Informe sobre la situación de derechos humanos en el arco minero y el territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco

Centro para la Reflexión y Acción Social (CERLAS)

Índice geográfico : Venezuela

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Texto integral

Elaborado por la agrupación ciudadana Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, el Centro para la Reflexión y Acción Social (CERLAS) y Colaboradores, en el marco de la visita que realizara el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a Venezuela el 19 de junio de 2019.

Caracas, agosto 2019

Abreviaturas

A.M.O.: Arco Minero del Orinoco
ABRAE: Áreas Bajo Régimen de Administración Especial
BCV: Banco Central de Venezuela
CCGPP: Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón
CICPC: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
CRBV: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
DGCIM: Dirección General de Contrainteligencia Militar
ELN: Ejército de Liberación Nacional
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual
FANB: Fuerza Armada Nacional Bolivariana
GNB: Guardia Nacional Bolivariana
MPPS: Ministerio del Poder Popular Para la Salud
NNA: Niños, Niñas y Adolescentes
ONG: Organización No Gubernamental
OPS: Organización Panamericana de la Salud
PNC: Parque Nacional Canaima
PNY: Parque Nacional Yapacana
RAISG: Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada
SEBIN: Servicio Bolivariano de Inteligencia
TSJ: Tribunal Supremo de Justicia

Note de bas de page 1 :

República Bolivariana de Venezuela. Decreto N° 2.248. Gaceta Oficial No 40.855, 24 de Febrero de 2016. http://www.mindefensa.gob.ve/UGEFANB/wp-content/uploads/2017/08/Gaceta-Ofi-cial-40.855-del-24FEB2016-Reduccion-30.pdf

El 24 de febrero del año 2016, el Ejecutivo nacional decretó la Zona Estratégica de Desarrollo Arco Minero del Orinoco (Decreto 2.248)1, en el cual se dedica una enorme área (111.843,70 km², 12,2% del territorio venezolano) para el estímulo de las actividades asociadas a los recursos minerales que posee el país. Con la promulgación de este decreto, y otros decretos emitidos previa o posteriormente, se sentaron las bases para la legalización de una dinámica de extracción de minerales en Venezuela que combina el marco jurídico/institucional para la implementación de la megaminería (grandes proyectos con apertura a inversiones extranjeras directas), con la instauración de un orden, penetrado con lo paraestatal, que controla la minería a pequeña y mediana escala.

El Arco Minero del Orinoco (A.M.O) constituye actualmente no solo un proyecto económico de desarrollo minero, sino una situación socio-ambiental de enormes proporciones que pone en riesgo la viabilidad e integridad del propio país. El A.M.O. ha potenciado el incremento de la extracción minera informal e irregular en los estados Bolívar y Amazonas, expandiéndose más allá de la poligonal que establece originalmente el decreto de su creación, abarcando en múltiples focos, una parte considerable del territorio ubicado al sur del Orinoco. La expansión acelerada de violentas dinámicas extractivistas que están teniendo lugar en los territorios al sur del Orinoco, están afectando profundamente la gobernabilidad y seguridad de la región y corrompiendo el tejido social. En esta zona, la violación de derechos fundamentales de comunidades indígenas y rurales, es sistemática y ampliamente extendida, y está estrechamente relacionada con la práctica de la minería de pequeña y mediana escala, la cual se ha auspiciado y multiplicado desde el año 2016. Asimismo, se están afectando irreversiblemente ecosistemas diversos y delicados de la Amazonia y Guayana venezolana.

El presente documento tiene como propósito describir los impactos negativos y lesivos a la población que habita dentro y fuera de los márgenes del territorio A.M.O., así como también la apropiación por parte de los poderes gubernamentales y militares, de nuestras riquezas naturales y de los territorios al sur. Otro aspecto que trataremos es el referente a la violación de derechos ambientales y afectaciones en este ámbito por el proyecto A.M.O. Dedicaremos un apartado a detallar el contexto de criminalidad y violencia del orden paraestatal que se impone en esos territorios. Igualmente, tocaremos temas como la crisis sanitaria relacionada con la proliferación de la minería, de la que ha surgido una epidemia de malaria que ha traspasado las fronteras venezolanas. También haremos referencia a las condiciones de vida de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, afectadas y afectados de forma diferenciada en este contexto.

Caso de solicitud de nulidad del decreto 2.248: retardo procesal y denegación de justicia

Note de bas de page 2 :

Introducido ante el TSJ Recurso de Nulidad contra el Decreto del Arco Minero del Orinoco. 1 de junio de 2016. noticiasdenuevaesparta.blogspot.com/2016/06/introducido-ante-el-tsj-recurso-de.html

Este informe se realiza en el marco de un silencio judicial que ha persistido en torno a la demanda interpuesta por un grupo de ciudadanos, el 31 de mayo del año 20162, con la cual se solicitó la nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad del decreto 2.248, tres meses después de la promulgación del mismo.

Note de bas de page 3 :

Admitida Demanda de Nulidad contra el Arco Minero del Orinoco. Aporrea.org. 21/06/2016.
https://www.aporrea.org/pachamama/n292679.html

Note de bas de page 4 :

Gaceta Oficial Nro. 39.451, 22/06/2016, Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa http://www.contraloriaestadotachira.gob.ve/site//uploads/pdf/normativa_legal/Ley%20Organica%20de%20la%20Jurisdiccion%20Contencioso%20Administrativa%202010.pdf

El 21 de junio de 2016, la demanda, apoyada por varias organizaciones de la sociedad civil, fue admitida por el TSJ, decisión que estuvo acompañada por una serie de medidas de notificación a las partes interesadas3. Los requisitos solicitados para iniciar esta fase, es decir, la emisión y publicación en algún diario de circulación nacional de los carteles correspondientes por parte del TSJ fueron denegadas. Después de casi 3 años cumplidos, la sala político-administrativa del TSJ emitió la orden de publicación de los carteles el 15 de diciembre de 2018, violentando abiertamente lo establecido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa4 para la respuesta de este tipo de solicitudes (además de violentar toda noción de plazo razonable).

Note de bas de page 5 :

Sala Político-Administrativa del TSJ declara el "Desistimiento Tácito" de la demanda sobre el Arco Minero del Orinoco https://www.aporrea.org/pachamama/n342962.html

Los antecedentes de silencio institucional y denegación de justicia, así como las maniobras judiciales del TSJ, evidencian una actuación deliberada orientada a dificultar el acceso a la justicia y desalentar su exigencia. Actualmente, el recurso de nulidad constitucional solicitado en mayo de 2016 se encuentra desestimado por “desistimiento tácito” de los demandantes5.

Aunque ciertamente la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 81 establece: “El incumplimiento de las cargas antes previstas, dará lugar a que el tribunal declare el desistimiento del recurso y ordene el archivo del expediente, salvo que dentro del lapso indicado algún interesado se diera por notificado y consignara su publicación”. La Sala no ofreció ninguna explicación de por qué demoró casi 3 años en emitir el cartel con el cual se convocaría a todo interesado en este proceso judicial, aún sin ser el accionante o el demandado a participar en el mismo, justamente por tratarse de intereses colectivos y difusos. En el fallo, la instancia informó que apenas fue el 12 de diciembre de 2018, es decir dos años y siete meses después de la presentación del recurso de nulidad. Este paso debería darse en cuestión de días.

Note de bas de page 6 :

Con un formalismo desechan acción del chavismo disidente contra el Arco Minero
https://supremainjusticia.org/2019/02/25/con-un-formalismo-desechan-accion-del-chavismo-disidente-contra-el-arco-minero/

La actuación de la Sala Político Administrativa, en este caso, va a contracorriente de lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución, el cual establece que “toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”, y además ordena al Estado a garantizar “una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” 6.

La ausencia de pronunciamiento del TSJ supone al final un aval para que continúen las explotaciones, la mayoría de ellas ilegales y sin ningún tipo de respeto por el medio ambiente.

Capítulo I. Situación jurídica y socio-territorial de comunidades indígenas

Violación del derecho a la consulta previa libre e informada

El A.M.O. se extiende desde el río Apure –territorio pumé– pasando por Palital, donde hay asentamientos kari’ña frente a Ciudad Guayana, hasta el límite con el estado Delta Amacuro en la zona conocida como Barrancas –habitada por waraos– en su margen izquierda. Mientras que en la margen derecha se extiende hacia el río Cuyuní –área arawak, pemón y kari’ña–; a la zona de influencia del Parque Nacional Canaima –territorio pemón–; al río Paragua habitado en sus márgenes por los pueblos pemón, sapé y tierra de los últimos uruak y arutani– y luego se amplía hacia el río Aro habitado por kari’ñas. Desde el Aro avanza hacia la cuenca del Caura –área ye’kwana y sanemá– la cual atraviesa y sigue hacia el Monumento Natural Sierra de Maigualida –territorio hotï– hacia el Cuchivero –habitado por eñe’pa-panare– y va hacia el río Parguaza –área wánai-mapoyo y piaroa– de donde regresa al punto original y en cuyo lugar también hay ocupación estacional por parte de los hiwi.

Parte del reconocimiento internacional hacia los pueblos indígenas se ha fundamentado en derechos que admiten que dichas comunidades poseen cosmogonías y culturas distintas a las predominantes. Entre los más relevantes, se cuenta el derecho a la consulta previa que los reconoce como pobladores originarios de territorios y con los cuales se debe tener un diálogo equitativo y democrático, si se tiene la intención de intervenir en las zonas donde habitan. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo oficial de la ONU que regula estas dinámicas, establece en su Convenio N°169 que “La aplicación adecuada del derecho a la consulta implica un proceso cualitativo de negociaciones de buena fe y diálogo, mediante el cual el acuerdo y consentimiento, de ser posibles, pueden lograrse.

Un proceso de consulta previa, en una extensión de territorio como la que contempla el A.M.O., representa una enorme complejidad por afectar directamente a una gran diversidad de comunidades que poseen lenguas y organizaciones sociopolíticas diferenciadas.

El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar y realizar el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas que se vean directamente afectados, no sólo en el aprovechamiento de sus recursos naturales sino en su integridad social y cultural, siguiendo los basamentos y parámetros establecidos en el artículo 120 de la CRBV, los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas y el artículo 32 de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Estos instrumentos contemplan la inclusión de todas las comunidades afectadas, el respeto a las culturas indígenas y a sus tiempos y el diálogo en el propio idioma de las comunidades. Significa que para cumplir con este requisito constitucional, el Estado venezolano está obligado a realizar no uno, sino múltiples procesos de consulta previa, libre e informada, ajustados a los idiomas y patrones culturales de cada uno de los pueblos indígenas afectados por el proyecto.

La búsqueda de aprobación del A.M.O. por parte del gobierno de Nicolás Maduro, ha sido y sigue siendo la de difundir información parcial respecto al proyecto y concretar apoyos puntuales de algunos sectores indígenas, pero sin realizar ni presentar estudios de impacto ambiental y socio cultural. El proyecto se oficializó y comenzó a ejecutar a inicios de 2016, sin ningún tipo de consulta anterior que considerara el tiempo debido y los protocolos adecuados para garantizar los derechos de los pobladores de la región. Por otra parte, no es posible realizar una consulta informada a las comunidades indígenas sobre las posibles consecuencias del aprovechamiento minero en sus hábitats y en sus dinámicas sociales-culturales, si no se han realizado previamente los estudios de impacto socio-ambiental.

Note de bas de page 7 :

Rodríguez, I. y Aguilar-Castro, V (2018). “Derechos indígenas y los proyectos de desarrollo al sur del Orinoco”. En: Una Mirada al Soberbio Sur del Orinoco. Entendiendo las Implicaciones del Arco Minero. Revista Explora. Edición Especial. Junio de 2018. https://issuu.com/grupoexplora/docs/1.-_edici_n_amo_final_30_mayo_2018

El Ejecutivo nacional ha pretendido dar por realizado el proceso de consulta previa, mediante la realización de una serie de encuentros políticos, algunos televisados, en los que participaron algunas representantes de comunidades indígenas que tienen vinculaciones con instituciones estatales, dándolo por “concluido” en lapsos extremadamente breves. Dichos actos no han cumplido con las normativas y estándares nacionales e internacionales que rigen la figura de la consulta previa, libre e informada, ni han contado con el apoyo o consentimiento de todas las comunidades o pueblos, de acuerdo con las obligaciones en la materia. Una cosa es informar de manera sesgada, y otra es consultar en el sentido estricto de la palabra. Hasta la fecha, el Ejecutivo Nacional lo que ha hecho es imponer el proyecto sin cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades indígenas (LOPCI) y por los pactos internacionales firmados por Venezuela en materia de derechos indígenas7.

Note de bas de page 8 :

La Amazonía en disputa: agencias políticas y organizaciones indígenas de la Amazonía venezolana frente al Arco Minero del Orinoco. Julimar Mora Silva, Fidel Rodríguez Velásquez. Polis Revista Latinoamericana, No 52. 24 de abril de 2019. http://polis.ulagos.cl/index.php/polis/article/view/1367

Entre 2016 y 2018 hubo pronunciamientos (Comunicados) y manifestaciones (Asambleas) de rechazo y cuestionamiento al A.M.O. y al modelo minero desarrollado en el territorio por parte de organizaciones indígenas, tales como: ORPIA, KUYUJANI, OIPUS, OIYAPAM, Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM), Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón (CCGPP), Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas (COIBA), Federación Indígena del Estado Bolívar (FIEB), Organización Ye‘kwana del Alto Ventuari (KUYUNU), la Organización Indígena Jivi Kalievirrinae (OPIJKA) y la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas (WANAALERU)8.

Militarización del territorio y expansión del poder militar

Con la promulgación del decreto 2.248 se formaliza la zona económica A.M.O y la militarización de una superficie superior al 12% del territorio nacional, incluyendo territorios indígenas y Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) que, de conformidad con lo establecido en la CRBV y demás leyes orgánicas de la República, no pueden ser intervenidos sin procedimientos técnicos y de participación ciudadana previos.

El decreto 2.248 le otorga facultades especiales a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para “salvaguardar, proteger y mantener la continuidad armoniosa de las operaciones y actividades de la industria estratégica” (artículos 12 y 13), dándole libertad de impedir o reprimir cualquier tipo de protesta u oposición contra el proyecto por ser consideradas como “actuaciones tendientes a la obstaculización de las operaciones...” (artículo 25).

Note de bas de page 9 :

República Bolivariana de Venezuela. Decreto N° 2.165. Gaceta Oficial Nº 6.210, 30 de diciembre de 2015. Caracas, Venezuela.
http://www.bod.com.ve/media/97487/GACETA-OFICIAL-EXTRAORDINARIA-6210.pdf

Un antecedente importante lo representa la ley de exploración y explotación del oro9, que en su artículo 38 establece a las minas y sus alrededores como Zonas de seguridad directamente administradas por el Ministerio de la Defensa. Esto alcanza enormes dimensiones al comprender toda la zona del A.M.O. como un territorio de explotación y extracción minera.

Días antes de la creación de la zona A.M.O., el 10 de febrero de 2016, se promulgó el decreto 2.231 que permite la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), adscrita al Ministerio de la Defensa. La compañía tiene por objeto realizar todas las actividades económicas referidas a la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos existentes en el subsuelo del país, y está habilitada para dedicarse “sin limitación alguna” a cualquier labor relacionada, directa o indirectamente, con actividades mineras, petrolíferas o de gas. De esta forma, la FANB pasa a involucrarse directamente en actividades mercantiles del Estado, lo cual compromete una de sus funciones fundamentales como es la protección del patrimonio y tesoro público.

Note de bas de page 10 :

“Maduro crea zona militar para protección de mineros en el país”. 8 de marzo de 2016. https://www.telesurtv.net/news/Maduro-crea-zona-militar-para-proteccion-de-mineros-en-Venezuela-20160308-0066.html

Bajo el presunto justificativo de proteger a los pobladores y salvaguardar los recursos de la Nación que subyacen allí, además de “poner orden” en la actividad minera, el 8 de marzo de 2016 el presidente de la república, Nicolás Maduro, anunció la implementación de una “Zona Militar especial”10.

Note de bas de page 11 :

“Reportan siete detenidos tras operación ‘Manos de Metal’” María Fermín Kancev. 8 de junio de 2018. http://efectococuyo.com/sucesos/reportan-siete-detenidos-tras-operacion-manos-de-metal/

El 4 de junio de 2018 el gobierno nacional inicia la operación militar “Manos de Metal” bajo el argumento de combatir las “mafias que buscan desestabilizar la economía del país”. Cuatro días después quien fungía como vicepresidente, Tareck El Aissami, expresa públicamente que el objetivo de la operación era combatir el contrabando de extracción de material estratégico y minerales de la nación, específicamente el de oro11.

El componente militar ha consolidado su intervención directa e indirecta en el proceso de extracción, procesamiento y comercialización de minerales extraídos en la región (en todas sus escalas), acción que venía ocurriendo con anterioridad y que se formaliza con la promulgación del decreto 2.248, la creación de CAMINPEG y todos los instrumentos político-jurídicos antes mencionados.

Terrorismo de Estado contra la población indígena

Note de bas de page 12 :

URGENTE: Comunicado Oficial del Pueblo Pemón. Prensa OEP. 24 de julio de 2018.
http://www.ecopoliticavenezuela.org/2018/07/24/urgente-comunicado-oficial-del-pueblo-pemon/

Note de bas de page 13 :

Carta abierta a Walter Martínez a un año de la criminalización de la lideresa pemón Lisa Henrito. Por Lisa Henrito Percy. Publicado por Revista SIC.
http://revistasic.gumilla.org/2019/carta-abierta-a-walter-martinez-a-un-ano-de-la-criminalizacion-de-lideresa-pemon-lisa-henrito-en-el-programa-dossier/

El 23 de julio de 2018, en el programa Dossier transmitido a través del canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV), el General de Brigada Roberto González Cárdenas acusó públicamente a Lisa Henrito de “traición a la Patria” (delito penado con 30 años de prisión) y de promover, junto al pueblo pemón, un supuesto “movimiento secesionista” en el sur del país. Tales declaraciones fueron denunciadas y rechazadas por el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón12. Un año después (25/07/2019) Lisa Henrito, líder indígena vinculada a la protección del territorio ancestral del pueblo pemón, dirigió una carta pública al director del mencionado programa televisivo, Walter Martínez, denunciando que dichas acusaciones en su contra pusieron en grave peligro su integridad física y psicológica y la de su familia, y que gracias a esta “infamia” aún se encuentra en la misma situación de vulnerabilidad13.

Note de bas de page 14 :

“Pemones tomaron casa presidencial de la Gran Sabana: ‘Pretendían robarnos las minas’". 6 de noviembre de 2018. https://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/pemones-tomaron-casa-presidencial-de-la-gran-sabana-pretendian-robarnos-las

El 6 de noviembre de 2018 comunidades indígenas pemón tomaron la casa presidencial ubicada en la Gran Sabana (estado Bolívar). El objetivo de la protesta fue denunciar acosos y amenazas por parte de organismos de inteligencia del Estado (SEBIN, DGCIM y CICPC), los cuales, en el marco de la operación “Manos de Metal” (iniciada en junio del año anterior), habían ingresado en territorio indígena14.

Note de bas de page 15 :

“La muerte de un indígena eleva la tensión en el sur de Venezuela”. Maolis Castro para EL PAIS. 10 de diciembre de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/12/09/colombia/1544382158_071264.html
Pronunciamiento del Consejo General de Caciques del Pueblo Pemón (CGCPP)–(11/12/2018). Respuesta del pueblo pemón al pronunciamiento del Ministro del Poder Popular Para la Defensa en el Caso de una operación militar que dejó como saldo a 2 heridos indígenas y 1 fallecido por armas de la república bolivariana de Venezuela. https://www.youtube.com/watch?

El 8 de diciembre de 2018 miembros de la comunidad pemón denuncian una operación militar de la DGCIM en Campo Carrao, en las cercanías de Körepakupai Wena Vena, también conocido como Salto Ángel (ubicado en el Parque Nacional Canaima). La operación arrojó un saldo de un indígena asesinado, Charlie Peñaloza Rivas, y otros dos heridos. En días posteriores se pronunció el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón en repudio a las acciones letales y violentas de los cuerpos de seguridad del Estado15.

Note de bas de page 16 :

Informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Primer trimestre 2019. Sección: Represión y muerte a quienes exigen ayuda humanitaria. http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2019/04/Conflictividad-social-en-Venezuela-primer-trimestre-2019.pdf

El 22 y 23 de febrero de 2019, miembros de la GNB arremetieron contra pobladores de Santa Elena de Uairén (municipio Gran Sabana, estado Bolívar) usando armas de fuego, en el contexto de una actividad de protesta pacífica relacionada con la entrada de ayuda humanitaria por la frontera con Brasil en ese territorio. Los acontecimientos arrojaron el fatídico saldo de 7 personas asesinadas (Zoraida Rodríguez, José Pérez, Kleyber Pérez, Rolando García, José Hernández, José Barrios y Jorge González, siendo los primeros cuatro indígenas pemón), y de más de veinte personas heridas por balas16. En los días siguientes, miembros de las comunidades denunciaron detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos ilegales, persecuciones, amenazas y hostigamiento contra habitantes de la zona, especialmente en las comunidades pemón de Kumarakapay y Maurak.

Note de bas de page 17 :

Ídem.

La mayoría de los heridos durante la represión del 22 y 23 de febrero de este año 2019, tuvieron que ser trasladados hasta el estado de Roraima en Brasil para ser atendidos, esto debido a las precarias condiciones hospitalarias en el territorio venezolano. Médicos del Hospital General de Roraima declararon que los heridos presentaban fracturas por impactos de bala, revelando así el uso de fusiles de alto calibre por parte de la FANB, a propósito de una protesta ciudadana de carácter pacífico17.

Note de bas de page 18 :

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. 4 de Julio de 2019.
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx

Entre los meses de marzo y mayo de 2019, más de 900 miembros del pueblo pemón huyeron a Brasil por la situación de represión, persecución y hostigamiento ejercida en su contra por los cuerpos de seguridad del Estado, los cuales actuaron junto a grupos criminales. Los indígenas perseguidos constituyen una población extremadamente vulnerable que actualmente se encuentra en condiciones precarias y de aislamiento involuntario18.

Capítulo II. Situación ambiental: aspectos jurídicos e impactos

Violación de derechos ambientales

El territorio al sur del Orinoco, constituye la Guayana y es parte de la Amazonía venezolana que posee una variedad de ecosistemas complejos, de inmensa e invaluable biodiversidad florística y faunística, además de ostentar numerosos y caudalosos ríos que representan patrimonios hídricos del país y del mundo, así como riquezas naturales escénicas de gran majestuosidad y singularidad. Debido a estos valores ambientales, gran parte de su área está protegida, considerándose la zona protegida más extensa de Venezuela; casi 80% de su superficie total son Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), tales como: 7 parques nacionales, 20 monumentos naturales, 3 reservas forestales donde se incluye la Reserva Forestal de Imataca, de gran valor escénico y presencia de bosques amazónicos altamente desarrollados y de gran biodiversidad, la Zona Protectora Sur del estado Bolívar, 2 reservas de biósfera, entre otras. Las ABRAE y su debida protección están contempladas en la CRBV y todo el marco jurídico ambiental venezolano.

Note de bas de page 19 :

Silva León, G. “La cuenca del río Orinoco: visión hidrográfica y balance hídrico”. Revista Geográfica Venezolana, vol. 46, núm. 1, enero-junio, 2005, pp. 75-108. Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela. http://www.redalyc.org/pdf/3477/347730348007.pdf

El río Orinoco (más de 2.000 Km. de longitud, caudal medio de ~30.000m³/seg) ocupa el tercer lugar entre los ríos más caudalosos del mundo y el segundo de Sudamérica. La cuenca hidrográfica (Ver ANEXOS-Figura 1) del río Orinoco, abarca aproximadamente un 70% del territorio de Venezuela y algunos autores estiman una descarga de 1.114.800.000.000 m³/año (Silva L., 2005), llegando a representar más del 85% de los recursos hídricos superficiales del país19.

El proyecto Arco Minero del Orinoco fue aprobado unilateralmente por el Ejecutivo nacional en 2016, y transcurridos más de tres años no ha sido publicada información detallada y fidedigna respecto a su ejecución, manejo y consecuencias, así como tampoco sobre los convenios y negocios firmados con empresas o personas jurídicas, ni existe información accesible a través de las páginas web del Ministerio de Minería Ecológica u otras instituciones involucradas en la realización de este proyecto.

Al aprobar unilateralmente el proyecto A.M.O., el Estado ignoró y desestimó el principio de precaución contemplado en varios tratados internacionales de los cuales Venezuela es signataria, aun cuando es de su conocimiento que las actividades extractivas como la minería causan daños graves, muchos de ellos irreversibles, al ambiente. Tampoco convocó a dichos sectores para conocer sus opiniones y estudios.

Note de bas de page 20 :

“Consecuencias ambientales del Proyecto Arco Minero. Miembros del IZET-UCV”. 18 de octubre de 2016. Publicado en:
https://www.derechos.org.ve/actualidad/ucv-consecuencias-ambientales-del-proyecto-arco-minero

En octubre de 2016, científicos del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela (IZET-UCV) advertían: “La actividad minera, tal y como está planteada, fragmentará los ecosistemas de la zona, en su mayoría bosques, provocará una importante pérdida de especies tanto de flora como de fauna… Los bosques continuos que queden en pie correrán riesgo de degradarse progresivamente dadas las severas condiciones que tendrán las áreas deforestadas, las cuales propician sequías locales, mayor efecto del viento que favorecerá la continua caída y muerte de árboles que queden expuestos20.

La CRBV y la Ley Orgánica del Ambiente (LOA), contemplan el derecho a la información, consulta y participación por parte de la ciudadanía y además establecen deberes claros para el Estado en esa materia. Para toda actividad que pueda provocar daños a los ecosistemas, la CRBV establece en su artículo 129 que las mismas deben ser previamente acompañadas de estudios de impactos ambiental y sociocultural, y en cuanto a la política de ordenación territorial para llevar a cabo las intervenciones, dictamina en su artículo 128 que el Estado venezolano deberá hacerlo de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Por su parte, el artículo 41 de la LOA indica que: “Los pueblos indígenas y comunidades locales tienen el derecho y el deber de participar en la formulación, aplicación, evaluación y control de los planes y programas de desarrollo nacional, regional y local, susceptibles de afectarles directamente en sus vidas, creencias, valores, instituciones y bienestar espiritual y en el uso de las tierras y hábitats que ancestralmente ocupan y utilizan colectivamente.

Al promulgarse el decreto 2.248 sin divulgar y difundir información clara y transparente, ni implementar un legítimo proceso de consulta y participación, el Estado violó directamente el derecho a la información, consulta y participación ciudadana.

Note de bas de page 21 :

Venezuela: “Arco Minero del Orinoco”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2 de diciembre de 2016. https://www.youtube.com/watch?v=_9dt2rjLsCM

El 8 de diciembre de 2016 representantes del Estado venezolano, liderados por el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos Larry Devoe, admitieron en la audiencia sobre el Arco Minero del Orinoco realizada en el 159 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que para esa fecha aún estaban “previstos los estudios de impacto ambiental que exige la constitución y la ley” y que se habían “realizado más de 58 procesos de consulta a las comunidades indígenas”. Esta declaración puso en evidencia la ausencia de estudios de impacto previos a la promulgación del decreto y presuntos “procesos de consulta” realizados sin tales estudios e informes de impacto, lo que incumple con la reglamentación establecida en las leyes nacionales e internacionales21. En dicha audiencia expresaron que “están excluidas las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial”, declaraciones que deliberadamente obviaron que la poligonal de la zona A.M.O. delimitada por coordenadas establecidas en el decreto 2.248, de hecho, incluyen algunas de estas áreas (Ver ANEXOS-Figura 2).

Note de bas de page 22 :

Muñoz Ospino: “El Arco Minero nació con el propósito de preservar la Orinoquia y ejercer soberanía”. Redacción La Voz. 26 de febrero de 2018.
https://lavozdefalcon.info.ve/munoz-ospino-el-arco-minero-nacio-con-el-proposito-de-preservar-la-orinoquia-y-ejercer-soberania/

El 25 de febrero de 2018, transcurridos dos años desde la firma de contratos y convenios con compañías nacionales y extranjeras, y durante los cuales se expandió la actividad minera en la región ubicada al sur del Orinoco, el para entonces presidente de la Corporación Venezolana de Minería Técnica Minera (CVM-TECMIN), José Muñoz Ospino, afirmó que ya se habían realizado 50 estudios de impacto socioambiental en el “Arco”22.

Desde el 2016 hasta la fecha, instituciones como la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Simón Bolívar, Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la Universidad de los Andes (ULA), el Instituto de Ecología y Zoología Tropical (IZET-UCV), la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE), PROVEA, Fundación Tierra Viva, Provita, Red ARA, Clima21- Ambiente y Derechos Humanos, el Centro Gumilla, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, La Guarura.info, SOS-Orinoco, entre otras muy numerosas organizaciones integradas por expertos, profesionales, técnicos venezolanos y activistas ambientales, han manifestado públicamente su desacuerdo con la implementación de la zona A.M.O. en la Amazonía venezolana y han expresado sus preocupaciones, haciendo énfasis en los serios impactos ambientales de la minería en estos ecosistemas, la falta de sostenibilidad de esta actividad, la falta de transparencia, ausencia de control, desconocimiento e imposibilidad de acceso a información para planes de mitigación y recuperación de áreas afectadas, además de la ausencia de planes de manejo. Cabe acotar que al igual que el proceso de consulta previa, la ejecución de estudios de impacto ambiental y sociocultural requiere de tiempo suficiente para llevarlos a cabo, los cuales condicionan el inicio, extensión y procedimientos de cualquier proyecto extractivo.

El decreto 2.248 del megaproyecto minero A.M.O. fue aprobado sin presentar estudios de impacto ambiental y sociocultural. No existe ningún tipo de información pública al respecto y se desconoce la existencia de los estudios que refieren los funcionarios gubernamentales.

Minería e impactos en todo el territorio al sur del Orinoco

Aun cuando el Arco Minero del Orinoco está acotado por coordenadas especificadas en el decreto 2.248, que lo demarca al norte del estado Bolívar, la realidad es que el megaproyecto ha propiciado y acelerado de forma desproporcionada la ya existente extracción de minerales más allá de la poligonal establecida en el decreto. De manera que ha servido de catalizador para la expansión de la minería a lo largo y ancho de la región que se encuentra al sur del río Orinoco (estados Amazonas y Bolívar).

Note de bas de page 23 :

“Amazonia Saqueada”. RAISG, InfoAmazonía. Panorama de la situación de la minería ilegal en seis países de la Amazonia. 10 de diciembre de 2018. Se puede acceder a través de los siguientes enlaces:
https://mineria.amazoniasocioambiental.org/
https://saqueada.amazoniasocioambiental.org/

En algunas áreas al sur del Orinoco, desde hace varias décadas, se ha realizado pequeña y mediana minería por pobladores locales, especialmente en los llamados municipios mineros. Sin embargo, en los últimos 15 años y especialmente en los últimos 4-5 años, a raíz de la profundización de la Emergencia Humanitaria Compleja y de forma coincidente con la creación de la zona A.M.O., la expansión de la minería ha sido exponencial y alarmante. Una investigación publicada en diciembre de 2018, revela que en la Amazonía venezolana existen 1.899 sitios con actividad minera informal (a pequeña y mediana escala), representando más del 80% del total de puntos mapeados en todo el territorio amazónico (en 6 países y más de 7 millones de kilómetros cuadrados). El estudio, elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), InfoAmazonía y otras organizaciones latinoamericanas, que cuenta con dos mapas interactivos en los que se revela la ubicación de las zonas de extracción de minerales, fue elaborado a partir de la recopilación de imágenes satelitales, reportes de comunidades indígenas e informes de diversos organismos que monitorean bosques y selvas23.

Note de bas de page 24 :

El siguiente enlace contiene múltiples videos de afectación de ríos al sur de Venezuela: https://sosorinoco.org/videos/

La minería se desarrolla en afluentes, en sus inmediaciones y/o áreas cercanas, teniendo en cuenta que en la actualidad el oro es el centro de la actividad minera y su extracción amerita grandes cantidades de agua. El mencionado trabajo de la RAISG, investigaciones recientes, imágenes públicas, notas de prensa y testimonios de habitantes del sur (rurales e indígenas), muestran que los principales ríos y cuencas de la Amazonía venezolana están afectados por la minería: Orinoco, Caura, Ikabarú, Caroní, Ventuari, Cuyuní, Parguaza, Paragua, entre otros24. La actividad minera en los ríos implica deforestación, degradación de los cauces y contaminación de afluentes con mercurio, cianuro y otros metales pesados, afectando directamente a la flora, fauna y la salud de los pobladores locales.

Note de bas de page 25 :

Deforestación en la Amazonía venezolana (Informe Provita 2018). Por+Verde. 16 de noviembre de 2018. https://noticias.masverdedigital.com/deforestacion-en-la-amazonia-venezolana-informe-provita-2018/

Al crecimiento de la actividad minera hay que sumarle la tala indiscriminada como uno de los factores que inciden directamente en la deforestación. Solo entre el 2000 y 2015 se perdieron un total de 5.265 Km2 de bosque amazónico en el territorio, siendo Venezuela el único país que presentó una tasa de deforestación de crecimiento exponencial, respecto al resto de países amazónicos. Mediante la interpretación de imágenes de satélite Landsat, siguiendo el protocolo establecido por la Red Amazónica de información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), la ONG ambientalista PROVITA determinó que más del 50% (2.821 km2) de la pérdida de cobertura boscosa mencionada ocurrió entre 2010 y 201525.

Note de bas de page 26 :

“La Minería Aurífera en el Parque Nacional Yapacana Amazonas Venezolano: Un caso de extrema urgencia ambiental y geopolítica, nacional e internacional. SOS Orinoco”. Enero de 2019.
https://drive.google.com/file/d/1akOuQ8aXiBWxbb6_jODPmITJRx2YHpBs/view

De los parques nacionales venezolanos, el que presenta mayor nivel de destrucción es el Parque Nacional Yapacana (PNY), ubicado en el Estado Amazonas. Un informe publicado en enero de 2019, lo expone como un “caso de extrema urgencia ambiental y geopolítica, nacional e internacional”, revela que más de 2.000 mineros ocupan el parque y que ya hay más de 2.000 hectáreas de superficie afectada directamente por la minería, con un efecto radial y expansivo de importantes dimensiones que agrava los impactos. El informe expresa que en la década de los 80 existía minería a pequeña escala en espacios más o menos reducidos, aumentando de forma considerable a partir de 2004; aunque es entre los años 2012 y 2014 cuando la actividad minera se expande aceleradamente con una curva de crecimiento de “pendiente muy alta26”.

Note de bas de page 27 :

https://www.twipu.com/HeryckRangel/tweet/1139325062660677632

Aun cuando es de conocimiento público los antecedentes y denuncias expresadas en los puntos anteriores, el anterior Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Heryck Rangel, declaró el pasado mes de junio de 2019 a través de su cuenta oficial de twitter @HeryckRangel lo siguiente: “1. El Arco Minero no toca ningún Parque Nacional de Venezuela. 2. Todos los Proyectos tienen sus respectivos Estudios de Impacto Ambiental. 3. Permanentemente hacemos control y seguimiento a los proyectos27”.

Contaminación y destrucción del patrimonio mundial

El Parque Nacional Canaima (PNC) figura entre los parques nacionales más grandes del mundo, con una extensión de 30.000 km². Goza de un gran interés geológico al ser considerado como una de las zonas más antiguas del planeta: presenta mesetas especialmente abruptas y de características únicas en la Tierra denominadas Tepuyes, las cuales datan de hace millones de años, y en él se encuentra la cascada más alta del mundo, El Salto Ángel.

Por sus bienes inestimables, singulares e irremplazables el PNC fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1994. Según lo establecido en La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, la pérdida de cualquiera de dichos bienes representaría una pérdida invaluable para la humanidad entera.

Note de bas de page 28 :

Situación Actual de la Minería Aurífera en el Parque Nacional Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial en Venezuela. SOS Orinoco. Reporte Presentado a IUCN y UNESCO. Caracas, Venezuela. Julio 2018. Se puede acceder al informe a través de los siguientes enlaces:
Versión Escrita:
https://drive.google.com/file/d/1tLJW-hmZ6ES6B14dse_gPKdP8DRi9n9N/view
Versión Digital interactiva.
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b4a7a9f7900e4f9999052f67f7734bcb

En julio de 2018 la ONG “SOS Orinoco” presentó ante la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación (UNESCO, por su sigla en inglés) y ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por su sigla en inglés) un informe sobre el desarrollo de la minería aurífera en el PNC. En el documento se analizan las distintas modalidades de la minería de oro existentes en la zona y, apoyado con videos e imágenes satelitales, se identifican y localizan las zonas de extracción minera dentro y en los alrededores de los límites geográficos del PNC28.

Note de bas de page 29 :

“Padrino López admite ecocidio en Canaima y anuncia ‘desmantelamiento’ de campamento minero”. 11 de diciembre de 2018.
https://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/padrino-lopez-admite-ecocidio-en-canaima-y-anuncia-desmantelamiento-de

El 11 de diciembre de 2018 el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, reconoció públicamente la destrucción y contaminación del PNC al afirmar, en representación del Ejecutivo nacional, que “No vamos a permitir que se siga cometiendo un ecocidio contra el medio ambiente allí en el Parque Canaima, ni más allá del Parque Canaima”. A su vez anunció el inicio del plan militar “Tepuy Protector”29. Esta declaración ocurrió tres días después de la incursión de cuerpos de seguridad del Estado en Campo Carrao, la cual dejó como saldo la muerte del indígena pemón Charlie Peñaloza Rivas, ya referida. Para el momento cuando se escribe este informe (agosto 2019), la información que se posee sobre los resultados de la operación “Tepuy Protector” son algunas reseñas puntuales de medios de comunicación sobre acciones contra campamentos mineros ilegales en el PNC y en otras áreas del estado Bolívar, pero no hay evidencias de que haya disminuido la minería en el PNC ni en dicho estado.

Material fotográfico y audiovisual publicado recientemente revela la magnitud y los daños causados por la minería en Canaima. En octubre de 2018, la periodista venezolana Valentina Quintero publicó un video a través de su cuenta de Instagram donde mostraba minas dentro del PNC, emplazando públicamente a Víctor Cano, Ministro de Desarrollo Minero Ecológico, y a Heryck Rangel, Ministro para Ecosocialismo y Aguas, a tomar posición respecto a la situación. Emplazamiento que aún sigue sin respuesta formal institucional. Posteriormente en enero de 2019, el naturalista Charles Brewer Carías publicó una imagen panorámica (Ver ANEXOS-Figura 3) de una de las zonas del PNC ampliamente afectada por la minería.

Capítulo III. Salud y condiciones sanitarias

Resurgimiento de enfermedades anteriormente erradicadas, proliferación de epidemias y precariedad en la asistencia sanitaria

Note de bas de page 30 :

Boletín Epidemiológico MPPS 09/2017

Note de bas de page 31 :

Venezuela sufre el mayor aumento de casos de malaria del mundo. El País. 16 Abril de 2019. https://elpais.com/elpais/2019/04/16/planeta_futuro/1555402255_653709.html

Después de haber erradicado la malaria en la mayor parte de su territorio, Venezuela está sufriendo una epidemia de malaria sin precedentes asociada a la degradación ambiental producida por la actividad minera y la movilidad poblacional relativa a esta actividad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), Venezuela superó en 2017 los 400.000 casos de enfermos palúdicos, representando el 53% del total de los reportados en todo el continente americano. El municipio Sifontes (en el estado Bolívar) donde se concentra una parte importante de la actividad minera, es el área geográfica de mayor incidencia de paludismo, aportando casi la mitad de todos los casos del país30. En la actualidad, Venezuela sufre el mayor aumento de casos de malaria del mundo y los expertos estiman que la enfermedad afecta a un millón de personas. Esto suscita una alta preocupación en la lucha por la erradicación de la enfermedad, no sólo respecto de Venezuela sino también de los países vecinos, especialmente por la diáspora de venezolanos a las naciones vecinas. Asimismo, se calcula que 16 millones de venezolanos están en riesgo de contraer esta enfermedad31.

Note de bas de page 32 :

Respuesta de la OPS para mantener una agenda eficaz de cooperación técnica en Venezuela y en los Estados miembros vecinos. Sesión 162 del Comité ejecutivo.https://es.scribd.com/document/382275937/Respuesta-de-la-OPS-para-mantener-una-agenda-eficaz-de-cooperacion-tecnica-en-Venezuela-y-en-los-Estados-miembros-vecinos

El sarampión se ha propagado en 21 de los 24 estados del país, incluyendo al Distrito Capital. Entre el primer caso confirmado de sarampión en julio de 2017 (semana epidemiológica 26) y el final de la semana epidemiológica 22 (junio del 2018), se habían registrado 2.285 casos confirmados, de los cuales 1.558 se presentaron durante los seis primeros meses de 2018. Se han notificado casos importados de sarampión en Brasil, Colombia y Ecuador relacionados con la migración venezolana. Además, se ha informado sobre muertes en las comunidades indígenas del estado Delta Amacuro (33 muertes), cerca de la frontera con Guyana32.

Note de bas de page 33 :

Esan, L. (marzo 4, 2018). La situación de los Pueblos Indígenas en Venezuela, Minerva Vitti, Aporrea tvi ,https://www.youtube.com/watch?v=rcCi3HXgEO0&feature=youtu.be

Note de bas de page 34 :

Tillet, A. (2018, marzo 6) “Visibilizando la situación de salud de los pueblos indígenas en Venezuela” Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Disponible en: http://www.ecopoliticavenezuela.org/2018/03/06/visibilizando-la-situacion-salud-los-%20pueblos-indigenas-venezuela/

Minerva Vitti, periodista del Centro Gumilla, reveló la grave situación socio-sanitaria de las poblaciones indígenas durante el Foro de presentación del primer Boletín de la Plataforma contra el Arco Minero33. Vitti refirió también que la carencia de recursos de todo tipo estaba generando una alta tasa de emigración indígena, en particular de waraos hacia Brasil donde caen frecuentemente en estado de mendicidad. El panorama actual es el siguiente: los servicios de salud creados para atender a las poblaciones indígenas no están operativos por carecer de insumos, personal, transporte e incluso de agua potable y electricidad34.

Los programas de vacunación y otras formas de prevención sanitaria funcionan sólo parcialmente o han sido suspendidos, lo cual, aunado a un cuadro general de desnutrición, ha propiciado la reactivación de varias enfermedades prevenibles que llegan a ser mortales por falta de medicamentos y atención médica adecuada. En este escenario, casi no existe información oficial y priva una fuerte restricción de acceso a los datos epidemiológicos reales.

Note de bas de page 35 :

Tillet, A. (Mayo 4, 2018) “La población indígena es la más desasistida en materia de salud”. Acción Solidaria (en línea). Disponible en: https://www.accionsolidaria.info/website/aimee-tillet-la-poblacion-indigena-es-la-mas-desasistida-en-materia-de-salud/

Note de bas de page 36 :

VPItv. (mayo 30, 2018). “Siguen muriendo niños en Bolívar, mientras hospital pediátrico continúa cerrado” (archivo de video). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ozav-dieMLA&feature=youtu.be

Los indígenas se trasladan hacia los hospitales de las ciudades si pueden y cuando no les queda otra alternativa, ya que el viaje es costoso y a menudo inútil35. De hecho, la situación sanitaria en Bolívar es grave para todos, como lo describió recientemente el director del Colegio de Médicos de Guayana, Hugo Lezama36: los niños se mueren de mengua todos los días dentro de las propias instalaciones del hospital Uyapar, colapsado por el cierre del Hospital Pediátrico Menca de Leoni, que además carece de todo tipo de insumos y medicamentos. En las mismas condiciones se encuentra el hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar.

El Dr. Lezama igualmente hizo referencia a la alarmante cantidad de niños desnutridos que llegan a estos hospitales, donde poco o nada se puede hacer para ayudarlos. La principal emergencia sanitaria que se registra actualmente en las comunidades indígenas es la alta mortalidad infantil. La mortalidad infantil en estos pueblos llega a ser entre 10 y 20 veces mayor que el promedio nacional, y se asocia principalmente a cuadros de desnutrición severa, a la suspensión de los programas de vacunación y a la carencia de antibióticos y otros medicamentos.

Capítulo IV. Contexto social y económico

Aumento de la violencia, criminalidad y de la presencia de grupos armados irregulares

Note de bas de page 37 :

Informe 2018 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP). https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43318108

La expansión de la minería ha incidido directamente en el aumento de la criminalidad y violencia al sur del país. En 2017, Ciudad Guayana llegó a tener la 9ª tasa de homicidios más alta de América Latina y la 2ª de Venezuela después de Caracas: 80,28 por cada 100.000 habitantes37.

Note de bas de page 38 :

Informe anual de violencia 2018. Informe OVV-LACSO. 30 diciembre, 2018.
https://observatoriodeviolencia.org.ve/ovv-lacso-informe-anual-de-violencia-2018/

Desde 2008 ha habido un incremento vertiginoso de muertes violentas en los denominados municipios mineros del estado Bolívar (Callao, Sifontes, Roscio y Piar). Para 2018, año en que Venezuela resultó ser el país más violento de América latina con una tasa de muertes violentas de 81,4 por cada cien mil habitantes (100 m/h), los dos municipios con las tasas más altas del país se ubicaron en el estado Bolívar: El Callao, con una tasa de 620 muertes por cada 100 m/h, y el municipio Roscio (Capital Guasipati) con una tasa de 458 muertes por 100 m/h. El municipio Sifontes (Capital Tumeremo) tuvo un índice de 199 víctimas por cada 100 m/h38. Todos indicadores superiores a la media nacional.

Note de bas de page 39 :

“Bolívar: 111 niños murieron a manos de la delincuencia en los primeros 10 meses del año. Noticias OVV, OVV Bolívar”. 6 de diciembre de 2018.
https://observatoriodeviolencia.org.ve/bolivar-111-ninos-murieron-a-manos-de-la-delincuencia-en-los-primeros-10-meses-del-ano/

Entre enero y octubre de 2018 se registró el fallecimiento de 111 niños y adolescentes a causa de la violencia delincuencial. Más del 70% del total de las víctimas tenía menos de 35 años de edad, y el 18,8% tenía edades comprendidas entre los 0 y 18 años39.

Note de bas de page 40 :

Las siguientes son algunas de las múltiples investigaciones que tratan la temática de la minería a pequeña escala en el estado Bolívar:
“Arco Minero del Orinoco: Crimen, corrupción y cianuro”. Edgar López y Juliett Pineda. Noviembre 2017. https://arcominerodelorinoco.com
Ruiz, F.J., Romero, C. (Mayo, 2018). “Dinámica de la minería a pequeña escala como sistema emergente. Dislocaciones y ramificaciones entre lo local y lo nacional”. En: Venezuela desde adentro. Ocho investigaciones para un debate necesario. Gabbert K. y Martínez, A., Compiladoras. Quito, Ecuador, Fundación Rosa de Luxemburgo, Oficina Región Andina. Disponible en:
https://www.comunalizarelpoder.com.ve/medioteca/venezuela-desde-adentro-ocho-investigaciones-para-un-debate-necesario

Note de bas de page 41 :

“Presidente Maduro denunció que mafias están contra el impulso del Arco Minero”. 5 de agosto de 2016.
http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/presidente-maduro-denuncio-que-mafias-estan-contra-impulso-arco-minero/#.XUrzI9bB9pQ

Múltiples investigaciones académicas, y trabajos periodísticos publicados en años recientes, revelan la instalación y consolidación de grupos armados criminales en las principales zonas de extracción minera (a pequeña y mediana escala) de los municipios del estado Bolívar. Aproximadamente desde 2006, agrupaciones criminales imponen regímenes de dominio paraestatal sobre las poblaciones locales a partir de la extracción y comercialización de oro, y, en menor medida, de diamante y coltán40. A esto se suma que desde la promulgación del decreto 2.248 Nicolás Maduro ha expresado que el proyecto A.M.O. es para “poner orden”, reconociendo en agosto de 2016 la presencia de estos grupos irregulares al mencionar que: “quienes se oponen al nuevo concepto de la minería, son voceros de mafias que controlan a garimpeiros, minería ilegal, tráfico de oro...41, discurso que deja al descubierto la criminalización oficial de los sectores disidentes y críticos del megaproyecto.

Note de bas de page 42 :

“Masacres de mineros en Venezuela son resultado de la guerra por el oro entre militares y ‘pranes’”. Escrito por Unidad de Investigación de Venezuela para Insight Crime. Febrero 23, 2018
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/masacres-de-mineros-en-venezuela-son-resultado-de-la-guerra-por-el-oro-entre-militares-y-pranes/
“Estado venezolano ignora explotación sexual de mujeres indígenas en el Arco Minero”. Por Yohana Marra. 18 de mayo de 2019.
http://cronica.uno/estado-venezolano-ignora-explotacion-sexual-de-mujeres-indigenas-en-el-arco-minero/

Entre 2012 y 2018 el país ha tenido noticias de al menos 30 masacres perpetradas en zonas mineras al sur de Venezuela42. El 53% (16) de dichas masacres ocurrieron entre 2016 y octubre de 2018 (Ver ANEXOS-Tabla 3), principalmente vinculadas al accionar de los denominados “sindicatos” (bandas criminales) y cuerpos de seguridad del Estado, pero también a la reciente actuación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia en la región. Buscando desvincularse de las masacres, las voces oficiales reducen las muertes vinculadas al accionar de los cuerpos de seguridad como resultado de “enfrentamientos” y “resistencia a la autoridad”. Cabe destacar que, según testimonios de los pobladores, quienes optan por el anonimato para no correr riesgos, la mayoría de las masacres y asesinatos quedan ocultos y no aparecen reflejados en ningún medio de comunicación.

En su informe de 2018 el Observatorio Venezolano de Violencia, al referirse al estado Bolívar, relaciona los altos niveles de violencia con las tramas que se articulan en torno de la minería, evidenciando que la violencia tiene su origen en el control de los grupos armados denominados “sindicatos”, a la actuación violenta de los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado y a la reciente aparición e instalación de grupos guerrilleros colombianos en áreas del territorio. Dicho informe expresa: “A la actuación criminal de los grupos armados irregulares se suma una actuación de cuerpos policiales y militares como el FAES, con operativos y acciones violatorias de DDHH, lo que está evidenciando la ausencia del estado de derecho en todo ese territorio, y la privatización de la violencia, pues finalmente las funciones del Estado están siendo asumidas de manera arbitraria indistinta y privada por cualquiera de los grupos armados que allí actúan.”

Note de bas de page 43 :

Ídem. Ref. 26

En su investigación respecto a la minería aurífera en el PNY, la ONG SOS Orinoco describe cómo el comercio del oro está sirviendo de sustento financiero para grupos guerrilleros del ELN. Expresan que la consolidación del ELN en el PNY, que se encuentra relativamente cerca de la frontera colombo-venezolana, ha servido de “centro de irradiación” para el desplazamiento e instalación progresiva del grupo irregular hacia el interior de los estados Amazonas y Bolívar43.

Note de bas de page 44 :

“Cuatro militares muertos y otros 12 heridos durante enfrentamiento con grupo irregular colombiano”. Deivis Ramírez Miranda para EL UNIVERSAL. 4 de noviembre de 2018.
http://www.eluniversal.com/sucesos/24952/tres-militares-muertos-y-otros-10-heridos-durante-enfrentamiento-con-grupo-irregular-colombiano
“Captura de líder del ELN provocó emboscada contra la GNB en Amazonas”. María Fermín Kancev. 4 de noviembre de 2018.
http://efectococuyo.com/principales/captura-de-presunto-lider-del-eln-provoco-emboscada-contra-la-gnb-en-amazonas/

El 4 de noviembre de 2018 ocurrió un enfrentamiento en la comunidad indígena Picatonal (estado Amazonas), entre miembros de la GNB e integrantes de grupos guerrilleros, el cual arrojó un saldo de cuatro militares venezolanos muertos y otros doce heridos. El enfrentamiento se produjo posterior a la detención de Luis Felipe Ortega Bernal, quien presuntamente es miembro del ELN44.

Note de bas de page 45 :

“Guzamana: Guerrilleros colombianos entrenan indígenas venezolanos con apoyo del gobierno”. Prensa AN. 6 de noviembre de 2018.
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_guzamana-guerrilleros-colombianos

El 6 de noviembre de 2018 Romel Guzamana, diputado indígena a la Asamblea Nacional por los estados Apure y Amazonas, denunció públicamente que comunidades indígenas enteras estaban siendo tomadas por grupos guerrilleros colombianos. En su denuncia hizo referencia a comunidades como Picatonal, el Palmar de Galipero, Eje Provincial y Pozón de Bavilla en el estado Amazonas hasta llegar a Bolívar por el Parguaza y el Salto Maraca45.

Note de bas de page 46 :

“El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela”. Ivan Briscoe, Bram Ebus. Crisis Group, Reporte nro. 73/América Latina y el Caribe. 28 de febrero de 2019. https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/venezuela/073-gold-and-grief-venezuelas-violent-south

El 28 de febrero de 2019, para su reporte de América Latina y el Caribe, la ONG Crisis Group publicó una amplia investigación sustentada en trabajo de campo y en entrevistas directas a pobladores del sur venezolano, donde se refleja la presencia de guerrillas en el territorio. El trabajo cuenta con un mapa de la distribución territorial y los corredores del ELN, disidentes de las FARC y de los grupos armados denominados sindicatos a lo largo de los estados Apure, Bolívar y Amazonas46.

Condiciones de vida de las mujeres indígenas

De acuerdo al Censo 2011, en Venezuela las mujeres indígenas en edad fértil (15-49 años), representan 73,4% del total de mujeres de dicha población. Igualmente, el promedio de hijos por mujer en este grupo, es de 2,2 hijos por mujer, mientras que en las mujeres no indígenas de 15 a 49 años, este indicador se encuentra en el orden de 1,5 hijos por mujer.

Mundialmente las condiciones de vida de las poblaciones indígenas, y muy particularmente las condiciones de vida de sus mujeres, se gestan dentro de determinados patrones que acentúan las desigualdades y potencian los indicadores de mortalidad materna e infantil, bajo nivel de escolarización formal y pérdida de la esperanza de vida al nacer, entre otros. Una estrategia que permite encubrir esta realidad, tiene que ver con el tratamiento dado a las variables asociadas a la identidad étnica: los datos casi siempre se circunscriben a la distribución de la población indígena por área geográfica, etnia y grupos de edad, sin dar información detallada sobre las condiciones de vida reales de las mujeres indígenas.

Las actividades mineras realizadas en el territorio han producido constantes enfrentamientos entre bandas delincuenciales armadas y las fuerzas de seguridad, cuya causa reside en el control de territorios.

Según la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru, la violencia hacia las mujeres por motivos asociados a la actividad minera se centra en la construcción de poblados donde se instalan bares, casas de prostitución y ventas de comida, todos controlados y administrados por los mismos dueños de la mina, quienes terminan haciendo negocios con fines de explotación sexual que generan a su vez importantes índices de feminicidios y violencia territorial. “En las zonas mineras las mujeres son compradas como objeto. En las denominadas 'currutelas' la explotación sexual es un elemento propio de la dinámica extractiva. Como los mineros no pueden dejar las minas llevan a las mujeres para allá, donde además de prostituirlas las explotan laboralmente, principalmente en la tarea de la cocina.” (Wanaaleru, 2018).

En estos espacios de prostitución o “currutelas”, dominados por los agentes encargados de gestionar los trabajos mineros, compran mujeres como cualquier objeto de uso diario con el fin de generar más ganancias en los negocios (Licón, 2015).

La mayoría de las mujeres compradas son niñas y adolescentes quienes son violadas, maltratadas y obligadas a involucrarse en actividades criminales por parte de militares, mineros y grupos armados irregulares. Al mismo tiempo, las niñas y adolescentes que se encuentran obligadas en la vitrina de escogencia para intercambios sexuales o compra de esclavas, son cambiadas por gramos de oro (entre 5 y 10) siendo las más pequeñas las más costosas; pues mientras más edad tenga la mujer será menos solicitada y por tanto más económica (Ibídem. 2015).

Según la documentación recopilada por la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN), en varios municipios del estado Bolívar, mineros y mineras viven y trabajan en condiciones de esclavitud y sus dueños son las bandas criminales que dominan el sector aurífero.

Flexibilización laboral, trata y trabajo infantil

Otra de las graves consecuencias de la minería descontrolada, auspiciada y promovida por el gobierno nacional, es la flexibilización laboral establecida explícitamente en el articulado del Decreto 2.248, con la que se oficializa una especie de estado de sitio continuado al establecer que “ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido”.

Note de bas de page 47 :

CECODAP: ¨Hasta 45% de los trabajadores en las minas son menores de edad¨, Efecto Cocuyo, http://efectococuyo.com/principales/cecodap-hasta-45-de-los-trabajadores-en-minas-de-bolivar-son-ninos-y-adolescentes/?fbclid=IwAR0I7kxY61VlXDIPPVCRbQ14oNfqIfn2IVZQ48jtd3D5Hfg34YLqCrV00Fg

Al negar principios y facultades ciudadanas básicas como el derecho a la protesta, a la organización sindical, a la libre expresión, entre otros, se configura un escenario proclive para la explotación, donde las leyes nacionales no son respetadas ni por nacionales ni extranjeros. En este ambiente tan hostil, donde documentar los problemas resulta en un riesgo de muerte, la situación de niños, niñas y adolescentes se vuelve dramática. Según CECODAP, que ha recogido testimonios y encuestas en el territorio, cerca del 45% de los trabajadores en las minas serían menores de edad47.

Mairis Balza, coordinadora de la ONG CODEHCIU afirma que la trata de personas en todas sus modalidades constituye uno de los peligros más inminentes para la infancia que crece en Guayana, junto a la violencia sexual y la violencia armada. Le preocupa que en la región no existan organizaciones no gubernamentales ni instituciones oficiales dedicadas al trabajo con población infantil, las cuales pudieran atender la gran cantidad de casos existentes.

Note de bas de page 48 :

Informe Peligro y Vulneraciones de DD.HH. en NNA en la Frontera y en Actividades Mineras, 10/12/2018 http://www.cecodap.org.ve/descargables/derechosNNA/Informe_Peligros_y_Vulneraciones_de_DDHH_de_NNA_en_la_Frontera_y_Actividades_Mineras.pdf

Hacia el sur, el sacerdote Giannino Prandeli que está en El Callao, reafirma que uno de los impactos regionales del mundo minero es la alta prostitución en adolescentes. “Son niñas con edades entre 12 y 13 años, se ubican cerca de las licorerías y se pelean con las adultas por los clientes. Muchas de ellas son positivas a las ETS, y en particular al VIH. Viajan a la frontera con Brasil para recibir los tratamientos porque en Venezuela no están disponibles. Igualmente, el número de embarazos precoces va en aumento de manera exponencial48”.

Deuda, soberanía y DD.HH.

Aunque para inicios de 2019 aún no se han instalado formalmente grandes transnacionales mineras en la zona A.M.O. y sus adyacencias, debido al nivel de inestabilidad, caos, criminalidad y violencia que allí predomina (y que solo se ha agravado desde la promulgación del Decreto 2.248), el gobierno ha concretado iniciativas encubiertas de la actividad extractiva y ha logrado establecer mecanismos de comercialización en el extranjero, vinculados al sistema financiero internacional.

Note de bas de page 49 :

Gaceta Oficial 6.210, Ley de Exploración y Explotación del Oro, 30/12/2015 http://www.bcv.org.ve/system/files/documentos_juridicos/decreto_ley_reserva_exploracion_expliotacion_oro_2015.pdf

Note de bas de page 50 :

Gaceta Oficial 41.310 Ley del Régimen Tributario del Arco Minero del Orinoco 29/12/2017 https://www.finanzasdigital.com/2018/01/gaceta-oficial-n-41-310-ley-constitucional-del-regimen-tributario-desarrollo-soberano-del-arco-minero/

Esto último está contemplado en el articulado de varios decretos y reglamentos jurídicos promulgados, como son la Ley de Exploración y Explotación del Oro de 2015 que permite al Ejecutivo nacional transferir “la propiedad u otros derechos sobre bienes muebles o inmuebles del dominio privado de la República...” (art. 21)49, o la Ley del Régimen Tributario que otorga potestades al Presidente del BCV (designado por el Presidente de la República), para autorizar la venta del oro extraído en Venezuela fuera de las fronteras nacionales50.

Apostando a la consolidación de nexos con instituciones financieras volátiles y corruptibles como la Bolsa de Valores de Toronto, lugar en el que los “peces gordos nunca pierden”, se han concretado negocios y acuerdos con holdings o sociedades comerciales constituidas por una red de consorcios improductivos, entre las que podemos mencionar a Gold Reserve (Canadá) y Faoz Corp (Venezuela), ambas con sociedades homónimas con sede en Barbados (país catalogado como paraíso fiscal) y con las que se constituyeron empresas mixtas para la explotación de oro y coltán respectivamente.

A modo de conclusión

Note de bas de page 51 :

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx

Note de bas de page 52 :

“Alta Comisionada Michelle Bachelet, ofreció declaraciones tras concluir su visita oficial”, 21/06/2019 https://www.youtube.com/watch?v=d3RkpSp6GdI

En la más reciente visita la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, declaró ante la prensa internacional, de forma muy expedita, algunas de las conclusiones de su visita. Citando testimonios y casos particulares, estas declaraciones sirvieron de marco para el informe del 5 de julio de 201951 el cual ha suscitado numerosos debates y eventos que se encuentran todavía en desarrollo. Una de las afirmaciones ofrecidas por la Alta Comisionada llama la atención, por cuanto considera a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos52 al comercio del oro venezolano como un elemento que agudiza la situación de crisis nacional: “Las causas de esta inmensa crisis económica –la cual se ha exacerbado dramáticamente desde 2013– son diversas, y he hablado con el Estado sobre la necesidad de resolverlas urgentemente con el apoyo de las agencias de las Naciones Unidas que recientemente han podido reforzar su presencia en Venezuela… Me preocupa que las sanciones impuestas este año por Estados Unidos sobre las exportaciones de petróleo y el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica.”

Note de bas de page 53 :

“A dos años del recurso de nulidad ‘No se trata de resolver el rentismo minero con el rentismo petrolero’¨ https://kaosenlared.net/venezuela-no-se-trata-de-resolver-el-rentismo-petrolero-con-rentismo-minero-andrea-pacheco/

La dinámica de extracción de oro en Venezuela se ha expandido en los últimos años, en buena medida, por el declive de la producción petrolera ocasionada por la falta de mantenimiento e inversiones en la industria53. Este escenario ha llevado al gobierno nacional a ser tolerante con la práctica de la minería ilegal, además de ejecutar acciones y establecer estrechos vínculos con actores armados irregulares, que se manifiestan en las múltiples imbricaciones existentes entre los militares y el pranato minero dentro del territorio.

La producción y comercio de oro en Venezuela constituye una importante fuente de ingresos para el gobierno. Sin embargo, se encuentra desregularizado y es difícil distinguir entre los minerales extraídos legalmente y aquellos provenientes de la destrucción ambiental indiscriminada y la muerte de cientos de personas. Se podría entonces decir que es altamente probable que hoy en día todo el oro extraído de Venezuela sea oro que se ha producido con altos costos de sufrimiento humano y de graves impactos socio-ambientales.

Es difícil avizorar una salida sostenible a la actual crisis, sin cuestionar estos nuevos mecanismos de producción de ingresos que constituyen en sí mismos la institucionalización de graves y numerosas violaciones de DD.HH. en la zona del A.M.O. y en todo el territorio al sur del Orinoco, bajo la inacción de las instituciones.

¿Reforma económica estructural?

Esto se empalma directamente con la necesidad de superar estructuralmente la crisis económica, considerando que la ayuda que pudieran ofrecer instituciones internacionales, e incluso la ayuda de otros países, sería insuficiente para resolver los problemas de raíz. Tal es la razón por la que la Alta Comisionada de la ONU ha elevado la recomendación de avanzar hacia “reformas económicas estructurales”: “El Gobierno ha aceptado autorizar gradualmente asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y de otros actores. Sin embargo, el nivel de asistencia es mínimo en relación a la magnitud de la crisis y hay una necesidad urgente de adoptar reformas económicas estructurales

Estas reformas, desde nuestro punto de vista, tendrían que estar encaminadas a superar estas dinámicas extractivistas cada vez más agresivas y que violentan sistemáticamente los DD.HH. fundamentales.

Reinstitucionalización y democracia

Note de bas de page 54 :

Reporte Anual 2018, ONU Ambiente https://www.unenvironment.org/annualreport/2018/index.php#ch-04

El Informe de ONU Ambiente 201854 resalta la importancia del fortalecimiento de las leyes e instituciones nacionales, toda vez que son fundamentales para lograr objetivos ambientales. En ese sentido, la profunda crisis institucional y la erosión del sistema democrático que está sufriendo Venezuela representa un obstáculo de largo alcance, sobre todo si se considera que las reformas que permitieron la flexibilización en materia ambiental han sido una política sistemática del gobierno de Maduro, y anteriormente de Hugo Chávez, hasta el punto de llegar a eliminar el Ministerio del Ambiente, institución creada en 1970 con la finalidad de organizar la política pública en esta medular área.

Anexos

I- Figuras

Figura 1. Cuenca hidrográfica del Orinoco

Figura 1. Cuenca hidrográfica del Orinoco

Figura 2. Mapa que muestra la interconexión entre la poligonal A.M.O y las ABRAES ubicadas al sur del río Orinoco.

Figura 2. Mapa que muestra la interconexión entre la poligonal A.M.O y las ABRAES ubicadas al sur del río Orinoco.

Fuente: https://intercontinentalcry.org/saving-venezuelan-amazon/
Colocar título en inglés aquí, tamaño más pequeno

Figura 3. Evidencia de Minería en Guayana. Foto: Charles Brewer Carías

Figura 3. Evidencia de Minería en Guayana. Foto: Charles Brewer Carías

Fuente: https://es.mongabay.com/2019/01/mapa-mineria-ilegal-seis-paises-amazonia/03_charles_brewer-carias_minas_gran_sabana_pncanaima_pemon_edo-bolivar/

II- Tablas

Tabla 1. Ficha técnica proyecto arco minero del Orinoco

FICHA TÉCNICA PROYECTO ARCO MINERO DEL ORINOCO (DECRETO N° 2.248)

Fecha de promulgación

El 24 de febrero de 2016 se oficializa la creación de la ¨Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, decreto N° 2.248,

Gaceta Oficial N°. 40.855

Se enmarca en la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria”, conocida como Ley de Zonas Económicas Especiales.

Territorios comprendidos

11.843,70 km²

12,2 % del territorio venezolano

Área que representa extensiones territoriales de países como Cuba o Bulgaria.

Empresas

Incorporación de 150 compañías internacionales.

Empresas que provienen de al menos 35 países.

Incluyendo Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, Turquía, Italia.

Minerales a explotar

Bauxita, cobre, coltán, diamantes, hierro y por supuesto oro.

Para la explotación de estos minerales se hace uso de sustancias sumamente contaminantes como cianuro y mercurio.

Sin importar la escala de la minería (pequeña, mediana o mega minera) las afectaciones hacen imposible la denominada “minería ecológica”.

Estrategia del gobierno

Transformar el territorio nacional bajo un esquema de Zona Económica Especial y en una Zona Militar Estratégica.

Implementar los “15 motores económicos” de la mano de inversionistas Rusos, Chinos y otras potencias globales a través de proyectos extractivistas.

El Arco Minero del Orinoco es un proyecto del 8° Motor, el Motor Minero.

Empresas militares como CAMIMPEG, corporativización del estado

Control territorial

Control delictivo ejercido por el “pranato” minero, denominado ¨sindicatos¨.

Control social asistencial, lógicas delincuenciales desde el Estado.

Implicaciones de los funcionarios del Estado y sus cuerpos de seguridad con el pranato minero imperante.

Afectación ambiental

Cauces de los ríos: Orinoco, Caroní, Caura, Aro, Parguaza, Cuyuní.

Áreas Bajo Régimen de Administración

Especial, el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, la Reserva Forestal El Caura,

Monumentos Naturales Ichún-Guanacoco, Cerro Guiquinima y la Zona Protectora Sur de Bolívar.

El territorio afectado se caracteriza por extensos bosques, mesetas aplanadas y acantilados, siendo el hogar de miles de especies animales y cientos de miles de personas.

Pueblos indígenas involucrados

Más afectados:

warao, pemón, ye’kwana, e’ñepa, mapoyo, guajibo y piaroa.

También afectados:

arawak, akawayo, kari’ña, hotï y sanema.

Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y parte de Monagas, concentran la mayor cantidad de pueblos originarios de Venezuela.

Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Lideresas indígenas agredidas u hostigadas durante el año 2018

Caso

Fecha y características de la agresión

Situación actual

Luisa Henrito

23 de julio 2018

Fue señalada de “traición y secesión” por un alto vocero militar durante un programa transmitido por la televisora estatal Venezolana de Televisión.

Aunque la agresión fue duramente rechazada por el pueblo pemón, el hostigamiento ha continuado y el gobierno no se ha retractado de los señalamientos.

Mary Fernández

24 de noviembre 2018

Maestra yukpa e hija de la cacica Carmen “Anita” Fernández. Fue secuestrada y torturada por intereses relacionados a la ganadería en el estado Zulia.

Fue liberada el 29 de noviembre y aunque la denuncia fue interpuesta ante las instancia competentes, todavía no se ha avanzado en la identificación de los responsables de este crimen.

Cacica Carmen ¨Anita¨ Fernández

23 de noviembre 2018

La casa de Anita Fernández, cacica de Kuse en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, fue saqueada y quemada y las reses de su propiedad fueron robadas.

El caso permanece impune y sus pérdidas no fueron compensadas.

Lucia Romero

A lo largo de 2018

Su lucha por justicia en el caso del asesinato de su esposo, el Cacique Sabino Romero, la ha impulsado a una férrea lucha que le ha acarreado más muerte y represión a su familia. Durante 2018 denunció agresiones contra sus familiares y amenazas.

Continúan sin procesar a los autores intelectuales señalados por la comunidad yukpa. No hay medidas de protección efectivas para Lucía ni su familia.

Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Masacres acontecidas en el estado Bolívar entre enero de 2016 y octubre de 2018

Fecha y lugar

Actores armados involucrados

Acontecimiento

16 de Octubre de 2018.

Tumeremo, estado Bolívar

Grupos guerrilleros colombianos

Mineros ubicados en el Sector el Bochinche fueron emboscados por sujetos armados, arrojando un saldo de 16 personas asesinadas y 6 heridos. Según denuncias del diputado a la A.N, Américo de Grazia, la emboscada fue ejecutada por miembros del ELN.

11 de septiembre de 2018.

Sector El Triunfo, estado Bolívar

Cuerpos de seguridad del Estado

11 personas resultaron asesinadas como producto de una confrontación con el Ejército y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). No hubo bajas entre los miembros de los cuerpos militares.

22 de agosto de 2018.

Municipio Sucre, estado Bolívar.

Bandas criminales (“Sindicatos”)

El líder indígena Misael Julio Rondón Ramírez, capitán de la comunidad indígena Jivi y su hijo Milson Dorangel Rondón Reina (18 años) fueron asesinados por miembros de un grupo irregular con la intención de tomar control de una mina ubicada en territorio indígena.

24 de agosto de 2018

Municipio Sucre, estado Bolívar.

Bandas criminales (“Sindicatos”) e indígenas

El asesinato del líder de la comunidad jivi Misael Julio Rondón Ramírez, desató un enfrentamiento entre indígenas y delincuentes. El suceso arrojó un saldo de 4 muertos.

3 de agosto de 2018.

Municipio El Callao, estado Bolívar

Cuerpos de seguridad del Estado y bandas criminales (“sindicatos”)

Resultaron 3 personas asesinadas de una confrontación entre miembros de una banda criminal y un comando conjunto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Ejército.

Posterior al hecho, los cuerpos de seguridad del Estado encontraron una fosa común con 14 cráneos.

5 de junio de 2018.

Municipio Sifontes, estado Bolívar.

Bandas criminales (“Sindicatos”)

5 indígenas pemón, de la comunidad de San Luis de Morichal, fueron asesinados por miembros de un “Sindicato” (grupo irregular armado)

19 de mayo 2018.

Municipio El Callao, estado Bolívar

Bandas criminales (“Sindicatos”)

5 mineros resultaron asesinados a partir del enfrentamiento entre bandas criminales del sector. Los hechos ocurrieron en la mina La Janza

16 de mayo de 2018.

Municipio Roscio, estado Bolívar

Grupos guerrilleros y bandas criminales (“Sindicatos”)

Se confirmaron las muertes de 6 mineros a partir de un enfrentamiento entre la guerrilla y el “Sindicato” (grupo delictivo) de la zona. Nunca se confirmó el número exacto de muertes, pero presuntamente superó las 15 víctimas.

7 de Mayo de 2018.

Municipio Roscio, estado Bolívar

Grupos guerrilleros colombianos

Habitantes de Guasipati, municipio Roscio, protestan para denunciar el asesinato de 20 personas producto de la incursión de miembros del ELN por el control de las minas: Cicapra, El Caolín, Campanero, El Cuadro, Florinda y el Muertico

10 de febrero de 2018.

Municipio Roscio, estado Bolívar

Cuerpos de seguridad del Estado

18 personas fueron asesinadas durante un operativo del ejército ejecutado por efectivos de la 51 Brigada de Infantería de Selva.

15 de noviembre de 2017.

Municipio El Callao, estado Bolívar

Cuerpos de seguridad del Estado y bandas criminales (“Sindicatos”)

Durante una operación conjunta entre la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía del estado Bolívar, fueron asesinadas 9 personas pertenecientes a una banda del

sector Valle Verde. Según el parte oficial, el hecho fue en respuesta a una emboscada contra funcionarios.

5 de octubre de 2017.

Municipio El Callao, estado Bolívar

Cuerpos de seguridad del Estado

11 personas asesinadas fue el resultado de la ejecución de una Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en la mina El Nuevo Callao. 3 de las víctimas eran mujeres, de las cuales una estaba embarazada.

10 de septiembre de 2017.

Municipio Sifontes, estado Bolívar

Cuerpos de seguridad del Estado

11 personas resultaron asesinadas durante una incursión de funcionarios de la Región Estratégica de Investigación Penal (Redip) Guayana, de la base de Tumeremo, en el sector El Triunfo. Hubo 2 funcionarios heridos

9 septiembre 2017.

Municipio Piar, estado Bolívar

Cuerpos de seguridad del Estado

10 personas fueron asesinadas en el sector El Manteco, durante un operativo de una comisión mixta del Ejército y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)

15 de agosto de 2017

Municipio El Callao, estado Bolívar

Cuerpos de seguridad del Estado

Un operativo del ejército desplegado en los sectores El Limón, Las Casitas, Las Lagunitas y El Paraíso arrojó el saldo de 7 personas asesinadas. Según la información de la ZODI 62 pertenecían a la banda de un “Pran” (Jefe de banda delincuencial).

8 de marzo de 2016.

Municipio Sifontes, estado Bolívar

Bandas criminales (“Sindicatos”)

Masacre de Tumeremo: 28 mineros desaparecidos presuntamente asesinados por el grupo criminal dirigido por un sujeto denominado “El topo”. Se hallaron 17 cadáveres. La comunidad de Tumeremo y familiares de los mineros realizaron amplias protestas para dar a conocer los hechos. Esta noticia tuvo gran repercusión nacional y llegó a ámbitos internacionales.

Fuente: elaboración propia a partir de registros de prensa nacional