¿Cómo construir paz cuando el modelo económico amenaza la justicia social? Una reflexión en términos de justicia cognitiva y justicia social
Este artículo se concibe como un ejercicio de teoría crítica (descriptivo, crítico y práctico) sobre las violencias que promueve el vigente modelo económico extractivista de enclave. Con base en diversos estudios que representan distintas corrientes intelectuales, se describen como causas del conflicto armado en Colombia una variedad de injusticias en términos de reconocimiento y distribución, tales como las restricciones a la participación política, criminalización de la oposición, la pobreza, la desigualdad, las disputas por la apropiación y el uso de la tierra. Así, mediante una concepción política de justicia, se cuestiona la concordancia del modelo económico colombiano (no negociable con las FARC-EP ni con ELN) con las pretensiones de construcción de una paz estable y duradera. Por último, se esbozan alternativas desde el enfoque de la ecología de saberes.
This communication paper is conceived as an exercise in critical theory (descriptive, critical and practical) about the violence that the current extractivist enclave economic model promotes. Based on various studies that represent different intellectual currents, a variety of injustices in terms of recognition and distribution, such as restrictions on political participation, criminalization of the opposition, poverty, inequality and disputes over the appropriation and use of the land, are described as causes of the armed conflict in Colombia. Thus, through a political conception of justice, the concordance of the Colombian economic model (not negotiable with the FARC-EP or with ELN) with the pretensions of building a stable and lasting peace, is questioned. Finally, alternatives are outlined from the ‘ecology of knowledges’ approach.
Introducción
La coyuntura política de Colombia está marcada por la plausible búsqueda de salidas negociadas al conflicto armado interno y el propósito de la construcción de una paz estable y duradera. Si bien es cierto que los diálogos del Gobierno Nacional, primero con las FARC-EP y ahora con el ELN, han partido de la condición de que el modelo económico no es discutible, en este documento se defiende la idea de que un debate público sobre el asunto es indispensable.
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“… a theory is critical if it fits three criteria: it must be descriptive (i.e., based on the best available empirical evidence concerning social conditions); it must be critical, in that its evaluations must be normatively justified; and it must also be practical, in that it can show how the transformation of the circumstances it criticizes is possible” (Bohman, 1996: 11).
Este planteamiento se sustenta a través de un ejercicio de teoría crítica social, el cual comprende tres elementos: la descripción del problema, la crítica de sus raíces estructurales y la sugerencia de políticas transformativas practicables1.
Consecuentemente, en una primera sección se expone un análisis comparado de los doce informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) presentados en La Habana, en los cuales se estudian los orígenes y las causas del conflicto armado en Colombia, así como los principales factores y condiciones que han propiciado su persistencia (CHCV, 2015), con el fin de establecer si el modelo económico anteriormente descrito favorece o no la transformación de las circunstancias de injusticia social identificadas como detonantes de la guerra.
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Una primera aproximación se encuentra en Nova (2014).
Posteriormente, se describe el vigente modelo económico mediante el marco interpretativo de economía-política que comprende los nuevos patrones de acumulación capitalista, los cuales se reflejan en las dinámicas registradas en la balanza de pagos de Colombia en el periodo 1994-2015: la consolidación de una economía de enclave, afianzado en procesos de producción extractiva, financiarización, transnacionalización y desnacionalización de la economía2.
Finalmente, se ilustra la relación entre injusticias cognitivas e injusticias sociales para postular la importancia de un debate democrático amplio sobre el modelo de desarrollo en el que entren en diálogo visiones tecnocráticas, académicas y de los movimientos sociales para la concepción colectiva de caminos hacia el reconocimiento y la redistribución
Causas y orígenes del conflicto
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Subtitula así: Los orígenes: La violencia bipartidista se transforma en violencia subversiva (1958-1982) (CNMH, 2013)
En el marco de la Ley de Víctimas y restitución de Tierras (artículo 147 Ley 1448 de 2011), se constituye el Centro Nacional de Memoria Histórica. Dentro de sus informes hay uno de gran impacto: “Basta Ya” (CNMH, 2013), el cual identifica como causa y origen del conflicto armado en Colombia, los problemas vinculados a la tierra y las precariedades de la democracia que devienen en el nacimiento de las guerrillas catalogadas de primera generación en los años 60 del siglo XX, reseñando una guerra de 50 años, prolongada y degradada3.
En agosto del año 2014, desde la mesa de negociaciones en La Habana, al momento de tratar el punto correspondiente a las víctimas, se acuerda convocar la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, solicitando a doce expertos que elaboraran cada uno un ensayo en el que explicaran las causas y orígenes del conflicto, las razones de su persistencia y el impacto sobre la población. Los doce documentos que componen el informe de contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, exponen diversas posturas, desde las que atribuyen responsabilidades exclusivamente individuales bajo un discurso de estigmatización del terrorismo, hasta quienes identifican causas en el orden social vigente y el modelo de desarrollo. Llama la atención en este informe el reconocimiento de unas violencias ancladas en la historia colombiana previas al nacimiento de las FARC, el EPL y el ELN. Por ejemplo, Darío Fajardo, Alfredo Molano, Sergio de Zubiría y Javier Giraldo, María Emma Wills y Renán Vega describen los procesos de violencia que datan desde los años 20.
Como lo describe con detalle Zubiría, entonces la configuración del modelo económico pasaba por pugnas agrarias, urbanas y obreras, en un escenario de las iniciativas intervencionistas de industrialización (CHCV, 2015). Ya en la década del treinta, muestra Fajardo, se consolida un modelo de crecimiento económico de tipo primario-exportador y dependiente, y se constituye una sociedad jerarquizada y polarizada con fuerte concentración de la riqueza y el poder político centralizado en una minoría que devino en la estructura de mercados de la propiedad de la tierra orientada hacia el desarrollo de empresas agrícolas, dejando de lado la dotación de tierras para los campesinos. Debido a las formas de apropiación de la tierra derivada de las épocas coloniales y agravadas luego de las reformas de mediados del siglo XIX, las formas de apropiación monopólica y excluyente de la tierra se impusieron sobre esta estructura de la propiedad agraria, restringiendo el desarrollo de la mediana y la pequeña propiedad. (CNMH, 2015:357). Esta tendencia de concentración de la propiedad de la tierra y sus relaciones con la pobreza se confirma y profundiza hasta la historia reciente como lo documentan Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2011), el Atlas de la distribución de la propiedad rural de Colombia (IGAC, 2012), el reciente Censo Nacional Agropecuario, entre los más prominentes. En consecuencia, numerosos estudios coinciden con la conclusión expuesta en “Basta Ya”: la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido motores del origen y la perduración del conflicto armado (CNMH,2013).
Como señala Moncayo (relator): todos los documentos presentados por la Comisión, así como la anterior y amplia bibliografía sobre el conflicto mencionan, de una u otra forma, como causas u orígenes del mismo: la inequidad, la desigualdad, la pobreza, la dominación de clase y el llamado cierre político (CNMH, 2015). Todos estos elementos caracterizan una historia de injusticias que, siguiendo el marco interpretativo presentado por Fraser y Honneth y re-interpretado por Boaventura de Sousa Santos, expresan falta de reconocimiento y mala distribución (De Sousa, 2003) (Fraser & Honneth, 2006).
Las violencias del neoliberalismo
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Sobre la constitucionalización del principio de sostenibilidad fiscal, su impacto en el goce efectivo de derechos y contradicciones dentro del Acuerdo de la Habana, véase Nova & Cuervo (2016).
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“Es en este contexto donde las legislaciones nacionales buscan adecuarse a las facilidades requeridas por las empresas, a condición de tener un trato preferencial por el gremio minero internacional y concentrar así las mayores inversiones de la región” (OCMAL, 2015: 100)
La política económica en Colombia, configurada desde la constitución política de 1991 y profundizada con la suscripción del acuerdo con el FMI, a finales del siglo anterior, se caracteriza por una política fiscal cuyo objetivo es la estabilidad macroeconómica, no la redistribución del ingreso4; una política monetaria enfocada al control de la inflación, la cual ha tenido efectos regresivos en la distribución del ingreso, una política comercial y de inserción al mercado global que apunta a la competitividad con estrategias de reducción de costos fijos, vía flexibilización y precarización de las condiciones laborales, así como, el fomento a la inversión extranjera en sectores intensivo-extractivos con énfasis en la minería que ha exacerbado los conflictos territoriales (Gudynas, 2009) (Garay, 2013) (Vargas, 2013) (Vargas, 2015) (CAEP, 2014) (OCMAL, 2015)5.
“Es en este contexto donde las legislaciones nacionales buscan adecuarse a las facilidades requeridas por las empresas, a condición de tener un trato preferencial por el gremio minero internacional y concentrar así las mayores inversiones de la región” (OCMAL, 2015:100)
Como señala el informe del PNUD, en Colombia se ha entendido el modelo de desarrollo como el resultado de un enfoque que equipara crecimiento económico con progreso y bienestar; un balance entre Estado y mercado que privilegia el papel de este sobre aquel; una apuesta por el gran empresariado como el principal motor del desarrollo; y una preferencia por los subsidios focalizados antes que por la inversión en bienes públicos como herramienta de política pública (PNUD, 2011:22.)
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Véase también la “radiografía de la desigualdad” que realiza OXFAM con base en el Censo Nacional Agropecuario, el cual demuestra que la concentración de la tierra ha sido causa y consecuencia del conflicto armado en Colombia: https://www.oxfam.org/es/informes/radiografia-de-la-desigualdad
Lo anterior ha estructurado una economía de enclave afianzada en procesos de producción extractiva, financiarizada y desnacionalizada (Nova, 2014); ha profundizado las desigualdades socio-económicas y ha exacerbado los conflictos socio-ambientales. Esto se expresa en indicadores como la relación entre el Producto Interno Bruto (PIB) y el Producto Nacional Bruto (PNB), la cual muestra que la riqueza producida en el territorio colombiano es mayor y, progresivamente, incrementa la diferencia en relación con los ingresos de los Colombianos: el gini de tierras 0,897 (IGAC, 2016)- gini tierras 0,95 (Kalmanovitz, 2016), gini para todas las concesiones de agua registradas por las CAR es 0,92 (María Cecilia Roa-García and Sandra Brown, 2015), el coeficiente de Gini de los ingresos es de 0,517 (DANE, 2016)6. Adicionalmente,
“el 80% de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia, se presentan en los municipios mineros-petroleros (el 35% del total nacional); el 87% del desplazamiento forzado sale de estos municipios y quienes reciben regalías por producción minero-energética; el 78% de los crímenes contra sindicalistas, 89% contra indígenas y 90% contra afrodescendientes, se cometen en áreas minero-energéticas” (Ramírez Cuéllar, 2011: 1. Citado por Vargas, 2013)
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Véase el informe Tierra y Paz (CNMH, 2012), el cual describe prácticas violentas de despojo de tierras asociadas con el interés económico de empresarios y multinacionales para la explotación de recursos naturales. Disponible en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2012/justicia_tierras.pdf
Los impactos del modelo, en efecto, han sido más dramáticos en las zonas rurales que en las urbanas donde los conflictos de intereses de extracción minera y el uso, disfrute y conservación del territorio ancestral por parte de pueblos y comunidades étnicas se han afrontado con el uso de la violencia y el desplazamiento forzado de la población. Resulta preocupante que regiones que se han caracterizado como epicentros de éxodo y despojo hayan sido a su vez designadas como zonas de consolidación territorial, y se correspondan con lugares donde se desarrollan proyectos de acumulación rentista (CNMH, 2015: 217)7.
Así, como lo ilustra el mapa, el modelo de desarrollo extractivista dispara nuevos conflictos por el uso y la tenencia de la tierra, traslapándose en el territorio nacional intereses de restitución de tierras, reservas naturales y títulos mineros.
Fuente: Vargas, 2013.
Consecuentemente, desde la misma Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas se advierte que el modelo de desarrollo vigente dispara “…nuevos conflictos sociales derivados del trabajo precario, la apropiación de territorios y el consecuente desplazamiento forzado, así como la depredación socioambiental” (Estrada, 2015: 19)
Sumado a lo anterior, hoy entran a reñir los principios de la Reforma Rural Integral pactada en la Habana, con el modelo de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) para el fomento de la producción agroindustrial a gran escala que excluye a los pequeños campesinos.
El camino del reconocimiento y la distribución
Finalmente, a través del enfoque teórico de las epistemologías del sur (De Sousa, 2000) (De Sousa, 2010), se ilustra la relación entre injusticias cognitivas e injusticias sociales, para postular la importancia de un debate democrático amplio sobre el modelo de desarrollo en el que entren en diálogo visiones tecnocráticas, académicas y de los movimientos sociales para la concepción colectiva de caminos hacia el reconocimiento y la redistribución (De Sousa, 2003) (Fraser & Honneth, 2006) (Nova, 2016).
Como se advierte en los apartados anteriores, los modelos de desarrollo definidos desde las tecnocracias y élites económicas y políticas nacionales y supranacionales, lejos de promover progreso y bienestar para todos, han proliferado una mala distribución de sus beneficios y perjuicios, así como ha faltado al reconocimiento de la libre autodeterminación de las comunidades. Esta problemática ilustra que, siguiendo a Boaventura de Sousa, las injusticias sociales están soportadas por procesos históricos plagados de injusticias cognitivas.
De ahí la importancia de resquebrajar la producción de inferioridad social y epistémica, expresión más perversa de una razón indolente (Santos, 2003), para reconocer las voces silenciadas, periféricas y subalternas, manifestadas, por ejemplo, en la Cumbre Agraria Étnica y Popular, organización de movimientos sociales en Colombia que, dentro de su pliego de mandatos, entre otras cosas, exigen:
“Que sean las comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos” (CAEP, 2014).
Se aprecia una gramática del reconocimiento y de la distribución distinta y más profunda que aquella que reclamaba una re-distribución de la tierra, entendida como recurso productivo. El concepto de territorio integra la diversidad cultural, la identidad y el espacio sagrado de la vida.
La construcción de paz debe pasar por superar las interrelacionadas violencias epistémica y del desarrollo, favoreciendo la deliberación pública y territorial del modelo económico. Los movimientos campesinos y grupos indígenas y afrocolombianos han apoyado la salida política a los conflictos armados en Colombia y han abogado por garantías para avanzar en un proceso constituyente por la democracia, la justicia social y la paz.
La CAEP propone una economía propia por el buen vivir y contra el modelo de despojo, la cual comprende la transformación productiva con fomento a la agroecología, desmonte de los tratados de libre comercio, el establecimiento de casas custodias de semillas, la protección de la soberanía alimentaria. Consecuentemente, la CAEP plantea la necesidad de un proceso democrático de discusión de una nueva política nacional minero–energética y, por lo tanto, que se elimine el concepto de la minería como actividad de utilidad pública y de interés social de la nación.
Estas luchas por la distribución requieren el reconocimiento de la voz de los grupos subalternos en los escenarios de deliberación pública y que se supere el miedo al pueblo por el cual se siguen acallando vidas de numerosos líderes sociales en el escenario del posacuerdo.