Impacto socioeconómico del desminado humanitario. análisis de los casos de restitución de tierras de las comunidades de San Francisco y San Carlos (Antioquia, Colombia)1

Luis Alfredo Cabrera Albornoz et William Pachón Muñoz

Índice

Texto completo

Introducción

Desde el descubrimiento de la pólvora hasta la aparición de los primeros tanques, las diversas confrontaciones armadas han dado paso al avance en las técnicas y tecnologías utilizadas. El uso de minas terrestres antitanques o contra carros requerían de la presión de varias toneladas de peso para producir una explosión, por lo cual podían ser desactivadas con un mínimo riesgo para las personas (Alonso Ollacarizqueta, 1995). Esta situación dio origen a formas iniciales de Minas Antipersonal (MAP), masificando su utilización durante la Primera Guerra Mundial.

En los años setenta y ochenta, la utilización de las MAP como armas de “protección territorial”, se popularizó. De esta forma, en concordancia con el planteamiento de Williams (1995) y del Comité Internacional de la Cruz Roja, de armas con fines defensivos, las minas terrestres evolucionan para convertirse en armas de ataque. No obstante, el interés de la comunidad internacional por evitar consecuencias similares a las acaecidas por las guerras mundiales, llevaron a la elaboración en 1980, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2006).

Con más de 400 millones de MAP sembradas en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial (Williams, 1995), la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2006), la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de Minas Antipersonal y sobre su destrucción (Convención de Ottawa) (Organización de las Naciones Unidas, 1997) y, en general todos los documentos encaminados hacia la prohibición del uso y desarrollo de armas de destrucción masiva permitieron dar comienzo a procesos de desarme para poner fin al nivel de riesgo y destrucción de vidas que se estaba alcanzando.

Note de bas de page 2 :

Puede consultarse la Ley 759 del 25 de julio de 2002, por medio de la cual se dictan normas para dar cumplimiento a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción y se fijan disposiciones con el fin de erradicar en Colombia el uso de las minas antipersonal (Congreso de la República de Colombia, 2002). Asimismo, la Política de largo plazo en acción integral contra minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE) (Programa Presidencial parala Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2008); la Política nacional de acción integral contra minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) (Departameno Nacional de Planeación, 2009).

La problemática de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), y municiones sin explotar (MUSE), en Colombia ha trascendido por más de 30 años y a la fecha, se puede decir que la dimensión del problema no es conocida a cabalidad. En el país, los grupos armados al margen de la ley emplean estratégica y sistemáticamente este tipo de armas en todo el territorio nacional sin mantener algún patrón de sembrado que permita la ubicación e identificación de los campos minados, así como la localización específica de estos artefactos, infringiendo claramente el principio de distinción entre combatientes y civiles, la prohibición de emplear armas que puedan causar males superfluos o sufrimientos innecesarios - situaciones que van en contravía de la legislación internacional y nacional2 en la materia.

El alto número de MAP, MUSE y AEI existentes en el territorio colombiano, las múltiples víctimas existentes, así como la exigencia al cumplimiento de la normatividad internacional y nacional en materia de prohibición del uso de estos artefactos, ha llevado al país a implementar el proceso de Desminado Humanitario (DH) con el Batallón de Desminado Humanitario (BIDES), la Infantería de Marina y la ONG Halo Trust. La implementación de este proceso, sus avances y sus retos han permitido que, a partir del año 2012, el BIDES iniciara la entrega a las comunidades de cuatro municipios libres de sospecha de MAP, MUSE y AEI: San Carlos y San Francisco en el departamento de Antioquia; El Dorado, municipio del departamento del Meta; y, Zambrano en el departamento de Bolívar (Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersoal, 2014) (Llamamiento de Ginebra, SF). A pesar de los avances reportados en materia de territorios despejados, cabe cuestionarse ¿hasta qué punto las comunidades de San Francisco y San Carlos (Antioquia, Colombia), primeros municipios libres de minas entregados a las comunidades se han visto beneficiadas en términos de desarrollo socioeconómico por el programa de desminado humanitario?

Para responder este cuestionamiento se debe entender que, si bien en Colombia el proceso DH inició en medio del conflicto armado, se han obtenido resultados exitosos como el caso de las experiencias en los municipios San Francisco y San Carlos, de las cuales se deben retomar las lecciones aprendidas para la implementación del acuerdo de paz en materia de DH que introduce a los actores que participaron en las confrontaciones. Sin embargo, en términos de desarrollo social y económico para las sociedades, los procesos de DH no han sido del todo efectivos dada la falta de continuidad de los apoyos a las comunidades una vez han sido entregados como libres de sospecha de minas. Por lo tanto, en un proceso de pos-acuerdo se requiere estrategias que establezcan articulación de los procesos de DH con la política social y económica que se están interviniendo, a fin de garantizar sostenibilidad económica y social en el tiempo.

Desminado Humanitario en San Carlos y San Francisco: resultados exitosos en medio del conflicto armado

De acuerdo a los registros del Sistema de Información para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, 31 de los 32 departamentos del país han registrado algún nivel de contaminación por Minas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) y Municiones Sin Explotar (MUSE) durante el periodo comprendido entre enero de 1990 y mayo de 2015. Los Departamentos de Antioquia y Meta registran el mayor número de accidentes e incidentes con este tipo de artefactos, alcanzando un 32% del total nacional (Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersoal, 2014).

Colombia ha sido reportada en diversas ocasiones como el primer país del mundo en cuanto a víctimas de MAP, así como el tercero en siembra de ellas. El Monitor de Minas Terrestres en su informe anual de 2014, resalta cómo en Colombia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) eran el grupo subversivo que a nivel mundial continuaba utilizando de manera regular MAP y AEI (Landmine Monitor, 2014).

En cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado colombiano, en virtud de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción, se han adoptado una serie de medidas de aplicación nacional, de conformidad con la Constitución Nacional y las Leyes, asignando al Ministerio de Defensa Nacional la responsabilidad de desminar el territorio nacional, según lo contemplado en el artículo 18 de la Ley 759 de 2002 (Congreso de la República de Colombia, 2002).

Desminado humanitario en San Francisco, Antioquia

Este municipio del oriente Antioqueño colombiano está conformado principalmente por población en su mayoría campesina. Tiene una superficie de 372 km² y queda a 101 km al SE de Medellín, con una población de 5318 habitantes (2015), con una densidad de 14,3 hab/ km². San Francisco no sólo queda en una de las regiones más minadas del país, sino que es el municipio en el que más víctimas han dejado las minas “quiebrapatas”. Ocupa el primer lugar en siembra de estos artefactos, por encima de Montes de María, en Sucre, y La Macarena, en Meta. Desde 1998, en sólo este municipio, se han presentado 107 víctimas por minas, 15 de ellas mortales. Ciertas veredas se vieron tan saturadas de explosivos, que tuvieron que ser reubicadas en su totalidad, como fue el caso de El Jardín (Alcaldía Municipal de San Francisco, 2012) (Alcaldía de San Francisco, 2017) (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); MinTrabajo, 2013).

San Francisco tuvo 124 incidentes por minas antipersonal hacía mediados de 2006, colocándolo en la lista de los municipios más afectados y con mayor número de víctimas en el Oriente antioqueño. Paralelo a esto, la región presentó un aumento en el número de personas desplazadas a causa de la violencia armada, con un aproximado de 7.245 víctimas. (ACNUR, 2007, págs. 9 - 10)

Pobladores del municipio aseguran que hay evidencias desde 1998, cuando ocurrieron las primeras afectaciones a militares que se enfrentaban al Frente Carlos Alirio Buitrago del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tenía en la región presencia histórica, el concejal Robinson Ciro, aclara que: “éstas comenzaron a registrarse desde 2001, donde fue mayor la presión por la recuperación y consolidación del territorio por parte del Ejército, lo que incrementó la presencia de minas”.

Pero no solo las operaciones militares incentivaron la siembra de minas antipersonales, sino la llegada, en 2003, de una facción de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, liderada por Luis Eduardo Zuluaga, alias ‘McGuiver’, un paramilitar nacido en San Francisco. También los enfrentamientos entre el Frente 9 de las FARC-EP y el Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN, contribuyeron a agravar el fenómeno.

En 2008 un grupo de militares del Ejército Nacional de Colombia ingresa al territorio con ayuda de la Oficina para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Organización de Estados Americanos “OEA” y la gobernación de Antioquia para dar inicio a labores de desminado humanitario. Esta tarea inicialmente tuvo un periodo establecido de cinco años, sin embargo, no pudo ser cumplida debido a la cantidad de MAP sembradas en el territorio (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); MinTrabajo, 2013).

En 2014, luego de seis años de trabajos de despeje (ver tabla No. 1) y tras una importante intervención del Gobierno Nacional y Departamental, apoyados financieramente con recursos de l Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Unión Europea, el proceso de desminado humanitario dio como resultado el despeje de 340.992 metros cuadrados en el municipio y la destrucción de cerca de 314 minas antipersonales y artefactos explosivos (Dirección de minas, 2015).

Luego de seis años de intensas labores, este municipio del Oriente antioqueño, que fue uno de los más afectados por minas antipersonal en la década pasada, fue declarado libre de sospecha de minas y artefactos explosivos, cambiando así la vida de las personas que habitaban estas tierras.

En este proceso de despeje en San Francisco participó personal de las Fuerzas Armadas y del Ejercito Nacional, expertos de la OEA y de Estados Unidos. Asimismo, se contó con la información reportada sobre zonas afectadas.

Tabla . Área despejada por años durante las operaciones de desminado humanitario desarrolladas en el municipio de San Francisco.

Año

Área despejada en M2

2008

32.936

2009

0

2010

78.364

2011

51.689

2012

56.950

2013

97.082

2014

23.971

2015

0

Total general

340.992

Desminado humanitario en San Carlos, Antioquia

San Carlos es conocido con los apelativos de Capital Hidroeléctrica de Colombia, por la cantidad de embalses e hidroeléctricas que posee, y Paraíso Turístico de Antioquia, por la enorme riqueza de bosques, aguas y de fauna y flora. Está dividido en 3 corregimientos, El Jordán, Samaná y Puerto Garza (Narices), y 3 centros poblados, El Chocó, Dos Quebradas y Juanes. Está bañado por 7 ríos: Nare, Samaná del norte, Guatapé, San Carlos, Calderas y San Miguel; además de 7 cuencas de las que se desprenden sus 76 quebradas, entre ellas: La Chorrera, La Mirandita, Dosquebradas, El Capotal, Las Flores, Las Palmas, Cañaveral, Guadualito, El Tabor, El Chocó y El Contento, con una población de 16.064 habitantes (2015). Está a cuatro horas de Medellín, tiene 227 años de historia, de los cuales, por lo menos 10, ha estado envuelto en la pesadilla de las minas antipersonales. 

De esta enorme riqueza hídrica se dan las condiciones para la generación de un alto porcentaje de la energía a nivel nacional alrededor del 20% de la electricidad del país, desde las hidroeléctricas de Punchiná, Playas y Calderas de San Carlos.

El municipio de San Carlos fue uno de los territorios más afectados por el conflicto armado, al punto que se puede decir que este territorio se encontró bajo la presión de diversos grupos por cerca de 20 años. Durante este tiempo, la presencia de grupos de autodefensas o paramilitares, así como de guerrillas y los enfrentamientos dados entre ellos y contra las fuerzas Militares de Colombia y, en general el asedio que se produjo a la población civil tuvo como consecuencia la presencia de 20 masacres, la siembra indiscriminada de MAP y el éxodo de más de 25.000 personas.

Para muchos campesinos de San Carlos, en el Oriente de Antioquia, transitar sus caminos era un problema y un riesgo porque había presencia de minas en casi todo el territorio. Hoy esa situación, sobre todo para los labriegos, ha sido muy distinta después de su declaratoria de libre de minas en Colombia.

En el proceso de desminado humanitario del municipio, entre el 2009 y 2011, destruyeron 83 artefactos explosivos improvisados y seis municiones sin explotar. Este proceso complementó el desminado del 2008, que logró destruir 650 artefactos explosivos improvisados. En total fueron liberados 1,3 millones de metros cuadrados de minas en San Carlos, cuando fue entregado por la Dirección de Acción Integral Contra Minas Antipersonal como uno de los primeros municipios libres de sospecha de minas antipersonal (DAICMA, 2017).

Tabla . Área despejada por años durante las operaciones de desminado humanitario desarrolladas en el municipio de San Carlos.

Año

Área despejada en M2

2009

27.125

2010

44.726

2011

83.575

Total general

155.426

Lecciones aprendidas del proceso de desminado humanitario para la implementación de este componente en el acuerdo de paz

La experiencia obtenida en los municipios de San Francisco y San Carlos, establecieron los elementos fundamentales para que el Gobierno Nacional reglamentara el funcionamiento de las organizaciones participantes en el proceso de desminado humanitario y, a su vez, el Ministerio de Defensa adoptó medidas necesarias sobre los esquemas Internacionales y los principios humanitarios (Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (DAICMA), 2017) (Presidencia de la República, 2014).

El proceso de desminado humanitario para la declaración de San Francisco y San Carlos como los primeros municipios libres de la sospecha de minas antipersonal, no contó con la participación de los actores al margen de la ley, lo cual pudo incidir en el componente de reparación que se asocia a la implementación del acuerdo de paz firmado en La Habana por el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

Este proceso llevado a cabo en los municipios de San Francisco y San Carlos, permitió el regreso de las personas al campo a través de la generación de confianza y acompañamiento de las entidades de orden nacional y organismos internacionales que apoyaron el proceso, lo cual garantizó a sus pobladores a vivir una calma en las zonas anteriormente azotadas por la violencia.

Desarrollo social y económico de las comunidades beneficiadas del proceso de desminado humanitario

Los retos del proceso de desminado humanitario incluían entre otros garantizar la seguridad a los habitantes, reparar la infraestructura y la institucionalidad pública destruidas, implementar planes de desarrollo local orientados a reconstruir la economía local e impartir justicia, de acuerdo con las obligaciones que emanan de la Constitución Política, la normatividad y la jurisprudencia nacional, así como con los tratados e instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano o que aplican al mismo, en virtud del bloque de constitucionalidad de la Constitución Política de Colombia.

Las poblaciones se vieron involucradas en la guerra por diversas razones: algunos financiaron y apoyaron a los grupos armados, otros incursionaron en sus filas, algunos incluso transitaron por distintos grupos armados. Pero la mayoría de la población fue, ante todo, su víctima inerme.

La actividad más importante dentro de la economía de los municipios de San Francisco y San Carlos del oriente Antioqueño y la de mayor fuente de empleo es la correspondiente al sector primario, donde se destaca la siembra de café, maíz, yuca, fríjol, caña, plátano, frutales y cacao, (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Ministerio del Trabajo, 2013). En el segundo sector de su economía se destaca la ganadería de engorde, porcicultura y avicultura, así como la piscicultura, explotación maderera y silvicultura y la minería.

El sector de transformación de materias primas se ha desarrollado poco debido a los problemas de capital, de mercado y la falta de vías de comunicación que permitan su comercialización; cabe resaltar que las empresas de generación de energía constituyen en este sector, uno de los más productivos en el Municipio de San Carlos.

El uso del suelo en el municipio de San Francisco presenta una destinación principal a bosques, representado en un 60% del total del territorio, y le siguen en importancia los pastos con el 19,80%, cultivos con el 10,21%, rastrojos con el 9,31%, y otros como cuerpos de agua, ríos, suelo desnudo y área construida (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, 2013). Según el Esquema de Ordenamiento Territorial de 2000, el suelo del municipio de San Francisco se encuentra clasificado en: suelo urbano, suelo de expansión urbana, suelo rural y suelo de protección.

De acuerdo con Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio del Trabajo (2013), los suelos del municipio de San Carlos, por sus características geológicas, son susceptibles a la erosión y a deslizamientos. Por ello, se plantean algunas restricciones en su uso agrícola. A pesar de eso, la población continúa cultivándolos, por lo que, desde el Plan de Ordenamiento Territorial (EOT, 1999-2006) se propone el desarrollo de unos Sistemas Integrales de Producción Sostenible para el manejo agropecuario del municipio.

En las dos últimas décadas, San Carlos ha tenido un desarrollo importante en el comercio y en el sector de servicios, localizados en su mayoría en la cabecera urbana (26% del total de ingresos recaudados por el municipio (Carvajal et. Al., 2008: 57 citado en Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), 2011).

En San Francisco, se busca promover el turismo ecológico que facilite la conservación de los recursos hídricos, la flora, la fauna, el paisaje y el potencial agroecológico presente en el municipio. Algunos de los lugares turísticos típicos de la región son el Balneario Pailania, Los Ríos Claro y Verde, el cerro La Teta y las cascadas y los saltos de agua El Tagual.

La actividad turística en el municipio de San Carlos es uno de los sectores más prósperos de desarrollo, pero debe ser ecológico, donde se muestre los atractivos naturales y se involucre a la población de la región.

Resultados o hallazgos

Desde la dimensión política, el proceso de Desminado Humanitario ha permitido a los líderes de las diferentes comunidades su reconocimiento como actores estratégicos en la recuperación de sus espacios, así como forjadores de los programas destinados para su territorio. En el ejercicio de la implementación de los planes destinados a sus comunidades, se identifica un fortalecimiento en la participación política de las comunidades, lo cual a su vez puede considerarse como una forma para afianzar los lazos entre las instituciones estatales y las comunidades afectadas. De esta manera, se aporta al mejoramiento de los procesos de gobernabilidad y democracia al interior de las comunidades de San Francisco y San Carlos (Antioquia), después del proceso de desminado humanitario.  

En cuanto a la dimensión económica, el proceso de Desminado Humanitario ha abierto puertas importantes en cuanto a la recuperación de los suelos para el desarrollo de las actividades productivas de la región. Asimismo, con la perspectiva de un territorio en paz a partir del Acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se han identificado nuevas potencialidades para el desarrollo económico de la población en el sector de servicios. De tal manera, estas experiencias pueden establecer bases estratégicas que permitan apropiar lecciones aprendidas para los nuevos procesos de restitución de tierras libres de la sospecha de minas antipersonal a las comunidades afectadas. Esto permitiría lograr una mayor sostenibilidad y sustentabilidad dentro del desarrollo económico y el capital social inherente a las poblaciones objeto del estudio.

En términos sociales, se evidenció el impacto que genera el proceso de restitución de tierras libres de la sospecha de minas antipersonal y la capacidad de resiliencia por parte de la población afectada para afianzar sus proyectos de vida y construcción comunitaria en las comunidades de San Francisco y San Carlos (Antioquia), después del proceso de desminado humanitario.

Finalmente, el componente militar permitió evidenciar la existencia de factores de riesgo en términos de seguridad ciudadana, los cuales continúan afectando a las comunidades de San Francisco y San Carlos (Antioquia), después del proceso de desminado humanitario.

Discusión o reflexiones

A pesar de todo el esfuerzo que ha realizado el Estado para la reforma de la tierra, ésta continúa siendo un generador de conflicto en Colombia, lo que no es sorpresivo ya que aproximadamente el 0.4% de los terratenientes poseen el 61% de la tierra rural, la cual ha persistido desde la era de la Colonia y ha aumentado en años recientes, ocasionando diferentes formas de conflicto relacionado con las tierras y de sus causas subyacentes de violencia como homicidios y desapariciones forzosas de personas.

Sin embargo, en términos de desarrollo social y económico para las sociedades, los procesos de desminado en Colombia no han sido efectivos dada la no continuidad de los apoyos de la cooperación internacional una vez han sido entregados los municipios como libres de sospecha de minas. Por lo tanto, en un proceso de pos-acuerdo se requiere estrategias que establezcan articulación de los procesos de DH con la política social y económica en los municipios que se están interviniendo, a fin de garantizar sostenibilidad económica y social en el tiempo.

El desminado humanitario es percibido como satisfactorio por diversos actores, dentro de los cuales está el Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (PAICMA), Ejército Nacional, Gobierno local y comunidad, permitiendo el regreso de personas al campo a través de la generación de confianza y ánimo, disminuyendo los accidentes por minas y la no implantación de minas en el territorio.

Conclusiones

Los tratados Internacionales para el desarme humanitario se consideran como un éxito de la sociedad ya que ofrecen una respuesta casi inmediata y una acción comprometida en la lucha contra la erradicación de MAP/MUSE/AEI, los cuales causan daños desproporcionados e indiscriminados contra la población violando los principios del Derecho Internacional Humanitario.

Gran parte de los resultados de remoción de minas antipersonal y artefactos explosivos se basaron en la destacada participación del Ejército Nacional, para organizar, asegurar y desarrollar las operaciones de desminado bajo los principios de la eficacia militar, articulando con éxito los múltiples componentes operativos y de aseguramiento que sostienen las operaciones de desminado, a través de una labor de coordinación permanente que abarca países donantes, organismos internacionales cooperantes, instancias administrativas de cooperación e instituciones nacionales de apoyo.

La experiencia de los procesos de desminado pone de presente la responsabilidad que debe asumir el Estado en su deber de reparar y evidencia los retos de reconstruir una sociedad devastada por la guerra, incluyendo entre otros, garantizar la seguridad a los habitantes, reparar la infraestructura y la institucionalidad pública destruida, implementar planes de desarrollo local orientados a reconstruir la economía local e impartir justicia.

Bibliographie

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Notes

1 Artículo producto de la investigación “Impacto socioeconómico del desminado humanitario. Análisis de los casos de restitución de tierras de las comunidades de San Francisco y San Carlos (Antioquia)”, financiada por la Universidad Militar Nueva Granada código INV-EES-2340. Bogotá, Colombia 2017.

2 Puede consultarse la Ley 759 del 25 de julio de 2002, por medio de la cual se dictan normas para dar cumplimiento a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción y se fijan disposiciones con el fin de erradicar en Colombia el uso de las minas antipersonal (Congreso de la República de Colombia, 2002). Asimismo, la Política de largo plazo en acción integral contra minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE) (Programa Presidencial parala Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2008); la Política nacional de acción integral contra minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) (Departameno Nacional de Planeación, 2009).

Para citar este documento

Luis Alfredo Cabrera Albornoz et William Pachón Muñoz «Impacto socioeconómico del desminado humanitario. análisis de los casos de restitución de tierras de las comunidades de San Francisco y San Carlos (Antioquia, Colombia)1», Trayectorias Humanas Trascontinentales [En ligne]. 2017, n° 1 Conflictos y procesos de paz: el caso de Colombia. Disponible en: <https://www.unilim.fr/trahs/365> (consultado el 19/01/2018)

Autores

Luis Alfredo Cabrera Albornoz

Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá, Colombia

luis.cabrera@unimilitar.edu.co

William Pachón Muñoz

Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá, Colombia

william.pachon@unimilitar.edu.co

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