño y abarca en su totalidad 95 municipios. El área de influencia del río corresponde a los territorios que tienen una relación directa con el cauce principal de éste. En este sentido, se corresponde a 9 municipios del departamento del Chocó : Ungía, Riosucio, Carmen del Darién, Bojayá, Medio Atrato, Quibdó, Atrato, Río Quito y Lloró. También forman parte del área de influencia, tres municipios Antioqueños : Murindó, Vigía del fuerte y Turbo.

La región cuenta con una riqueza minera excepcional, aportando a la economía nacional el 82 % del platino, el 18 % del oro y el 13 % de la plata ; asimismo, la explotación maderera, los cultivos agroindustriales de palma africana y la ganadería, tienen un fuerte desarrollo en la zona (Banco de Occidente, 2009).

Diversidad cultural y étnica, relación con el territorio

Las comunidades negras e indígenas asentadas en el departamento del Chocó han desarrollado sistemas culturales y productivos que se han sostenido por generaciones ; han creado lazos particulares con el territorio, que los vincula de una forma específica de acuerdo con sus prácticas culturales ; por lo tanto, el territorio sobrepasa el concepto de lugar de habitación, para convertirse en un espacio como soporte de vida material, social y simbólica. La noción de territorio para estas comunidades involucra la relación con las costumbres, los animales, la naturaleza, los ríos, los lugares sagrados y las autoridades tradicionales (URBAM EAFIT, 2015). Es un territorio ancestral con una ocupación ancestral y particular.

Siguiendo una noción de territorialidad como un intento de control, delimitación y afectación de un espacio geográfico, por parte de un individuo o grupo determinado, para crear fenómenos o establecer relaciones (Sack, 1988), estas comunidades han intentado realizar ejercicios de territorialidad : los resguardos y las tierras colectivas tituladas están claramente delimitados ; cada comunidad ha construido una serie de relaciones con las demás comunidades ubicadas a lo largo del río. Se han apropiado del espacio geográfico, convirtiéndolo en territorio.

Según el banco de Occidente (2009), la población indígena para el año 2009 se estimó en unos 65000 individuos distribuidos en ocho etnias. Entre los grupos indígenas que ocupan la cuenca se encuentran los Emberá, los Emberá Chamí, Emberá Katío y los Eperara- Sapidara (Emberas del extremo sur de la zona) ; se han establecido entre las zonas de los ríos Atrato y Baudó, en las riberas del río Calima y en la cordillera Occidental, entre otros lugares.

Los grupos indígenas se dedican principalmente a los cultivos de maíz, frijol, yuca y frutas, un poco a la pesca, la ganadería y la alfarería ; aún conservan algunos rituales, estructuras sociales y el manejo del territorio. Asimismo, la etnia Tule o Kuna se encuentra asentada en parte de la región de San Blas en Panamá y en el golfo de Urabá.

Los pueblos indígenas asentados en la zona provenían inicialmente de Centroamérica ; posteriormente se mezclaron con indígenas que migraron presumiblemente del Amazonas. Dadas las condiciones extremas de la región, durante la conquista y colonización este territorio representó un desafío para los españoles que, en varias ocasiones, se vieron forzados a frenar la entrada a la región, bien por las condiciones climáticas, geográficas, así como por la resistencia mostrada por los pueblos indígenas que ocupaban el territorio (Banco de Occidente, 2009).

Descendientes de africanos, que se han extendido de generación en generación, son ahora quiénes habitan en su mayoría la ecorregión del Chocó colombiano, constituyendo casi un 60 % de la población total asentada en el territorio. Las comunidades conservan parte de las prácticas culturales, costumbres y tradiciones, que definen su identidad y los caracterizan como un grupo étnico específico. Asimismo, ejercen unas prácticas tradicionales de producción y han construido su proyecto de vida, mayoritariamente alrededor del río. Pero, si bien hay un aprovechamiento de los recursos naturales : extracción de oro, platino y otros minerales, madera,… se limita a la satisfacción de las necesidades básicas, sin poner en riesgo la disponibilidad de los recursos.

Como consecuencia de las territorialidades de estas minorías étnicas y su construcción histórica en estos territorios, el Estado colombiano concedió la titulación de las tierras ocupadas ancestralmente, a grupos indígenas y comunidades negras. La forma jurídica creada se denominó para los indígenas los resguardos, para las comunidades negras : las tierras colectivas.

“el artículo transitorio 55, el que dos años más tarde se convertiría en la ley 70, es el resultado de la movilización social que suscitaron la Constituyente y la Constitución misma dentro del movimiento social afrocolombiano. Nunca el pueblo afrocolombiano había estado inmerso en tan importante proceso organizativo” (Arocha , Wabgou, Salgado, & Carabali, 2012 : 140).

La ley 70 de 1993 o ley de comunidades negras, posibilita la titulación de territorios ocupados ancestralmente. Además, establece mecanismos de protección para la identidad cultural. Otorga ciertas potestades sobre el territorio a favor de dichas comunidades, como la administración del espacio, delimitado mediante la titulación y de los recursos naturales que allí se encuentren. En última instancia, la ley es una preferencia a favor de las comunidades negras, frente a actores con intereses privados sobre sus territorios (Arocha, Wabgou, Salgado, & Carabali, 2012).

La ley de comunidades negras positiviza una relación con el territorio que las comunidades construyeron durante años, las formas de producción tradicionales, el ejercicio del plan de vida alrededor del río, la forma de ordenación del espacio y la conservación de los recursos naturales ; asimismo las autoridades comunitarias, el sentido de colectividad en el territorio, son construcciones previas a la ley :

“Para las comunidades que habitan la región, el derecho consuetudinario al territorio y la apropiación de los recursos naturales se había heredado generacionalmente a través de lazos de consanguinidad y afinidad. En la concepción de pueblos indígenas y comunidades negras, los bosques, las ciénagas, el río y las minas han sido considerados de propiedad colectiva, mientras que las casas, los terrenos de cultivo y los instrumentos de trabajo son parte de la propiedad de cada familia” (URBAM EAFIT, 2015).

El Atrato ha sido una zona inmensamente llamativa para la industria de explotación. Ofrece, además de condiciones favorables para la extracción de recursos naturales, la ventaja de un contexto de vulnerabilidad permanente en el que se han encontrado las comunidades, sometidas a un nivel de desprotección y olvido extremos por parte del Estado que posibilitan el no cumplimiento de la legislación y el abuso de los grupos que tienen interés en la zona.

Tierras colectivas en el Bajo Atrato como territorios de resistencia en el marco del conflicto armado interno

En el marco de la reflexión de las tierras colectivas como forma de resistencia ante la dinámica del conflicto armado en Colombia, se deben tomar en principio tres elementos que exponen este carácter de los territorios : la historia libertaria de los africanos esclavizados durante la colonia, como resistencia a la esclavitud y su relación con el territorio ; en segundo lugar, el papel de los movimientos sociales como motor en la consecución de derechos para la comunidad afro en el país y, como materialización de una fuerza de oposición ante la avanzada de los grupos armados sobre las zonas donde estas comunidades se asentaban, finalmente, el papel de la ley 70 de 1993, como uno de los hitos fundamentales del movimiento afro y como mecanismo para sus luchas reivindicatorias.

Como lo relata Friedemann (1993), los esclavos africanos llegaron al continente americano como fuente de mano de obra, consecuencia de la fuerte disminución de la población indígena durante y después de la colonización. Esta mano de obra africana proveniente de distintas tribus del continente (por lo tanto, no existía entre ella ningún lazo de identidad, lenguaje o costumbres) (De Friedemann, 1993), fue utilizada primordialmente en el trabajo minero. Sometida bajo esclavitud, considerada como bienes muebles, no detentaba el estatus de persona, que se limitaba a los indígenas y a los colonizadores.

“Los palenques fueron comunidades de negros que se fugaban de los puertos de desembarque de navíos, de las haciendas, de las minas, de las casas donde hacían servidumbre doméstica y aun de las mismas galeras de trabajo forzado. Su historia siglo tras siglo durante trescientos años constituye una estela epopéyica del negro en el paso obligado desde su continente a un nuevo mundo y a un destino nuevo” (De Friedemann, 1993).

O sea que los palenques no solo representaron un territorio de refugio para los cimarrones, sino que fueron espacios de conservación de la identidad, espacios de resistencia ante la esclavitud. Diezmados paulatinamente por manos españolas, otros lograron adquirir tamaños considerables con un buen número de población :

“Su formación y organización fueron estrategias de resistencia hacia la esclavitud. El estado de permanente guerrilla en que vivieron año tras año debió influir sobre aspectos de su organización social y política en el proceso de su transformación de bandas trashumantes, como fueron unos, a palenques temporalmente estables o a la conformación de poblados palenqueros que, como el de San Miguel en 1694, llegaron a tener hasta 137 bohíos, sementeras de tubérculos, fríjoles y maíz, y a formar parte de una federación de palenques establecidos sobre una región como la Sierra de María” (De Friedemann, 1993).

El palenque es, por lo tanto, de las primeras construcciones identitarias y territoriales donde se reúne una serie de individuos provenientes de diferentes tribus africanas que, en principio, nada tienen en común, salvo el hecho de su esclavitud. A través del establecimiento permanente en un espacio, sobre el cual desarrollaron cultivos y lograron un grado de organización social, estos individuos edificaron comunidad e identidad, en una “construcción territorial de resistencia”, en tanto se deriva de la lucha por la libertad y la dignidad.

Durante años, las comunidades negras se dispersaron por el territorio colombiano, asentándose en su mayoría en la zona del Pacífico del país. Pero, fueron invisibilizadas y no se tomaron en cuenta como parte de la nación y, por consiguiente, sin los beneficios que las poblaciones del centro del país sustentaban.

La población afrodescendiente consciente de la situación de desigualdad a la que estaba sometida, a partir de la década de los años 70, comenzó a hacerse presente como un actor colectivo, a través de los movimientos sociales, con el ánimo de intervenir, incidir y propiciar un cambio, en beneficio de los derechos de la comunidad. El impulso del movimiento de comunidades negras derivó en el año 1991 en la inclusión, en la constitución política, a través del artículo 55 transitorio, materializado en la ley 70 de 1993, como reconocimiento de la ocupación ancestral ejercida en el territorio. El resultado de la ardua movilización fue el reconocimiento como minoría étnica constituyente de la nación colombiana.

Así es como surge, en la década de los 80 y 90 el movimiento social afrocolombiano cuyas acciones de resistencia se ejercieron en múltiples niveles ; “acción de resistencia” entendida por Quiñones (2008), como un ejercicio de oposición, es decir, una negativa a ceder ante la dominación, independiente de las características que ésta tenga, implicando por lo tanto, cierto nivel de desobediencia (Quiñones, 2008). En un primer tiempo, en un contexto eminentemente racista, se movilizaron alrededor de los derechos de los negros, aunque las peticiones iniciales del movimiento negro se movieron en clave de igualdad de oportunidades laborales y educativas. Luego, comenzó a generarse la inquietud en relación con el territorio y sus derechos sobre éste.

Es importante recordar que, para estas décadas, la presencia de grupos armados en estas regiones aumentaba progresivamente ; el narcotráfico se mantenía como uno de los problemas principales para el Estado - coyuntura aprovechada por los grupos paramilitares y de guerrilla para expandirse en todo el territorio colombiano, sin ninguna fuerza oficial que se les opusiera. La zona del Pacífico de Colombia, como territorio geoestratégico, se convirtió en foco de disputas e intereses.

Sin embargo, valientemente, las comunidades, lideradas por los movimientos comunitarios, resistieron en el territorio y se negaron a abandonar sus tierras. En este contexto de violencia y corrupción, un movimiento civil negro irrumpe en el escenario público reivindicando su derecho a pertenecer a la nación, a ser reconocido dentro de una especificidad étnica y a ejercer control sobre sus territorios.

La titulación de territorios colectivos conlleva a extraer del territorio nacional porciones de tierra, para clasificarlas dentro de un régimen de propiedad común, cuyos territorios son imprescriptibles, inalienables e inembargables ; esto quiere decir que, en teoría, se sacan los territorios de las dinámicas de venta de tierras, es decir del mercado.

La ley exige la conformación de consejos comunitarios como formas de administración del territorio. Formalmente se pone en cabeza de la comunidad, la posibilidad de la autonomía y el autogobierno. Sin embargo, las presiones sobre estos territorios en términos de violencia e intereses económicos se mantienen, generando en muchas ocasiones la imposibilidad del ejercicio de los derechos.

“Para la CNOA el territorio se define como el espacio vital para la conservación, expresión y recreación de las manifestaciones culturales del pueblo afrocolombiano– [...] Autonomía : Dentro de la CNOA se plantea la necesidad de apostarle a la construcción de un Estado en el cual el ejercicio de la autonomía priorice las dimensiones comunitarias, territorial y regional. Es decir, una autonomía que respete y potencie los aportes y dinámicas culturales y sociales de las comunidades que lo componen. Resistencia : Entendida desde la CNOA, como la capacidad de ser y estar en los territorios afrocolombianos ; como medida para evitar la desintegración social y cultural, es decir, es la manera como las y los afrocolombianos nos enfrentamos a las distintas dinámicas de exclusión socio-raciales que tienden a invisibilidad y marginar al Pueblo Afrocolombiano, defendiendo el derecho a una vida digna” (Arocha, Wabgou, Salgado, & Carabali, 2012).

Si bien medir el resultado de la ley en términos de eficacia resulta, a todas luces, desalentador por los intereses y fenómenos que se presentan en el Pacífico colombiano y que inhiben a las comunidades en el ejercicio de los derechos, la sola posibilidad de la titulación como mecanismo de protección de la propiedad, en sí misma es avance jurídico y resistencia. Adicionalmente, las comunidades implementan redes y alianzas para procurarse una contraposición a estas dinámicas dominantes en los territorios, como lo explica Ulrich Oslender :

“Como reacción a este desarrollo de la expansión del conflicto armado en el Pacífico, las comunidades negras han creado mecanismos de defensa y de denuncia contra la realidad del desplazamiento forzado, las masacres y la pérdida de territorialidad. Este no es sólo un problema rural, sino que crea problemas masivos en el espacio urbano que es incapaz de brindar a los desplazados condiciones de vida dignas de llamarse así. En 1999 se fundó la Asociación de Afrocolombianos Desplazados AFRODES para atender específicamente a esta problemática” (Oslender, 2004).

No solo organizaciones oficialmente constituidas como AFRODES hacen el contrapeso a los poderes globales y violentos, sino que la misma población se moviliza alrededor de la preocupación por el territorio. Así lo evidencia de nuevo, Oslender :

“En los ríos también se han dado discusiones sobre cómo enfrentarse a los actores armados. Campesinos del Consejo Comunitario del Río Baudó, por ejemplo, han redactado un « reglamento de convivencia » que han pintado en las paredes de las casas en la entrada a sus pueblos de los cuales habían sido desplazados anteriormente. Estas reglas fueron redactadas colectivamente por los desplazados en la capital departamental, Quibdó, en agosto del 2001” (Oslender, 2004 :16).

Las comunidades negras también crean dos figuras que posibilitan los ejercicios de resistencia en la zona del Pacífico colombiano : las zonas de reserva y de paz - acciones comunitarias dentro de algunos territorios colectivos, como formas de defensa de la vida y el territorio.

Zonas de reserva para la biodiversidad y Zonas de paz

Frente a la lógica económica y de conflicto que se ha implementado en el Pacífico, las comunidades negras y mestizas han generado mecanismos de defensa, resistencia y construcción de territorio que intentan oponerse a estas formas dominantes en la región. Así se crea, por parte de la comunidad, la forma de las zonas humanitarias y las zonas de biodiversidad.

Las zonas humanitarias son espacios del territorio que designan un punto neutral en zonas de conflicto. Pretenden salvaguardar a los pobladores y, al mismo tiempo, exigir el respeto a la vida y a la condición de población civil. Son lugares perfectamente visibilizados y habitados por un grupo humano que afirma sus derechos como población civil y cuyos miembros comparten libremente un Proyecto de Vida, para defenderse de la militarización y de la confrontación armada (Comisión intereclesial de Justicia y Paz, 2013).

La primera comunidad de paz surge en el año 2001 en Cacarica (Chocó), luego de una serie de desplazamientos forzados, desapariciones y operaciones militares, en la medida en que, retornando al territorio, dan inicio a acciones colectivas que tiene como resultado la conformación de la comunidad de paz.

En este territorio donde se reconocen diversidad de actores e intereses, se lucha por fijar el sentido y establecer las relaciones en clave de resistencia que permitan permanecer y ejercer el proyecto de vida, ante un contexto prioritariamente adverso. Puede acuñarse el concepto de “territorialidad de resistencia”, es decir una serie de acciones de control para asegurarse la permanencia en el territorio, el ejercicio de los derechos fundamentales y el respeto de la vida misma.

Ligado a la dinámica del conflicto armado, se encuentran los intereses económicos sobre la región. La ganadería extensiva, los monocultivos de palma, yuca y plátano, así como la explotación minera y la extracción maderera han transformado el paisaje y los modos de habitar en la región del Pacífico. Ante la avanzada de los proyectos agroindustriales donde las comunidades no tienen ninguna participación y no perciben ningún beneficio en términos económicos o de desarrollo, se crearon iniciativas de conservación, cuya intención es salvaguardar los territorios colectivos de las dinámicas extractivas. Estas iniciativas se denominaron zonas biodiversas, las cuales son áreas de protección y de recuperación de ecosistemas de territorios colectivos o privados y de afirmación del derecho a la alimentación de grupos familiares cuyos predios han sido arrasados o están en riesgo de ser destruidos por agro negocios, obras de infraestructura o explotación de recursos naturales (Comisión intereclesial de Justicia y Paz, 2013).

Estas zonas pretenden, a través del cuidado del ecosistema, asegurar unos derechos mínimos en cabeza de la población. Es así como se constituyen en refugios humanitarios, territorios para asegurar la soberanía alimentaria, la defensa del derecho al territorio, a la paz, al medio ambiente sano y a la vida misma.

Las dinámicas de “territorialidad de resistencia” en las zonas biodiversas transitan desde la oposición al modelo de desarrollo global, optando por dinámicas comunitarias sostenibles, hasta la misma oposición al conflicto, señalando estos territorios como libres de influencias de grupos armados, en dinámicas de paz y cuidado con el medio ambiente.

Conclusiones

Como se observa, estas iniciativas comunitarias están en franca oposición, en resistencia, a las lógicas dominantes de la región. Las comunidades afrodescendientes se han resistido al olvido, a la violencia y a la invisibilización desde el mismo origen de los palenques como territorio de cimarrones libres, pasando por la misma movilización social en donde se constituyen como actor colectivo que sustenta procesos de cambio, en un momento socialmente complejo en el país (décadas ochenta y noventa).

Del esfuerzo y la movilidad comunitarias se deriva la inclusión en la constituyente de 1991, la titulación de las tierras colectivas a favor de comunidades afrodescendientes.

Las zonas de paz y biodiversas se muestran como dos ejercicios adicionales de una territorialidad de resistencia, es decir como la posibilidad de ejercer un control sobre el espacio, en oposición a unas formas dominantes, a las dinámicas globales y a la presión de la violencia. Allí, las comunidades se empoderan, desarrollan sus proyectos de vida y procuran ejercer su derecho al territorio. A pesar de los grandes esfuerzos comunitarios, el contexto en el territorio se muestra completamente adverso ; nuevos actores entran en competencia por el control de estas zonas estratégicas y los intereses económicos miran hacia el Pacífico colombiano.

Adicionalmente, el Estado aún no toma acciones fuertes que beneficien y protejan a las comunidades. Esta zona del país ostenta los niveles más bajos de necesidades básicas insatisfechas, en contraposición a toda una megadiversidad y riqueza natural. Aun así, las comunidades aún se resisten y permanecen.