¿Hasta qué punto la fundamentación teórica y metodológica en temas de seguridad integral, contribuye a la profesionalización de excombatientes en asuntos de seguridad?

Sandra Liliana Uribe Montaña , Luis Alfredo Cabrera Albornoz et William Pachón Muñoz

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Análisis

Si bien, el estudio de la seguridad como disciplina tiene su origen, y ha evolucionado teórica y metodológicamente, desde distintas áreas (Ciencias políticas, humanas, básicas y sociales) es, desde dichas áreas de estudio, que se da la aparición de las diversas categorías de la misma, entre ellas, la Seguridad Integral, SI, la cual cuenta con diversas e interesantes definiciones e interpretaciones generando una amplia discusión a nivel teórico y metodológico en su fundamentación, puesto que ésta se ve orientada al tema de seguridad y defensa nacional. Por esto, con el cambio dinámico actual, se da la necesidad de formación en seguridad en las Instituciones de Educación Superior, IES, siendo la Universidad Militar Nueva Granada, UMNG, pionera y principal referente en el contexto colombiano.

Sin embargo, en el escenario de pos-acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, surge la necesidad de vincular a los excombatientes en los distintos sectores económicos, lo que ha implicado que el gobierno desarrolle estrategias integrales que garanticen la inclusión social de estos actores, por medio de la profesionalización de saberes, entre ellos en el campo de la seguridad. Por lo tanto, la academia está llamada a unirse a estas acciones gubernamentales, a través de diseños pedagógicos que le permitan complementar los saberes adquiridos de la guerra a una profesión liberal, contribuyendo a la resocialización.

Evolución teórica y metodológica de la Seguridad Integral, SI

Aunque no se cuenta con una definición consensuada sobre seguridad, ésta se entiende como la minimización de riesgos, involucrando la toma de medidas de prevención frente a eventuales riesgos y amenazas externas, tales que pudieran provenir y afectar diversas áreas a nivel humano, social, público y mundial. Es decir, la seguridad no debe enfocarse en un tema específico, pues los cambios surgidos en los distintos momentos históricos como primera y segunda guerra mundial, las implicaciones de la guerra fría y el 9/11, han permitido la evolución constante del término, con la aparición de nuevas corrientes para que la seguridad sea vista como un todo.

Un todo reflejado en la categorización de la misma, con diversos tipos de seguridad como seguridad humana, pública, informática, seguridad y defensa nacional, entre otras, presentes en la vida cotidiana. Sectorización e interdependencia evidenciada con las definiciones de sus categorías; así, al recurrir a la Comisión sobre Seguridad Humana de las Naciones Unidas, “to protect the vital core of all human lives in ways that enhance human freedoms and human fulfillment. Human security means protecting fundamental freedoms – freedoms that are the essence of life”. (United Nations, Human Security Unit, 2009)

También se puede entender seguridad como “provisión de servicios de protección y vigilancia complementarias y suplementarias a los particulares que puedan pagar por ello, que reduzcan al mínimo los temores de ver comprometida la integridad física de los usuarios” (Ministerio de Gobernación de Guatemala), haciendo referencia a seguridad privada. Por otra parte, (Ramírez, 2005) dice que la seguridad Industrial es, más que una simple situación de seguridad física, una situación de bienestar personal, un ambiente de trabajo idóneo, una economía de costos importantes y una imagen de modernización y filosofía de vida humana, en el marco de la actividad laboral.

Interdependencia de estas definiciones ha conllevado a diferentes autores y personas especializadas en estudios de seguridad, a que hablen de quizás una nueva categoría llamada Seguridad Integral, lo que hace importante la aclaración del término y, por ende, recalcando el uso del material teórico y metodológico con el que ésta cuenta debido a su reciente aparición, para hacer frente a los distintos retos en seguridad y los cambios doctrinales de los Estados, organizaciones o actores.

“En este sentido, concebimos la Seguridad Integral como una lógica de acción proactiva y defensiva, que trasciende ampliamente la clásica dimensión de la Seguridad Nacional, destacando la necesidad de incidir –para garantizar dicha Seguridad– sobre los sistemas energéticos, sanitarios, alimentarios, medioambientales, de infraestructuras, tecnológicos, militares y de la Seguridad Interior, debiendo ser promovida coordinadamente desde los instrumentos de gestión pública en el ámbito político-institucional, técnico, diplomático y de Inteligencia para el desarrollo de estrategias preventivas, así como de respuestas ejecutivas de variado alcance, con el objetivo último de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y la seguridad de los consumidores, amparar el respeto de los Derechos Humanos y proteger el ejercicio de los derechos democráticos. (Fundación Alternativas, 2009: 8)

Definición que involucra diferentes actores a nivel nacional e internacional y dimensiones más allá de lo militar y económico como base de la seguridad, que como su nombre en inglés, Comprehensive Security, lo indica, corresponde a seguridad comprensiva en los contextos particulares.

Uno de los principales organismos pioneros en la seguridad integral, es la Organization for Security and Cooperation in Europe, el cual mediante diferentes conferencias y reuniones definió y aplicó esta nueva categorización, con el fin de lograr una región pacífica, dejándose ver mediante el Documento de Lisboa de 1996, de manera más clara, los principales lineamientos para un modelo de Comprehensive Security.

Aunque no se da una definición clara de la misma, sí hace referencia a los distintos actores y elementos principales que la componen; entre éstos, las instituciones europeas y trasatlánticas, las especializadas en el campo y los diferentes Estados. Entrelazando temas de gran importancia en la agenda como lo son el control de armas, limpieza étnica, derechos humanos y democracia, así:

“Should focus on identifying the risks to security arising from economic, social and environmental problems, discussing their causes and potential consequences, and draw the attention of relevant international institutions to the need to take appropriate measures to alleviate the difficulties stemming from those risks” (Organization for Security and Co-operation in Europe, 1996)

Es decir, la aplicación de la seguridad integral apunta, debe estudiarse y analizarse en distintas situaciones a las que pueda ser dada, análisis de los actores y posibles consecuencias de una acción que implique riesgos a la comunidad, traspasando las fronteras y limitaciones que supone la aplicación regional. Ya lo manifiesta (Rieker, 2005), “the need for a comprehensive security approach that can go beyond the traditional distinction between external and internal security, and between civilian and military instruments”.

Aunque las instituciones gubernamentales e internacionales son las que hacen mayor referencia a la Seguridad integral, su fundamentación está disipada, generando la necesidad de crear las bases teóricas y metodológicas con una profunda mirada ante las presentes fisuras que deben irse extinguiendo con la constante aparición de la conceptualización, argumentación y análisis de las experiencias.

Estrategias para Reintegración

Note de bas de page 1 :

Decreto 314 de 1990 por el cual se crea el Consejo Nacional de Normalización.

Note de bas de page 2 :

Decreto 2546 de 1999.

El Estado colombiano comenzó a allanar el camino para la reincorporación de excombatientes a la vida civil, desde 1990, cuando se creó el Consejo Nacional de Normalización1; desde entonces, se realizaron programas de reinserción supervisados y evaluados, y contaba con recursos económicos para su gestión. En 1991, este servicio se incorporó al Plan Nacional de Rehabilitación – PNR que estaba vigente desde 1982. Luego, a propósito de la firma de los procesos de paz con el M-19, el PRT, el EPL y el MAQL, en 1993, se conformó el Comité de Consultas y Concertación que retomó la mayoría de las acciones del Consejo de Normalización, para atender a las personas que salieron de la insurgencia. En 1994, las funciones del PNR se trasladaron a la Secretaría Especial para la Reinserción de la Red de Solidaridad Social y, luego, se creó la Dirección General para la Reinserción en el Ministerio del Interior2, con la función principal de coordinar y dirigir la acción del Estado para el desarrollo del Programa de Reinserción.

Note de bas de page 3 :

Decreto 200 de 2003 Programa para la Reincorporación a la Vida Civil a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia.

Note de bas de page 4 :

Departamento Nacional de Planeación - Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento CONPES 3554 que define la Política Nacional de Reintegración Social y Económica, con el objetivo de “reintegrar social, comunitaria y económicamente a las personas que se desmovilizan de los GAI (grupos armados ilegales)”. 01 de diciembre de 2008.

Note de bas de page 5 :

De conformidad con el Decreto 4138 de la Presidencia de la República.

Para 2003, se creó el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil3 y, en 2006, evoluciona para atender las nuevas exigencias del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, dando origen a la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, pasando de ser un programa de reincorporación (corto plazo) a un Proceso de Reintegración (largo plazo), con mayor alcance en cobertura y gestión, y con mejores herramientas. En 2008, el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración, DDR, se convierte en política de Estado con el documento CONPES4 3554, y, para 2011, nace la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR)5, con personería jurídica y patrimonio autónomo.

Finalmente, en 2016, se define la Ruta de Reintegración como el:

“conjunto de condiciones, beneficios, estrategias, metodologías y acciones definidos por la ACR para Personas y Grupos Alzados en Armas, concertados con la persona en proceso de reintegración, para promover el desarrollo de capacidades, la superación de la situación de vulnerabilidad y el ejercicio autónomo de la ciudadanía.” (Resolución 1356 de 2016)

En junio de 2012, el primer participante concluye exitosamente su paso por esta Ruta. Al finalizar el año ya lo habían hecho 812 personas y, para junio de 2014, 5.574 personas habían culminado este proceso.

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Figura 1. Dimensiones Ruta de la Reintegración

Nota: Recuperado de: http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/Paginas/dimensiones.aspx

Note de bas de page 6 :

En cuanto a los beneficios económicos, la Resolución 163 de 2011 reglamenta y da alcance a los artículos 3, 4, 5 y 6 del Decreto 1392 de 2011.

El documento CONPES 3554 establece siete acciones específicas en el DDR para cada Persona en Proceso de Reintegración – PPR: 1) Resolver la situación jurídica; 2) Brindar atención psicosocial; 3) Promover estilos de vida saludables; 4) Participar en el sistema educativo formal; 5) Construir capacidades para la inserción en el mercado laboral y la generación de ingresos; 6) Promover la convivencia y la reconciliación en las comunidades receptoras; 7) Fortalecer la política de Estado para la reintegración. En 20116, la ACR reglamenta los requisitos para el acceso y los procedimientos de suspensión de los beneficios sociales y económicos de las PPR, con dinámicas de corresponsabilidad y diálogo. Por ejemplo, hizo obligatorio el cumplimiento de los compromisos para continuar en el programa ya que antes era voluntario; estableció límites en la duración de las PPR en las fases del proceso, evitando así la participación indefinida con que lograban prolongar los beneficios económicos, causando un efecto perverso de dependencia y de utilización inapropiada de los recursos públicos; adoptó un enfoque comunitario, para conseguir participación e impactar positivamente las poblaciones afectadas por el conflicto armado.

El énfasis de la Ruta es el desarrollo de las capacidades de las PPR para que encuentren una vida sostenible en la civilidad, en forma autónoma y digna; por esto, cada PPR y la ACR establecen las metas y logros que debe alcanzar en su proceso de Reintegración. Con una perspectiva multidimensional, se incluyen las diferentes variables y actividades que inciden en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades del individuo y de su grupo familiar.

La ACR valora a la PPR individualmente, para reconocer la influencia de su contexto social y cultural, y de las experiencias vividas durante el conflicto, y establecer el plan de trabajo en sus 8 dimensiones: 1) Personal, a partir de la re-significación positiva de las vivencias para superar los malestares psicológicos y dificultades, fortalecer los vínculos sociales y fomentar la calidad de vida; 2) Productiva, para forjar las capacidades que faciliten su inserción económica y, junto con su grupo familiar, disfrute de sus derechos económicos, según sus expectativas y en el entorno en que se desenvuelve, incentivando las habilidades, experiencia y necesidades de cada PPR; 3) Familiar, el reto es potenciar el rol de la familia, como espacio fundamental de socialización y entorno protector, incentivar la convivencia familiar sana, y la promoción y protección de los derechos y deberes familiares; 4) Hábitat integral: comprende la vivienda como hecho físico, y como activo prestacional y simbólico para superar la situación de vulnerabilidad, 5) Salud, facilitando el acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud, para atender el fuerte impacto que genera un conflicto armado en la salud física, mental y social de los individuos; 6) Educativa, para facilitar el desarrollo personal y social, superar la situación de vulnerabilidad y tener acceso a oportunidades productivas; 7) Ciudadana, porque las PPR requieren comprender y resignificar el estatus de ciudadanía, y ejercerla en forma activa, participativa y transformadora; además, restablecer la confianza en los mecanismos y canales institucionales, y revertir la renuncia y auto marginación que asumieron al momento de ingresar a los GAOML; 8) Seguridad, que promueve el retorno de la PPR a la legalidad, de forma sostenible, contribuyendo a la paz, la seguridad y la convivencia ciudadana. Esta dimensión se enfoca en la prevención de la victimización y de la reincidencia, fomentando los factores protectores y el conocimiento de las acciones pertinentes cuando se ve amenazada la seguridad de las PPR.

Note de bas de page 7 :

Camperos, M. (2008: 807).

Las necesidades del mundo actual exigen que las IES formen personas competentes para el desempeño en el campo profesional y la actividad social, toda vez que el solo ejercicio académico y la adquisición de conocimientos no garantizan el dominio y las competencias profesionales, menos si esa formación se hace por saberes aislados, sin un hilo integrador que permita aprehender la complejidad e interrelaciones de funciones y sistemas propios del ejercicio profesional y social.7

Es así como el desarrollo del Estado Colombiano trae consigo nuevos retos y oportunidades para sus ciudadanos, quienes requieren de mejores competencias para responder a las nuevas perspectivas mundiales y a las necesidades del País y la región. En la medida en que estas oportunidades de desempeño son más exigentes, la educación superior se convierte en un proceso decisivo para el logro de estas competencias, de tal forma que el esfuerzo principal del Estado Colombiano debe centrarse en los retos fundamentales de la educación superior para: ampliar la cobertura, mejorar la equidad, aumentar la calidad y la pertinencia, mejorar las prácticas gubernamentales y la correcta administración de los recursos.

A fin de alcanzar estos propósitos se debe hacer un esfuerzo colectivo al interior del Estado, que permita centrar la educación superior como un eje que satisfaga las necesidades de estudiantes, egresados y de la sociedad en general, tomando valor la calidad y la pertinencia de los programas y la capacidad institucional de quienes los generan. Por este motivo y teniendo en cuenta el nuevo horizonte para la educación superior en el País, las IES, deciden hacerse participes en este objetivo de Estado, a través de un sistema educativo alineado bajo directrices nacionales y concebidas como:

Note de bas de page 8 :

Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 (Visión Plan Decenal de Educación).

“Un proceso de formación integral, pertinente y articulado con los contextos local, regional, nacional e internacional que desde la cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la tecnología y la producción, contribuyan al justo desarrollo humano, sostenible y solidario, con el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos, y alcanzar la paz, la reconciliación y la superación de la pobreza y la exclusión”.8

Con la intención de contribuir a la formación de profesionales en seguridad como ciudadanos integrales, solidarios y autónomos capaces de aportar la transformación de la realidad social, política y económica del país, algunos programas recogen las tendencias y orientaciones de la seguridad integral bajo el entendido mundial de la necesidad de una planificación global que permita el desarrollo de un esquema amplio de investigación e innovación, que facilite la aplicación de variadas metodologías y herramientas para la protección de activos y servicios vitales e infraestructuras críticas en las organizaciones empresariales públicas o privadas, a fin de minimizar las vulnerabilidades, detectar las amenazas y disminuir los factores de riesgo desde la prevención, mediante el empleo de modelos y estándares de gestión nacionales e internacionales.

La actual era de globalización, donde las amenazas transnacionales son transferibles a través de fronteras porosas y diversas culturas internacionales, las organizaciones públicas y privadas requieren de un idioma común en materia de seguridad para asegurar la protección de sus activos vitales y la continuidad del objeto de negocio. Para lograr este concepto de seguridad integral, es necesaria la aplicación de mejores prácticas exigidas para los miembros de la industria de la seguridad. Es así como las organizaciones empresariales nacionales y multinacionales buscan cada vez más profesionales de seguridad, no solamente certificados por organismos aceptados internacionalmente; por el contrario, requieren de profesionales con formación en educación superior que acredite competencias para hacer frente a nuevos desafíos y riesgos identificados como propensos de afectarlas.

De esta manera, se percibe que la tendencia actual en la industria de la seguridad es la educación superior, la que, combinada con la obtención de certificaciones internacionales, mejorará el perfil exigido a los profesionales de la seguridad en el mercado global. De tal forma que los expertos en seguridad con titulación en educación superior en esta área de desempeño, validarán los conocimientos y la experiencia de trabajo. De igual manera, los miembros de la seguridad con poca experiencia laboral acreditada, podrán ampliar el campo de acción profesional y garantizarán una comprensión integral de los conocimientos relacionados con la seguridad integral.

Note de bas de page 9 :

Art 4. Decreto Número 1512. Agosto de 2000.

El desarrollo del planteamiento “Prosperidad para Todos” toma especial relevancia en lo relativo a seguridad, como una nueva estrategia que responda a las características que han tomado las amenazas y el dimensionamiento real del Estado general de la Seguridad y la Defensa en la actualidad. En este sentido, el Gobierno Nacional dio inicio a un proceso de revisión a las características particulares de las amenazas y el grado de riesgo que éstas significan para la Nación. Dado que el reto es consolidar la paz en un ambiente de prosperidad para todos los ciudadanos y la seguridad alcanza un rol protagónico en el camino hacia ésta, el Gobierno ha señalado la importancia de diseñar una política que responda a una serie de responsabilidades, consideradas como determinantes para el éxito general de la “Prosperidad Democrática”. Éstas incluyen la consolidación de la seguridad y la derrota de los grupos armados al margen de la ley, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la mejora sustancial de la Seguridad Ciudadana, la Defensa Nacional y la modernización del sector defensa.9

Note de bas de page 10 :

Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL) - Caracterización de las Amenazas Transnacionales a la Seguridad.

Para lograr cumplir con los objetivos, las IES deben tener en cuenta las principales amenazas consideradas por la comunidad mundial como transnacionales y que sirven como base para la elaboración de sus planes de estudio, dentro de las cuales se encuentran:10

  • Los conflictos armados.

  • El terrorismo.

  • El narcotráfico.

  • El crimen organizado transnacional.

  • Proliferación de armas de destrucción masiva.

  • Contrabando de armas, materiales y sustancias críticas.

  • El desarrollo y transferencia ilegal de tecnologías sensibles de uso dual.

Note de bas de page 11 :

Manuel Sánchez Gómez-Merelo, Consultor Internacional de Seguridad, Presidente de GET (Grupo Estudios Técnicos) y Vicepresidente de la Asociación para la Protección de Infraestructuras Críticas (APIC) España.

Con el propósito de satisfacer necesidades propias y de organizaciones públicas o privadas en el ámbito nacional, regional e internacional bajo el entendido mundial de una seguridad integral definida como: las tendencias mundiales que obligan a la convergencia de las seguridades y la planificación global, así como el desarrollo amplio de un esquema sobre la innovación en seguridad y los factores de protección, las metodologías apropiadas de inteligencia y seguridad para minimizar las vulnerabilidades, detectar amenazas y disminuir los factores de riesgo desde la prevención. Todo ello, desde la perspectiva de los nuevos retos y demandas de seguridad para la protección de servicios, activos vitales e infraestructuras críticas - estratégicas y sus propuestas en el ámbito local y global.11

Metodología

En la medida de realizar la respectiva estructuración y análisis de la investigación, se ha utilizado un enfoque descriptivo con bases, teorías y concepciones desarrolladas en los asuntos de seguridad, manejando una investigación explicativa y documental, teniendo en cuenta la perspectiva social de la Seguridad Integral y dando importancia a su aplicación en las IES en el pos-acuerdo, con miras a la profesionalización. Lo anterior, sin dejar de lado la población excombatiente, el papel del Estado, el rol de los diversos actores estatales y no estatales, y la aplicación de estrategias integrales de inclusión social.

Resultados o hallazgos

El pos-acuerdo tiene en cuenta el desarrollo de capacidades para que los excombatientes encuentren una vida sostenible, autónoma y digna en la civilidad, considerando diversas dimensiones del ser. En específico, la dimensión educativa está orientada a “fomentar las capacidades de las personas en proceso de Reintegración y de los miembros de su grupo familiar para alcanzar niveles educativos, acordes con un contexto, que posibiliten su acceso y permanencia en entornos productivos y el desarrollo de su proyecto de vida” (Agencia para la Reintegración y la Normalización).

En la ejecución, la capacitación se ha enfocado en programas educativos básicos y técnicos, quedando pendiente por fomentar la educación hacia la profesionalización de los saberes de los excombatientes, de manera que el beneficio sea maximizado a largo plazo, tanto para el sujeto como para el Estado, toda vez que esta herramienta contribuye a elevar la calidad de vida del primero, y al desarrollo nacional y la sostenibilidad de la paz, para el segundo.

Discusión o reflexiones

De tal manera, es importante conocer y fomentar la participación de las distintas IES en la profesionalización de saberes del pos-acuerdo y haciendo énfasis principal en la seguridad. Asimismo, establecer las estrategias que proponen, tanto para incluir como para minimizar la deserción de excombatientes, y validar los mecanismos para que la comunidad educativa los acoja, ya que es población vulnerable.

Lo anterior, observando su articulación con el Plan Nacional Decenal de Educación como un “acuerdo nacional que comprometa al gobierno, los diferentes sectores de la sociedad y la ciudadanía, para avanzar en las transformaciones que Colombia requiere desde la educación” (MinEducación), teniendo presente los retos que esta conlleva en inclusión y consolidación de la paz.

Conclusiones

Teniendo en cuenta la evolución de la seguridad y la importancia de ésta en la vida cotidiana, el desarrollo cultural, social, cultural y económico, es de gran relevancia incentivar la formación de la misma en IES, en las que se dé la oportunidad para enfrentar los nuevos retos y oportunidades, de la mano de la profesionalización a excombatientes, fomentando la inclusión y a nivel coyuntural el DDR y las diversas políticas y estrategias de inclusión.

Esto por medio de la formación en Seguridad Integral, siendo una de las más apropiadas en este sentido, debido a sus diversos actores y su carácter multidimensional, entretejiendo temas como el control de armas, limpieza étnica, derechos humanos y democracia, haciéndola una seguridad integral en los contextos particulares.

Profesionalización que, de la mano de estrategias de reintegración, lograría con grandes esfuerzos la resocialización e inclusión del personal excombatiente para que, por medio de los asuntos de seguridad, logren complementar y contribuir en el desarrollo del país, en distintos sectores, así como contribuir con el fortalecimiento de la Seguridad Integral como disciplina, logrando una fundamentación teórica, pedagógica y metodológica mucho menos vaga con un seguimiento estratégico, fuerte y constante de ciertas directrices, que permitan los diferentes procesos de la enseñanza y aprendizaje en las aulas de educación superior, y que por medio de debates, análisis y producción textual se enfrenten los retos que implica hablar de seguridad con excombatientes.

De tal manera que la formación integral esté dirigida a la prosperidad y desarrollo del Estado Nacional, obteniendo beneficios de los conocimientos y experiencias, aplicados en las IES con un enfoque de paz y reconciliación por medio del cual se puedan consolidar y mejorar los diversos aspectos de la seguridad, considerando las amenazas existentes y las que puedan aparecer en un futuro con la evolución de la sociedad y el cambio de naturaleza de los conflictos o situaciones sociales.

Bibliographie

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Rieker, P. (2005). From Common Defence to Comprehensive Security Towards the Europeanisation of French Foreign and Security policy? Recuperado el 22 de Junio de 2017, de https://www.files.ethz.ch/isn/27828/691.pdf

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Vedross, A., & Truyol y Serra, A. (1982). Derecho Internacional Público. Madrid: Aguilar.

Notes

1 Decreto 314 de 1990 por el cual se crea el Consejo Nacional de Normalización.

2 Decreto 2546 de 1999.

3 Decreto 200 de 2003 Programa para la Reincorporación a la Vida Civil a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia.

4 Departamento Nacional de Planeación - Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento CONPES 3554 que define la Política Nacional de Reintegración Social y Económica, con el objetivo de “reintegrar social, comunitaria y económicamente a las personas que se desmovilizan de los GAI (grupos armados ilegales)”. 01 de diciembre de 2008.

5 De conformidad con el Decreto 4138 de la Presidencia de la República.

6 En cuanto a los beneficios económicos, la Resolución 163 de 2011 reglamenta y da alcance a los artículos 3, 4, 5 y 6 del Decreto 1392 de 2011.

7 Camperos, M. (2008: 807).

8 Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 (Visión Plan Decenal de Educación).

9 Art 4. Decreto Número 1512. Agosto de 2000.

10 Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL) - Caracterización de las Amenazas Transnacionales a la Seguridad.

11 Manuel Sánchez Gómez-Merelo, Consultor Internacional de Seguridad, Presidente de GET (Grupo Estudios Técnicos) y Vicepresidente de la Asociación para la Protección de Infraestructuras Críticas (APIC) España.

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Para citar este documento

Sandra Liliana Uribe Montaña , Luis Alfredo Cabrera Albornoz et William Pachón Muñoz «¿Hasta qué punto la fundamentación teórica y metodológica en temas de seguridad integral, contribuye a la profesionalización de excombatientes en asuntos de seguridad?», Trayectorias Humanas Trascontinentales [En ligne]. 2017, n° 1 Conflictos y procesos de paz: el caso de Colombia. Disponible en: <https://www.unilim.fr/trahs/336> (consultado el 19/01/2018)

Autores

Luis Alfredo Cabrera Albornoz

Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá – Colombia

luis.cabrera@unimilitar.edu.co

William Pachón Muñoz

Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá – Colombia

william.pachon@unimilitar.edu.co

Sandra Liliana Uribe Montaña

Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá – Colombia

sandra.uribe@unimilitar.edu.co

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