Riesgos emergentes de expresiones armadas tras la implementación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Caso San José del Guaviare (Guaviare – Colombia)1 2

William Pachón Muñoz , Julio César González Rodríguez et Luis Alfredo Cabrera Albornoz

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Introducción

El Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC-EP), firmaron en noviembre de 2016 el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el cual tiene como propósito poner “fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de cincuenta años”. (Gobierno Nacional - FARC-EP, 2016)

Este Acuerdo contiene una serie de medidas organizadas a partir de los seis puntos de la agenda discutida entre las partes en La Habana, Cuba. En términos generales, busca la transformación de las causas objetivas que dieron origen al conflicto armado, así como las consecuencias que tuvo en el país, especialmente sobre la población civil. Su implementación será de carácter territorial, teniendo en cuenta a las zonas más afectadas por el conflicto armado.

En términos de seguridad, los aspectos técnicos contenidos en el Punto 3 titulado “Fin del Conflicto” resultan de vital importancia a la hora de generar las condiciones básicas para la construcción de una paz estable y duradera, así como las garantías de no repetición. Los aspectos contenidos en ese Punto buscan dar fin a la confrontación armada, contribuyendo al tránsito de los combatientes a la vida civil, y garantizar las condiciones de seguridad en las zonas en las cuales los integrantes de las FARC-EP desarrollarán su actividad política legal y su proceso de reincorporación.

El paso inicial en la implementación de este acuerdo se encuentra en el cese al fuego y el proceso de dejación de armas, para lo cual el Acuerdo creó las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZTVN), definidas como de carácter transitorio y temporal, destinadas a la concentración de combatientes de la organización guerrillera. En todo el país se acordó la creación de 20 Zonas Veredales, además de 7 Puntos Transitorios de Normalización (PTN). Para el departamento del Guaviare se crearon dos zonas, una en La Colina, municipio de El Retorno y en Charras, municipio de San José del Guaviare.

Los integrantes de las FARC-EP iniciaron su tránsito hacia las zonas veredales en la última semana de enero de 2017, terminando la concentración en la tercera semana de febrero del mismo año. El Gobierno Nacional y las FARC-EP han manifestado su preocupación por el nivel de riesgo que implica la concentración de integrantes de la guerrilla en las zonas y puntos de transición. Este riesgo se encuentra en dos sentidos; en primer lugar, debido a la oportunidad que para otros actores armados genera el retiro de los combatientes de su zona de operaciones. En segundo lugar, se encuentra el riesgo derivado de la necesidad de ocupación de los combatientes que empiezan el proceso de dejación de armas. De allí la urgencia de cerrar espacios a las posibles ofertas del crimen organizado tanto a los habitantes de los territorios como a los excombatientes de las FARC-EP.

El presente documento se propone explorar los riesgos en seguridad presentes en la zona norte del departamento del Guaviare generados a partir del proceso de concentración de los integrantes de las FARC-EP. Para tal fin, se tendrá en cuenta la fenomenología del posconflicto que propone el Acuerdo y los elementos externos que pueden dificultar su implementación. La interacción de ambos elementos nos permitirá identificar los riesgos y presentar recomendaciones para enfrentarlos.

1. Análisis fenomenológico del posconflicto en el departamento del Guaviare – Colombia

El Acuerdo de paz con las FARC-EP, y posiblemente los que resulten de las negociaciones con el ELN, introducen la propuesta de construir una paz positiva en términos de Galtung. Es decir, no se reduce a la terminación de la confrontación, sino que implica un conjunto de acciones que permitan transformar los factores que posibilitaron el surgimiento o permanencia de la confrontación.

Las partes en las negociaciones, la sociedad civil, el movimiento ciudadano y diferentes sectores políticos han llenado de contenido el actual concepto de paz, posicionado la brecha entre campo, expresada en pobreza, exclusión y escasa integración de los territorios rurales, como los factores hacia los cuales se deben dirigir los esfuerzos de los actores involucrados en el proceso de construcción de paz

La fenomenología del posconflicto en el departamento del Guaviare se corresponderá, de manera principal, aunque no exclusiva, con las dinámicas relativas a dos aspectos contenidos en los acuerdos. En primer lugar, la transformación estructural del campo propuesta por la Reforma Rural Integral y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, lo cual implica una transformación territorial. Y, en segundo lugar, algunos de los acuerdos contenidos en el punto sobre Fin del Conflicto, específicamente a lo concerniente a la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Además de los aspectos contenidos en los acuerdos, es menester tener en cuenta la permanencia de reductos del crimen organizado, articulados principalmente al narcotráfico y a otras economías ilícitas. La acción de estas organizaciones, aunque será expuesta en el apartado sobre riesgos, determinará en gran medida las formas que tome el proceso de construcción de paz.

1.1. Transformación territorial

El departamento del Guaviare ha sido uno de los más afectados por el conflicto armado, de allí que las dinámicas de construcción de paz desarrolladas en ese territorio sean de especial utilidad para la observación académica, permitiendo identificar algunos elementos que contribuyan a construir miradas de alcance nacional.

Este departamento se encuentra ubicado al suroriente del país, en la zona de transición entre la Orinoquia y la Amazonia. Limita al norte con Meta, al oriente con Vichada, y al sur con Vaupés y Caquetá. El Guaviare cuenta con cuatro municipios: San José del Guaviare, ubicado al norte y capital de departamento; El Retorno; Calamar y Miraflores. La conexión entre los municipios es bastante precaria, contando con escasos kilómetros de vías pavimentadas y, en el caso de Miraflores, solo accesible por vía aérea o fluvial. Sumado al déficit en infraestructura, el departamento presenta un escaso nivel de desarrollo económico y bajos niveles de cobertura en seguridad social.

El primer punto del Acuerdo Final, titulado Reforma Rural Integral se propone la “transformación estructural del campo, crear condiciones de bienestar para la población rural y de esa manera, contribuir a la construcción de una paz estable y duradera”. (Presidencia de la República, 2017). Para tal fin, a través del Decreto 893 de 2017, se crearon los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), priorizados en zonas con las siguientes características: i) altos niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas; ii) afectación derivada del conflicto; iii) debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión y iv) la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas. (Presidencia de la República de Colombia, 2016).

El Gobierno Nacional ha propuesto implementar con premura los PDET buscando contrarrestar en estos territorios, “la amenaza de la ilegalidad, proteger los derechos de los ciudadanos, evitar la revictimización e iniciar cuanto antes la trasformación del territorio y las condiciones que han perpetuado el conflicto”. (Presidencia de la República, 2017). La implementación de estos planes permitirá la transformación del campo, así como la inclusión de los integrantes de las FARC-EP, en la actividad productiva de las zonas priorizadas.

Debido a los niveles de afectación del conflicto armado y demás criterios establecidos para la priorización, para la implementación de los PDET, los municipios que componen el departamento de Guaviare fueron incluidos dentro de los primeros planes a ejecutar. En el Decreto 893 de 2017, se plantea un PDET en el eje Macarena - Guaviare constituido por los municipios de Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa (Meta) y, Calamar, El Retorno Miraflores y San José del Guaviare (Guaviare). En este último municipio, el PDET solo será ejecutado en la zona rural.

En el eje Macarena –Guaviare, la presencia de cultivos de uso ilícito resulta determinante. La disputa por el control de los dividendos de esta actividad ilícita también ha determinado parte importante de la geografía de la confrontación. El Acuerdo de paz incluye audaces propuestas frente a esta problemática. Para tal fin, propone implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), el cual tiene como elemento orientador la construcción de alternativas productivas, siendo un componente de la Reforma Rural Integral.

El PNIS busca “Superar las condiciones de pobreza de las comunidades campesinas afectadas por los cultivos de uso ilícito, mediante la creación de condiciones de bienestar y buen vivir en los territorios”. (Presidencia de la República, 2017b). Para tal fin, establece como beneficiarios a las

“familias campesinas en situación de pobreza que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito, que voluntariamente se comprometan a las sustituciones de los cultivos de uso ilícito, la no resiembra, ni estar involucradas en labores asociadas a estos, y que no hayan realizado siembras posteriores al 10 de julio de 2016”. (Presidencia de la República, 2017b).

La priorización de implementación del PNIS obedece a cuatro criterios: (i) Zonas priorizadas en el marco de los PDET; (ii) Densidad de cultivos de uso ilícito y de población; (iii) Parques Nacionales Naturales, según la normatividad vigente; y (iv) Comunidades que se hayan acogido al tratamiento penal diferencial.

La relación entre la presencia de cultivos ilícitos y actores armados ilegales (AAI) en el Guaviare resulta evidente. Estas organizaciones han logrado ciertos niveles de control territorial, soportados en la regulación de la economía del narcotráfico, una de las principales actividades económicas de la región.

Indudablemente, el posconflicto en el Guaviare deberá centrar parte importante de sus esfuerzos en la reconversión económica del departamento, apelando al contenido de los acuerdos sobre reforma rural integral y solución al problema de las drogas ilícitas. El escenario social y económico de la región la hace propensa a la reproducción y continuidad de las dinámicas de la violencia, agregando incertidumbres al proceso de construcción de paz. A esto, se agrega el complejo proceso de tránsito a la vida civil por parte de los exintegrantes de las FARC-EP quienes son capital humano de intereses para el crimen organizado y demás actores que busquen ocupar los territorios o controlar su potencial económico.

1.2. Tránsito de la guerra a la vida civil

Las dificultades del proceso de reincorporación social, política y económica de los integrantes de las organizaciones guerrilleras se constituyen en un elemento fundamental a tener en cuenta en los riesgos generados en el marco del proceso de concentración de combatientes en las ZVTN.

Durante los últimos quince años, Colombia ha enfrentado diferentes procesos de desarme, desmovilización y reintegración, tanto individual como colectiva, de integrantes de distintas organizaciones armadas. En el marco de procesos de paz, la experiencia más reciente ocurrió con las diferentes organizaciones paramilitares que dejaron sus armas en el país. Como ha sido ampliamente estudiado, este proceso de DDR implicó el surgimiento o consolidación de diferentes organizaciones ilegales, alrededor de distintas economías ilícitas.

En la Orinoquia y el Guaviare, la desmovilización del Bloque Centauros y sus disidencias generó la aparición de una organización conocida como Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC) y, una vez disuelta ésta, el nacimiento del Bloque Meta o “Puntilleros”, organización armada que hace presencia en la región.

Como lo demuestra el proceso con el paramilitarismo, los acuerdos de paz contienen un alto riesgo de aparición o fortalecimiento de nuevas organizaciones armadas, toda vez que los medios económicos y sociales que permiten la subsistencia de la ilegalidad persisten. La conjuración de este tipo de situaciones depende, en gran medida, de la implementación de un adecuado proceso de reintegración o reincorporación a la vida civil de los combatientes, entendido como la construcción de nuevos vínculos en la vida civil, lejos de la ilegalidad.

El Acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP construye relaciones estrechas entre el conjunto del Acuerdo y la reincorporación de los combatientes y milicianos. El punto 3 del Acuerdo Final ‘Fin del conflicto’ contiene los aspectos generales de la reincorporación política, económica y social de las FARC-EP. En términos generales, se distancia de los conceptos agrupados en la sigla DDR, proponiendo como alternativa el tránsito colectivo de una organización armada a una de carácter político legal, proceso nombrado como reincorporación.

Adicionalmente, contempla las necesidades económicas y sociales de los guerrilleros, una vez las FARC-EP dejen de existir como organización armada. Entre estas necesidades básicas se encuentran educación, empleo, seguridad social, entre otras. De manera inicial, este tipo de necesidades han sido suplidas por el Gobierno Nacional en las ZVTN, las cuales han presentado diferentes niveles de incumplimientos, en la adecuación de las zonas y la prestación de servicios. El incumplimiento del Gobierno en la construcción de las ZVTN ha generado diferentes niveles de descontento entre los combatientes, disminuyendo la confianza de los guerrilleros en el proceso. A esto, se suma la incertidumbre generada por fallos como el de la Corte Constitucional, limitando el proceso de Fast Track.

Un elemento novedoso frente a las propuestas de reincorporación anteriores es la construcción de alternativas económicas de carácter colectivo denominadas Economías Sociales del Común (ECOMÚN) en el Acuerdo. Esta organización y sus seccionales también brindarán asesoría a los excombatientes, sobre instituciones educativas y entidades prestadoras de servicios en salud.

Adicionalmente, como se ha expuesto en el apartado relativo a transformación territorial, las propuestas productivas de los PDET y el PNIS se constituyen como alternativas de ocupación para los combatientes y milicianos que dejen sus armas.

Adicional al reto que implica garantizar los derechos económicos y sociales de los combatientes en su tránsito a la vida civil, se encuentra la necesidad de garantizar el pleno ejercicio ciudadano y la actividad política de la organización que surja de la dejación de armas de las FARC-EP. Para tal fin, el Acuerdo enuncia la acción integral en contra de las organizaciones

“responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.” (Gobierno Nacional de la República de Colombia; FARC-EP., 2016).

Como lo muestran las situaciones recientes de violencia en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, persisten acciones violentas motivadas por razones políticas. Esta situación demuestra que la pugna por el control de las economías ilícitas no es el único factor de riesgo que presenta el posconflicto, haciendo necesario abordar elementos de reconciliación y convivencia democrática, además de garantías para el ejercicio de la política.

2. Caracterización de los principales riesgos en seguridad para la implementación de los acuerdos de paz en la región

Como lo han señalado diferentes sectores de opinión pública, así como las partes en la Mesa de Conversaciones, la firma de un acuerdo de paz con las organizaciones guerrilleras no implica la realización de la paz, ni la desaparición de la conflictividad social. Por el contrario, el proceso de implementación de los acuerdos reviste especial riesgo de aparición de nuevas expresiones de violencia

Asimismo, más allá del acuerdo con las FARC-EP, el conflicto armado, no ha terminado debido a que aún queda activa la guerrilla del ELN y algunas organizaciones asociadas al narcotráfico y el crimen organizado, como las llamadas Bandas Criminales. Esta situación condiciona las posibilidades de implementar los acuerdos de paz en departamentos como Guaviare, donde se presenta una alta concentración de cultivos de uso ilícito, principal fuente de financiación de los AAI.

En este sentido, el posconflicto se encuentra estrechamente ligado a la presencia de este tipo de economías y al control que los actores armados han tenido sobre las mismas. Buscando una mirada compleja del escenario, se debe tener en cuenta los niveles de legitimación y control social de los actores armados en algunas zonas, posibilitada por la presencia constante, durante más de treinta años, por parte de las FARC-EP.

Siguiendo esta interpretación, consideramos tener en cuenta dos aspectos que configuran los principales riesgos de seguridad: i) presencia de economías ilícitas y ii) disputas de los actores armados por ocupar las zonas abandonadas por las FARC-EP, en su proceso de concentración.

2.1. Economías ilícitas

La proliferación de cultivos de uso ilícito, principalmente la coca desde finales de la década de 1970, han posibilitado la presencia de actores armados ilegales en el departamento del Guaviare.

La zona comprendida por los municipios del sur del departamento del Meta (Puerto Rico, Puerto Concordia, Mapiripán y La Macarena) y el departamento del Guaviare han concentrado parte importante de los cultivos de coca durante más de cuarenta años. Incluso, la bonanza de este tipo de economías, a finales de los setenta, generó una tercera ola migratoria de colonización; es decir, algunas poblaciones se asentaron allí y han construido sus arraigos con el territorio, a partir del cultivo de coca, constituyéndose en auténticas prácticas culturales. El 31% del departamento se encuentra afectado de manera constante por cultivos de coca. (Observatorio de Drogas de Colombia, 2015).

Como han señalado los más recientes estudios de medición de cultivos ilícitos en Colombia, por parte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), se ha generado un aumento del área sembrada desde 2013. En el departamento del Guaviare se concentra el 6% del total nacional para el año 2015 con un total de 5.423 Ha. (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito , 2016).

El estudio del SIMCI considera que los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las FARC-EP han tenido incidencia en la dinámica de los cultivos ilícitos, a partir de:

“una densificación de la siembra en los núcleos más tradicionales, una participación más activa de las comunidades afectadas, fluctuación en los precios de los mercados ilegales en las regiones afectadas por cultivos ilícitos, […] y una serie de expectativas de beneficios para los cultivadores de coca”. (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito , 2016).

En el departamento del Guaviare, los cultivos se ubican, principalmente

“al norte en las orillas del río Guayabero, en el límite sur del Parque Nacional Natural (PNN) Sierra de la Macarena, en el límite de la Reserva Nacional Natrual (RNN) Nükak, establecido por el río Inírida, en sectores como Tomachipán, en el municipio de El Retorno, la zona conformada entre los ríos Unilla e Itilla y al sur del casco urbano de Miraflores”. (Observatorio de Drogas de Colombia, 2015).

“Allí se identifica la presencia de parques nacionales naturales como zonas problemáticas. Del total de la coca sembrada en este tipo de territorios, en el PNN de la Sierra de la Macarena y Nukak se concentran 58% del área sembrada”. (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2016).

En el Guaviare no solo se concentran cultivos ilícitos, también se encuentran cristalizaderos, además de establecerse un corredor hacia las fronteras con Brasil y Venezuela. Habría:

“por lo menos tres rutas de salida de droga así: dos por Vichada hacia Venezuela (una por el río Guaviare y otra por Puerto Gaitán y Puerto López hacia Puerto Carreño), y una ruta por el noroccidente del departamento del Meta para abastecer los expendios de Bogotá y llevar la droga hacia Urabá y el norte del país”. (Fundación Ideas para la Paz, 2017).

El rio Guaviare, el cual sirve de límite natural entre los departamentos de Meta y Guaviare, es uno de los principales puntos de comercialización.

El entrelazamiento de distintas dinámicas asociadas al narcotráfico, en el departamento del Guaviare, unido a la escasa conectividad y reducida presencia del Estado colombiano, ha permitido la consolidación de los actores armados. La presencia constante de las FARC-EP en esa región las convirtió en la organización más poderosa, jugando un rol fundamental en la regulación económica y social.

El proceso de tránsito hacia las ZVTN, conformadas en el Guaviare, ha permitido a otros actores armados entrar a disputar los territorios. El escenario se complejiza debido a la conformación de una disidencia de las FARC-EP, a partir del Frente 1 y el posible ingreso de la organización conocida como ‘Clan Úsuga’, la más fuerte creada con posterioridad al proceso de paz con el paramilitarismo.

2.2. Ausencia de regulación y disputa

La permanencia de estos cultivos, articulados a dinámicas de procesamiento y comercialización de sus derivados, ha estado, desde sus inicios, en estrecha relación con el control territorial ejercido por parte de actores armados ilegales. La función de estas organizaciones no ha sido simplemente la protección de los cultivos, sino el manejo de las condiciones de mercado, determinando el volumen de la producción, precios, compradores, entre otras variables. Este papel ha permitido espacios de legitimidad de las organizaciones armadas frente a los pobladores, debido a la determinación del ingreso económico en las zonas de producción cocalera.

En este sentido, según el Observatorio de Drogas de Colombia existe una estrecha relación entre el número de hectáreas cultivadas y las disputas por el control territorial entre los AAI y el Estado:

“cuando el control del Estado aumenta, se produce un efecto contrario en el área con cultivos de coca. En 2003 cuando se presentó el mayor esfuerzo por parte del Estado (37.493 ha), se generó una reducción del 41% en los cultivos de coca, al pasar de 27.380 ha en 2012 a 16.163 ha en 2013”. (Observatorio de Drogas de Colombia, 2015).

La presencia temprana de las FARC-EP en el departamento le posibilitó la consolidación militar del territorio, además de la construcción de bases sociales en sectores del campesinado cocalero. Esta organización guerrillera logró el control de parte importante de los cultivos presentes en el eje Meta – Guaviare, regulando el cultivo y la comercialización de la hoja y base de coca.

Con el traslado de los combatientes de las FARC-EP a las ZVTN se presentó una serie de situaciones que perfilan al departamento como un importante foco de tensión en la etapa del posconflicto.

En primer lugar, se encuentra el establecimiento de la disidencia del Frente 1 ‘Armando Ríos’, estructura que se apartó del proceso de paz, y en consecuencia, de la dejación de armas. En un comunicado reproducido por medios de comunicación, el Frente 1 aseguró, en julio de 2016, su decisión de

“[…] no desmovilizarnos, continuaremos la lucha por la toma del poder por el pueblo y para el pueblo. Independientemente de la decisión que tome el resto de integrantes de la organización guerrillera. Respetamos la decisión de quienes desistan de la lucha armada, dejen las armas y se reincorporen a la vida civil, no los consideramos nuestros enemigos.” (Revista Semana, 2016).

Según la Fundación Ideas para la Paz, con fuentes del Ejército Nacional, en el suroriente del país “sectores de los Frentes 1, 7, 44, Acacio Medina, 14 y 64 en el oriente y sur colombiano, que agruparían cerca del 5% de la guerrilla (300 disidentes), ya se habrían separado del proceso”. (Fundación Ideas para la Paz, 2017). Esta situación añadiría tensión sobre una amplia franja del territorio nacional, con características y problemas similares.

Sumada al establecimiento de la disidencia, se encuentra la denuncia sobre la presencia de organizaciones armadas cerca de los puntos de concentración en diferentes departamentos, entre ellos Guaviare (El Tiempo, 2016). A la presencia del Bloque Meta, conocidos como ‘Puntilleros’ se sumaría la del ‘Clan Úsuga’, lo cual genera grandes temores debido al poder de fuego de esa organización. La captura de Roberto Carlos Osten Mestra, ‘Navarro’, demostraría el interés de esa organización por incursionar en el Guaviare. (Cf. Fundación Ideas para la Paz, 2017).

Según Ideas para la Paz, en principio, los diferentes actores armados estarían realizando acuerdos de no agresión; “según los organismos de seguridad, ‘Duarte’ y ‘Jhon 40’, los jefes más poderosos de las disidencias de las FARC en la zona, estarían negociando con ‘Sebastián’ y el ‘Costeño’, que fueron enviados por ‘Otoniel’ como avanzada para arreglar su incursión”. (Fundación Ideas para la Paz, 2017).

Las relaciones de algunas estructuras de las FARC-EP con los diferentes eslabones de la cadena productiva del narcotráfico resultan ser uno de los principales factores de riesgo presentes en el departamento, el cual facilitaría la consolidación de alianzas en torno a esta actividad ilícita. La posible alianza entre el ‘Clan Úsuga’ y el Frente 1 constituiría el principal riesgo de seguridad en la región.

La permanencia de actores armados con acceso a fuentes inagotables de recursos genera, a su vez, nuevos retos, principalmente frente al proceso de reincorporación de los excombatientes de la guerrilla. Aunque en principio la disidencia de las FARC-EP aseguró no atentar en contra de sus antiguos compañeros, su actividad ilícita puede constituirse en un incentivo de retorno a la ilegalidad, más en zonas en las cuales las estructuras estuvieron en estrecha relación con el narcotráfico. Los miembros de las FARC-EP en proceso de reincorporación son mano de obra calificada, y dependerá de los incentivos que construya el proceso de implementación de los acuerdos, el poder mantenerlos en la legalidad.

3. Consideraciones finales y recomendaciones

La concentración de las FARC-EP en las ZVTN y los PTN ha modificado el escenario de seguridad en las regiones en donde operaban. La debilidad institucional y la permanencia de actores armados ilegales se constituyen en importantes amenazas para estos territorios, toda vez que la dejación de armas de esa organización guerrillera es una oportunidad para la reconfiguración territorial, alrededor de las drogas ilícitas.

Precisamente, el escenario de marginalidad, exclusión y abandono estatal han hecho del Guaviare un lugar atractivo para la ilegalidad, resultando en un reto de grandes dimensiones. Hacia la transformación de estos aspectos se encuentra dirigido el Acuerdo general para la terminación del conflicto, documento que procura generar las condiciones básicas para conjurar estas problemáticas.

Sin embargo, aunque los resultados de la implementación de los acuerdos sean positivos, este es un proceso de largo plazo y la presencia de actores ilegales resulta en la principal amenaza para su implementación. La concentración de combatientes de las FARC-EP, que en principio se ha presentado como un logro mayor, generó condiciones para el surgimiento de nuevas problemáticas, quizás más complejas.

Las economías ilícitas son la piedra angular de los riesgos de seguridad presentes en el departamento, sin olvidar la necesidad de avanzar en mecanismos de reconciliación y respeto al ejercicio ciudadano democrático. La solución a esta problemática requiere brindar al campesinado productor, las alternativas sostenibles que permitan extraerlo de la cadena productiva. Algo similar ocurre con los excombatientes; es necesario enfrentar los incentivos de la ilegalidad, con programas sostenibles en el largo plazo, tanto en el plano económico como político y social.

Lo anterior implica un aumento sustancial de la presencia institucional y la construcción de vínculos de confianza entre la ciudadanía y las instituciones del Estado, allí donde antes eran percibidos como un actor extraño. La expedita y concertada implementación de los acuerdos resulta fundamental para la reconstrucción de la institucionalidad y la integración de esos territorios con la dinámica nacional.

Finalmente, el Estado, conforme a lo establecido en los Acuerdos, debe actuar de manera concertada y ágil en la confrontación policial de las estructuras del crimen organizado presentes en la zona.

Conclusiones

Los anteriores puntos permiten concluir que la implementación de los Acuerdos de paz suscrita entre el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón y la guerrilla de las FARC-EP abre una oportunidad para consolidar la institucionalidad del Estado, en zonas donde su presencia, por años, fue precaria. Eso dio paso a la reconstrucción del tejido social, a partir de la dignificación de la condición humana de aquellas personas que experimentaron la guerra en un primer plano, permitiéndoles de este modo, la transición al restablecimiento de una infraestructura económica, política, social y cultural que garanticen sus derechos y la accesibilidad a los programas sociales que brinda el Estado.

Para ello, el tránsito a ese estado óptimo, está íntimamente ligado a la forma en que el Estado opera a través de sus dependencias y coordinaciones con los actores involucrados; sin embargo, la capacidad institucional de la administración pública colombiana, para responder a las necesidades y problemáticas propias que conlleva la transición que implica la consolidación de los Acuerdos de paz y la el Posconflicto, incidirá en la configuración de los nuevos riesgos de los territorios que, antes, estaban en poder de las FARC-EP.

Références

El Tiempo. (2016, Diciembre 10). Las Farc denuncian presencia 'paramilitar' en Guaviare. El Tiempo, pp. http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/farc-denuncian-presencia-paramilitar-en-guaviare-31746.

Fundación Ideas para la Paz. (2017). Entornos y riesgos de las Zonas Veredales y los Puntos Transitorios de Normalización. http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/588d509ecd0be.pdf: Fundación Ideas para la Paz.

Fundación Ideas para la Paz. (2017). Siete regiones sin las FARC, ¿siete problemas más? Bogotá.

Gobierno Nacional - FARC-EP. (2016, Noviembre 24). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Récupéré sur Oficina del Alto Comisionado para la Paz: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf

Gobierno Nacional de la República de Colombia; FARC-EP. (2016, noviembre 24). Mesa de Conversaciones para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Récupéré sur Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera: https://www.mesadeconversaciones.com.co/

Observatorio de Drogas de Colombia. (2015). Caracterización Regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Guaviare. Bogotá: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO.

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito . (2016). Colombia Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015. UNODC.

Presidencia de la República. (2017, Mayo 28). Decreto 893 de 2017. Récupéré sur Presidencia de la República: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20893%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf

Presidencia de la República. (2017b, Mayo 29). Presidencia de la República. Récupéré sur Presidencia de la República: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20896%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf

Presidencia de la República de Colombia. (2016, diciembre 7). Decreto Número 2027 del 7 de diciembre de 2016 por el cual se crea el Consejo Nacional de Reincorporación.

Revista Semana. (2016, Julio 7). Así es el frente de las FARC que se rehúsa a dejar las armas. Revista Semana, pp. http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-paz-frente-primero-de-las-farc-dice-que-no-dejara-las-armas/480892.

UNODC. (2016). Monitoreo de Cultivos IIícitos 2015. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Notes

1 Documento preparado para su presentación en el Coloquio Internacional Conflictos y procesos de paz: el caso de Colombia. 28 y 29 de septiembre de 2017. Universidad de Limoges (Francia).

2 Ponencia producto de la investigación “Caracterización de riesgos en los primeros 9 meses de implementación de los acuerdos de paz entre gobierno y la guerrilla de las FARC-EP.”, financiada por la Universidad Militar Nueva Granada código INV-EES-2345. Bogotá, Colombia 2017.

Para citar este documento

William Pachón Muñoz, Julio César González Rodríguez et Luis Alfredo Cabrera Albornoz, « Riesgos emergentes de expresiones armadas tras la implementación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Caso San José del Guaviare (Guaviare – Colombia)  », Trayectorias Humanas Trascontinentales [En ligne], NE  2, 2018, consultado el 23/05/2018, URL : https://www.unilim.fr/trahs/index.php?id=726

Autores

William Pachón Muñoz

Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá – Colombia

william.pachon@unimilitar.edu.co

Julio César González Rodríguez

Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá – Colombia

julio.gonzalezr@unimilitar.edu.co

Luis Alfredo Cabrera Albornoz

Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá – Colombia

luis.cabrera@unimilitar.edu.co

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