La política del despojo: el conflicto territorial del pueblo yukpa de la Sierra de Perijá (Venezuela)

María Suárez Luque

Índice

Texto completo

1. Introducción

Note de bas de page 1 :

Confróntese: Venturini, José Ali. (1984). Naturaleza jurídica del usufructo indígena. En Revista Derecho y Reforma Agraria, Nº 14. Instituto Iberoamericano de Derecho Agrario y Reforma Agraria. Mérida: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, pp. 202, 203, 209.

La lucha de los yukpa por la recuperación de su territorio data de mucho tiempo atrás, al punto que en 1961 –durante el gobierno de Rómulo Betancourt– se oficializó una figura jurídica de ocupación indígena, en el marco de la Reforma Agraria, con el fin de frenar la invasión y expropiación de sus tierras por parte de hacendados y ganaderos1. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Constitución Bolivariana de Venezuela, a partir del año 2000, y la implantación de un régimen político que discursivamente se autoproclama como «indiosocialista», el movimiento indígena nacional sufre drásticas transformaciones. La unidad y fortaleza que poco a poco se había logrado forjar alrededor de una agenda reivindicativa propia, luego de varias décadas de activismo independiente, muy pronto se fue resquebrajando debido a la penetración político-partidista que operó desde el gobierno –y sigue operando– en tiempos de «revolución bolivariana».

Note de bas de page 2 :

Sociedad Homo et Natura. (2012). Se inicia la criminalización contra el líder Sabino y su familia. Si asesinan a Sabino, serán culpables el diario La Verdad y acusadores yukpa tarifados o los dirigentes parceleros guarimberos de Machiques. Maracaibo, 20 de febrero: Autor.

En estas condiciones, los esfuerzos emprendidos por los pueblos indígenas del país con miras a lograr la titulación de sus territorios, luego de elaborado el proceso de auto-demarcación, tropieza muchas veces con la falta de consenso y apoyo en el seno de un mismo pueblo. Tal fue la experiencia que le tocó vivir al cacique Sabino Romero Izarra, de la comunidad de Chaktapa en la cuenca del río Yaza, quien lideró la campaña destinada a rescatar las tierras ancestrales del pueblo yukpa. Sabino no solo tuvo que hacerle frente al poder económico y estatal, sino también a la oposición gestada en una parte de su propia gente: bien porque no compartía la vieja estrategia de ocupar las haciendas, aun cuando se tratara de predios abandonados por sus testaferros o poco productivos; bien por temor a perder el acceso a ciertos programas sociales ejecutados por distintos niveles de gobierno; bien por haber aceptado prebendas a los afiliados de la asociación de Ganaderos de Machiques (GADEMA), o, simplemente, por temor a perder sus vidas2.

Ahora bien, pese a que no es muy difícil barruntar sobre las «causas» que han impedido el reconocimiento territorial de los yukpa –incluyendo las que provocaron los asesinatos del dirigente Sabino y varios de sus compañeros de lucha– en las páginas que siguen intentaremos ahondar en algunos elementos que nos permitan aproximarnos a la comprensión de este emblemático caso. Con esta finalidad, hemos dividido el contenido en dos partes. En la primera, se abordan ciertos aspectos de carácter histórico y etnográfico que permiten contextualizar la persistencia de los yukpa en esa serranía, pero también la dinámica conflictiva que allí predomina. En la segunda, se expone una serie de hechos vinculados a las acciones emprendidas por un grupo de indígenas yukpa para conseguir la titularidad de sus territorios, incluyendo las estrategias acometidas para hacer valer sus derechos.

2. Los yukpa de la Sierra de Perijá.

Notas para comprender una historia de resistencia

a) Los yukpa-yuko son un pueblo indígena de filiación Caribe que habita partes de la Sierra de Perijá, la Serranía de Valledupar y la Serranía de los Motilones, territorio que forma parte de la frontera colombo-venezolana entre las latitudes 9°40’ y 10°35’ norte. En Venezuela se les conoce como yukpa (yupa) y en Colombia como yuko (yuco). Los yukpa venezolanos ocupan los márgenes occidentales de los municipios Rosario de Perijá y Machiques de Perijá, en el estado Zulia, y los yuko colombianos los confines orientales de los departamentos de la Guajira y del Cesar. Vale subrayar que los yukpa son el único pueblo de origen Caribe que habita en el noroeste de Venezuela.

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b) Aun cuando se reconocen dos parcialidades básicas entre los yukpa-yuko: los yukpa en el territorio venezolano y los yuko en el territorio colombiano, e incluso, a pesar de las diferencias existentes en el interior de ambas parcialidades, estas comparten suficientes similitudes socioculturales que permiten considerarlas como un solo pueblo. Los yukpa venezolanos están conformados en siete subgrupos: Irapa, Macoíta, Parirí, Shaparu, Viakshi, Wasama y los Rionegrinos (Ruddle, K. y Wilbert. J. 1983: 54).

Note de bas de page 3 :

Vivienda tradicional donde residen los yukpa permanentemente, cuando no están de caza o pesca.

c) Tradicionalmente, cada uno de los subgrupos que conforman el pueblo yukpa ocupaba un territorio diferente, orientado siempre hacia un valle fluvial particular. En esos valles, la comunidad solía estar repartida en asentamientos pequeños ubicados sobre las terrazas del valle principal y a orillas de algunos ríos, siendo el patrón de asentamiento una mezcla de casas aisladas, poblados compuestos de dos o tres viviendas y núcleos más grandes que llegaban a tener hasta 16 munna3. No obstante, desde hace mas de cincuenta años, ese patrón de asentamiento tradicional ha sufrido cambios fundamentales como consecuencia de la antigua hostilidad inter e intra-étnica, es decir, entre ellos mismos y con otros indígenas del área; pero, principalmente, debido a la escasez y afectación de la base de recursos bio-ecológicos generadas por la invasión de su territorio.

Note de bas de page 4 :

El sistema de encomiendas nació como una respuesta a la imperiosa necesidad del colono, de mano de obra dócil, segura y controlada. En el sistema de encomiendas, los indígenas encomendados guardaban la propiedad de sus tierras, que no debían confundirse con las concedidas al encomendero por la Merced de Tierras (instituida por la Corona en 1513).

d) Desde los primeros días de la Conquista española, y hasta 1960 aproximadamente, en el territorio comprendido entre el lago de Maracaibo (hoy Venezuela) y el valle del Cesar (hoy Colombia), se estableció un patrón de violencia cíclica que caracterizó las relaciones entre los indígenas y los no indígenas. Cuando en la época colonial les prometieron ciertas garantías de seguridad, varias familias yukpa se atrevieron a desplazarse hacia las regiones mas bajas de la Sierra y se les organizó en Encomiendas4. Pero, como era de esperar, estos arreglos duraron muy poco tiempo y los yukpa se regresaron a las montañas, permaneciendo allí hasta el arribo de los capuchinos a fines del siglo XVII.

Note de bas de page 5 :

Nombre con el que los yukpa se refieren a las personas no indígenas.

e) Pese a que los continuos conflictos inter e intraétnicos –aunados a la lucha contra los invasores watía5– predominan en la historia de los yukpa, a partir de 1945 surge una nueva situación con el reinicio de la llamada campaña “civilizadora” por parte de los capuchinos –interrumpida antes por la guerra de Independencia– quienes establecieron una misión en El Tukuko. Esta labor misional promovió entre muchas familias yukpa la tendencia a reagruparse en asentamientos de mayor tamaño que los tradicionales, y a ubicarlos a menor altitud (entre los 300 y los 2.000 metros s.n.m.), siendo El Tukuko uno de los poblados mas numerosos en la actualidad.

f) En 1961 el Ministerio de Agricultura y Cría y el Ministerio de Justicia, en el marco de la Reforma Agraria, con el objeto de prevenir más expropiaciones de tierras indígenas por parte de los hacendados y ganaderos, oficializaron una figura de ocupación indígena en la zona que se extendía desde las estribaciones orientales de la Sierra de Perijá hasta la frontera con Colombia, y desde el valle del Alto Tukuko y la serranía de Marigua hasta el río de Oro. De esta manera, tanto el pueblo yukpa como el pueblo barí quedaban al amparo de este instrumento legal. Años después, el 12 de diciembre de 1978, a través del Decreto Presidencial Nº 2.983 se declara a la Sierra de Perijá Parque Nacional.

Note de bas de page 6 :

Después de un período de cultivo que podía variar de uno a tres o más años, se dejaban los conucos en barbecho. Los yukpa reconocían que esto era necesario para el descanso y recuperación de la tierra y para eliminar malezas, enfermedades de los cultivos y pestes animales. Las zonas de barbecho constituían sitios importantes para la recolección de plantas comestibles y medicinales (Ibídem. 84)

Note de bas de page 7 :

En el año 2003, después de 4 años de gobierno, el Presidente Hugo Chávez adopta un nuevo esquema para darle operatividad a su gestión al que bautizó con el nombre de Misiones. Es así como, entre los años 2003 y 2004, se crearon 13 misiones con el apoyo del gobierno cubano, cuya finalidad era demostrar la capacidad de la Revolución Bolivariana para reducir la exclusión social, la cual se había extendido aceleradamente a las áreas de salud, educación, alimentación, producción y vivienda.

g) La vida tradicional yukpa siempre se caracterizó por las migraciones, tanto temporales como definitivas. Aparte de las migraciones temporales producto de expediciones prolongadas para cazar, pescar, recolectar frutos y visitar parientes, ha sido un fenómeno frecuente entre ellos el que las personas abandonen la comunidad por algún tiempo a causa de rivalidades intergrupales, o, más recientemente, para trabajar estacionalmente en las haciendas. Antiguamente, eventos de la vida social como el matrimonio, la muerte de un miembro mayor de la familia y la necesidad de sembrar conucos6 en áreas alejadas –o incluso graves conflictos intraétnicos– figuraban también como las principales causas de las migraciones definitivas. Hoy día son cada vez mas comunes este tipo de migraciones, pero motivado por los enfrentamientos con los watía y el impacto de las políticas de corte asistencialista implementadas por el gobierno. De hecho, la invasión y expropiación de sus tierras por parte de los hacendados-ganaderos y de estructuras criminales de ambos países, aunado a la necesidad de asentarse en lugares mas cercanos con el fin de poder beneficiarse de las llamadas Misiones Sociales7, los induce a desplazarse hacia la periferia y las zonas populosas de los centros urbanos del estado Zulia.

h) Solo en las comunidades mas alejadas –en el norte de la Sierra– las actividades de caza y recolección seguían teniendo un rol destacado en la subsistencia durante las últimas décadas del siglo pasado; en los poblados mas bajos y meridionales ya casi no se practican, consecuencia tanto de la sobreexplotación y agotamiento de los suelos, así como de la creciente disponibilidad de proteínas provenientes de animales domésticos y alimentos procesados. También el conuco, pese a que aún subsiste como la base económica de los yukpa, ha sido impactado por la nueva realidad y en el presente su importancia varía significativamente según la comunidad. En paralelo, las actividades tradicionales complementarias tienden a desaparecer en la medida en que se adoptan nuevas modalidades de trabajo: la cría de ganado, la pequeña agricultura con fines comerciales, el trabajo agrícola asalariado, la venta de artesanía, las ocupaciones de servicio doméstico, el desempeño como funcionario/a estatal o ser beneficiario de algún programa gubernamental.

Note de bas de page 8 :

Portillo, Lusbi. (2000). Reterritorialización del estado Zulia. Ponencia presentada en la Universidad del Zulia.

Note de bas de page 9 :

Carbones del Zulia (Carbozulia), se creó como compañía en 1978. Lamentablemente, la crisis económica del año 1983 llevó al Ejecutivo Nacional a tomar la decisión de traspasar Carbozulia a PDVSA. Bajo la dirección de PDVSA, Carbozulia constituyó, conjuntamente con empresas internacionales, Carbones del Guasare en 1986 para operar la primera mina: Paso Diablo, que inició producción en 1987, ubicada en el Municipio Mara. Igualmente, con participación de capitales extranjeros, constituyó Carbones de la Guajira, que inició producción en 1996 en Mina Norte, Municipio Páez. Las Verdades de Miguel. (2005). El carbón del Zulia. Perjuicio o beneficio Nº 63, julio 08. Disponible en: http://www.soberania.org/Articulos/articulo_1363.htm

i) Desde comienzos del siglo XX, la ocupación de los territorios indígenas en el estado Zulia ha estado asociada a la dinámica de expansión mundial de las multinacionales petroleras y mineras8. En efecto, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935) se les entregó a las compañías petroleras las tierras ocupadas por los indígenas barí. En la década de 1980, las empresas del carbón obtuvieron en arrendamiento –a través de Carbozulia9– el noreste del piedemonte de la Sierra de Perijá y grandes extensiones en las cuencas de los ríos Guasare, Socuy y Cachirí, las cuales forman parte del territorio wayuu. Posteriormente, el Ministerio de Energía le otorgó concesiones en todas las tierras al sureste del piedemonte de la Sierra de Perijá, desde el poblado El Llano –al norte del río Apón– hasta el norte del río de Oro.

j) De acuerdo con el último censo de 2011, el pueblo yukpa asentado en el estado Zulia está conformado por 10.460 individuos, de los cuales 5.339 son hombres y 5.121 son mujeres. Otros estados donde se auto-identificaron personas como yukpa fueron: Lara 75, Carabobo 44, Táchira 18, Miranda 10 y Distrito Capital 7. En su mayoría, los miembros de este pueblo habitan en el municipio Machiques de Perijá (9.759 personas), seguido por el municipio San Francisco (293), la ciudad de Maracaibo (157), Rosario de Perijá (125), Mara (32), Cabimas (30) y Jesús Enrique Lossada (22).

Territorio, extractivismo y otros males

Note de bas de page 10 :

www.aporrea.org/desalambrar/a159149.html
Varias comunidades pemón de la Gran Sabana desarmaron y retuvieron a 43 funcionarios militares. El motivo del conflicto reside en la decisión del Gobierno Nacional de reservar para el Estado la exclusividad de la exploración y explotación del oro, a través de la Ley de Nacionalización del Oro, excluyendo por completo a los pueblos y comunidades indígenas de la zona.

No cabe duda de que en Venezuela los casos que mas han trascendido a la palestra pública en los últimos años –en relación con los problemas que enfrentan los pueblos indígenas– son los referentes a los pemón en el estado Bolívar y los yukpa de la Sierra de Perijá en el estado Zulia, ambas etnias, casualmente, pertenecientes a la familia Caribe. Sin embargo, respecto de la problemática pemón, como fue ampliamente reseñado en distintos medios de comunicación nacional, su repercusión en la opinión pública estuvo determinada en buena medida por la retención de efectivos militares –en dos ocasiones (Urimán 2011-Musukpa 2013)– quienes sometían a los indígenas al pago de tributos y decomiso de sus pertenencias para permitirles desplazarse por sus territorios, aparte de disputarles la explotación de las minas de oro ubicadas en esas zonas10. Situación muy distinta a la del pueblo yukpa, por cuanto la grave problemática que enfrenta dicho pueblo reside en su tenaz lucha con el Estado por la titulación de su territorio y su enfrentamiento con hacendados, campesinos y factores armados ilegales –tanto venezolanos como colombianos– quienes han usurpado sus tierras levantando una amplia infraestructura agropecuaria y estableciendo rutas para el contrabando. Tal escenario, que data de mucho tiempo atrás pero que se ha agudizado en los últimos 16 años con la entrada en vigencia de la Constitución Bolivariana de Venezuela, ha traído como consecuencia una espiral de violencia casi incontenible que afecta primordialmente a los indígenas.

Por las razones antes expuestas, la representante yukpa Zenaida Romero acude al Onceavo período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones indígenas, celebrado entre el 7 y 18 de mayo de 2012 en la sede de las Naciones Unidas, con el fin de denunciar el incumplimiento estatal de una serie de exigencias relativas a los derechos territoriales, las cuales se mantienen insatisfechas hasta el día de hoy. En aquella oportunidad, la joven hizo mención del acuerdo al que habían llegado los yukpa en el año 1997, durante la Presidencia de Rafael Caldera, con el Gobierno Nacional y la Gobernación del Zulia para que el Estado cancelara las bienhechurías de las haciendas y parcelas ubicadas dentro de su territorio ancestral, del cual habían sido vilmente despojados. El arreglo se extendía también al pueblo barí, por compartir con estos últimos la misma área geográfica, y, por lo tanto, la misma injusticia histórica. Fue de esta manera como se consiguió el pago de las haciendas El Trébol y los Chorros, por ejemplo, hasta la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de la República en 1999 y la entrada en vigencia de un nuevo marco constitucional y jurídico muy favorable para la población indígena.

Note de bas de page 11 :

Para un tratamiento especializado, véase Bello, Luis. (2011). El reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos y comunidades indígenas y de los derechos originarios sobre las tierras que ocupan. En: El Estado ante la sociedad multiétnica y pluricultural. Políticas públicas y derechos de los pueblos indígenas en Venezuela 1999-2010, pp. 35-86.

Note de bas de page 12 :

Gaceta Oficial Nº 37.118 de fecha 12 de enero de 2001.

Note de bas de page 13 :

Creada a través del Decreto Presidencial Nº 1.392, Gaceta Oficial Nº 37.257 de fecha 9 de agosto de 2001.

Note de bas de page 14 :

Gaceta Oficial Nº 38.344 de fecha 27 de diciembre de 2005.

Queda claro que de conformidad con lo dispuesto en la Carta Magna aprobada en el año 2000, luego de un proceso constituyente donde participaron activamente los representantes de las organizaciones indígenas, la demarcación de los hábitats y tierras de los pueblos indígenas no solo es un derecho constitucional de los pueblos indígenas frente al Estado, sino una obligación que el Ejecutivo Nacional debe cumplir como garante de los derechos que les son reconocidos en el texto fundamental del país11. El mecanismo previsto para tal fin es la demarcación, la cual viene a ser la principal política pública –tal como lo afirma Bello– que haría posible el ejercicio de los derechos territoriales de los indígenas. Este procedimiento debe implementarse con la participación directa de los pueblos y comunidades, tal como está previsto en el artículo 119. Por ello, en el año 2001 fue aprobada la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas12 –la cual despertó grandes expectativas– originando la creación oficial, el día 9 de agosto de ese mismo año, de la Comisión Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas13. Mas adelante, en el 2005, se aprueba la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas14 que también garantiza los derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente han ocupado.

No obstante, pese a la existencia del amplio y novísimo marco legal, entre los múltiples escollos que se han presentado en el largo y sinuoso camino del proceso de titulación de tierras, destaca la reforma del Decreto que crea la Comisión Nacional de Demarcación, aparecido en la Gaceta Oficial Nº 39.624 el 25 de febrero de 2011, con el cual se reestructura y reorganiza dicha Comisión. Con ese documento se introducen nuevos procedimientos y se cambia la competencia ministerial encargada de coordinar el proceso nacional de demarcación, delegando al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas la responsabilidad antes encomendada al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Esta decisión contradice lo estipulado en el artículo 4 de la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras Indígenas –de mayor rango legal por tener carácter orgánico– donde se establece claramente que la demarcación: “será realizada por el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas”.

Note de bas de page 15 :

Pronunciamiento de las Organizaciones Indígenas del estado Amazonas, el día 15 de marzo de 2011 y del Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE), el día 22 de marzo de 2011.

Pero, más allá de la objeción de carácter jurídico, ese decreto fue contundentemente rechazado por numerosas organizaciones indígenas, y hasta el propio Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE), por motivos políticos y reivindicativos: con este se limitaba la participación directa de sus organizaciones, al establecer una Secretaría Ejecutiva compuesta exclusivamente por funcionarios estatales. Adicionalmente, se convertía a los representantes indígenas con plenos derechos en simples voceros y se cambiaba la forma de aprobar las decisiones y la composición del quórum, pasando de una mayoría calificada a una mayoría absoluta, tanto para la toma de decisiones como para la conformación del mismo quórum. Por tales razones, las organizaciones indígenas estimaron que dicha disposición iba a obstaculizar todavía mas el proceso de demarcación, volviéndolo prácticamente inoperante. En simultáneo, denunciaron a la ministra indígena Nicia Maldonado por “promover la división, el enfrentamiento y la agresión hacia las organizaciones sociales indígenas que apoyan este proceso, a través de su descalificación y deslegitimación”, llegando incluso a solicitar su destitución al Presidente Chávez15.

Note de bas de page 16 :

En octubre de 2008 se publicó en un diario de circulación nacional: “Los hechos indican que el proceso de demarcación que formalmente comenzó en 2004 está lejos de concluir. Es poco factible que se cumpla la última oferta hecha por la ministra del Ambiente y Recursos Naturales, sobre la eventual entrega definitiva de 60.000 hectáreas que reclaman los yukpas antes de finalizar el año”. El Nacional. Siete Días. 12 de octubre de 2008.

Ahora bien, ¿cómo repercutió el cambio, a nivel institucional de los organismos estatales encargados del proceso de la demarcación, en la lucha emprendida por los yukpa de la Sierra de Perijá para hacer valer sus demandas territoriales? De acuerdo con informaciones publicadas en distintos medios de comunicación –tanto convencionales como alternativos– la falta de titulación de sus tierras ancestrales16, sumado a la negativa del gobierno de realizar la demarcación conforme a las propuestas de los propios indígenas, desencadenó una serie de conflictos a partir de agosto de 2008, cuando algunos líderes yukpa asentados hacia el norte decidieron ocupar varias haciendas ubicadas en el piedemonte de la Sierra de Perijá –específicamente en la cuenca del río Yaza donde establecieron el centro originario Chaktapa, Guamo Pamocha y Shiraji– como medida de presión contra el retardo gubernamental. Desde entonces no han cesado los enfrentamientos con los hacendados y ganaderos de la zona –quienes cuentan con el apoyo de distintos cuerpos de seguridad del Estado y de grupos criminales– los cuales dejaron el lamentable saldo de 8 líderes asesinados entre 2009 y 2013 solo en el Yaza, además de mantener un clima de violencia generalizada, vejámenes y amenazas.

La resonancia que tuvo un incidente violento acaecido en julio de 2008 motivó al Coordinador de la Sociedad Homo et Natura, Lusbi Portillo –quien ha acompañado a los yukpa en su tortuoso camino por la reivindicación de sus derechos– a denunciar lo siguiente:

Note de bas de page 17 :

Yubirí Ortega.

Note de bas de page 18 :

Ministra del Poder Popular Para los Pueblos Indígenas en ese momento.

Lo primero que hay que tener claro para comprender el conflicto es que las tierras pertenecen a los yukpas y que los ganaderos y parceleros sólo tienen derechos sobre las bienhechurías que han construido para el desarrollo de la actividad agropecuaria […] la cohabitación que propone la Comisión Nacional de Demarcación del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, así como el Ministerio para Pueblos Indígenas, es una burla a la Constitución y a las leyes que establecen el derecho de los indígenas sobre sus tierras y hábitats […] Las ministras traicionan a los indígenas y a Chávez, porque los yukpas aspiran a una tierra saneada, sin ganaderos ni minas, y el Presidente fue muy claro al respaldar tal aspiración. Si se hace lo que propone la ministra del Ambiente17, los yukpas van a quedar confinados en espacios minúsculos. Si los indígenas firman las cartas de convivencia que les exige Nicia Maldonado18, claudicarían en su lucha sin haber sido reivindicados (Portillo, L. 2008).

A los dos días de haberse suscitado un violento altercado con activistas sociales, quienes decidieron ir hasta el río Yaza con el fin de llevarles alimentos y medicinas a las familias yukpa que habían ocupado las haciendas –pues éstas se encontraban sitiadas por efectivos del Ejército y la Guardia Nacional– el Presidente Chávez se pronunció a través de su programa dominical “Aló Presidente”, del 24 de agosto. Luego de manifestar su preocupación por los hechos acaecidos la noche del viernes anterior, designó una comisión integrada por varios representantes de las fuerzas armadas y el Vicecanciller Francisco Arias Cárdenas –actual gobernador de la entidad– con el fin de mediar en el conflicto y buscar alternativas de solución al problema.

Note de bas de page 19 :

Diario El Nacional. Ciudadanos, Regiones. 27 de agosto de 2008.

Note de bas de page 20 :

Diario El Nacional. Ciudadanos, Regiones. 13 de octubre de 2008.

Sin embargo, esta comisión fue objetada por los yukpa dada su justificada desconfianza hacia los militares. En esa oportunidad, los yukpa solicitaron una intervención mas directa del Presidente Chávez y cuestionaron la actuación de la ministra Nicia Maldonado, pidiendo su destitución19. Los integrantes de la Comisión, incluidos la ministra Maldonado y el Vicepresidente Elías Jaua, junto a otros delegados gubernamentales, afirmaron que en dos meses estaría culminada la delimitación del área en disputa y que los yukpa participarían en el proceso de demarcación de sus tierras. Por tal razón, la entrega de títulos prevista para el 12 de octubre de ese mismo año fue suspendida y en su lugar se anunció un plan de desarrollo e inversión social en la Sierra de Perijá, por un monto de 235,4 millones de bolívares20, destinados a atender la crítica situación de pobreza que viven los pueblos indígenas de la zona. Todo ello, en un vano intento por atemperar las tensiones producidas por el enfrentamiento entre ganaderos e indígenas.

Note de bas de page 21 :

Diario El Nacional. Ciudadanos, Regiones. 11 de octubre de 2009.

En octubre del año siguiente (2009), el gobierno realizó una entrega de títulos de propiedad sobre espacios fragmentados, es decir, por parcelas, violando así lo establecido en la Ley de Demarcación y desvirtuando de esta manera la propuesta de demarcación original hecha por las comunidades yukpa, lo cual fue denunciado públicamente en diferentes medios de comunicación. Según las informaciones de prensa, el 85% de las tierras indígenas no serían entregadas a los yukpa: la demarcación del territorio incluía, en una primera fase, sólo 46.000 de las 285.000 hectáreas exigidas21.

De acuerdo con los aliados de la causa yukpa agrupados en la ONG Sociedad Homo et Natura:

El Gobierno dividió el trabajo de la delimitación en cuatro secciones, que incluyen las tierras de las comunidades yukpas sirapta, aroy y tinakoa. No se les van a entregar las tierras a los yukpas que viven al lado del Río Negro, Río Yaza o Tukuko, donde habita más de la mitad de los yukpas. Allá, a Tokuko, ni siquiera ha ido la comisión de demarcación (Portillo, 2009).

De ahí que la representante yukpa que asistió al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en 2012 expusiera:

El proceso de demarcación de nuestras tierras por presiones de los ganaderos y parceleros fue detenido en dos oportunidades y duró 7 años, desde el 2004 hasta el 15 de diciembre de 2011, cuando a nuestras espaldas en un acto político con el Gran Polo Patriótico el Presidente de la República Hugo Chávez Frías firma con un ciudadano Yukpa llamado Ciro Landino, quien no es autoridad alguna ni escogido para que nos representara, nuestro título de tierra. Documento de cuatro páginas, que al final de la tercera página le reconoce a los terceros derechos, y a los mineros; y al no entregarse el documento acompañado por un mapa no sabemos cuáles son los linderos de nuestros territorios reconocidos al fin por el Estado gobierno (Sociedad Homo et Natura 2012: 2).

Note de bas de page 22 :

Dos indígenas fueron asesinados en enfrentamientos en Perijá. Yukpas y ganaderos culpan al Gobierno por la violencia. La ministra del Ambiente y el ministro de Relaciones Interiores estuvieron por semanas dividiendo a los indígenas con la demarcación y crearon este clima de inseguridad”. Diario El Nacional. Ciudadanos, Regiones. 15 de octubre de 2009.

No es de extrañar entonces que por esta perversa espiral de violencia y conflicto en la Sierra de Perijá, se haya responsabilizado al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente –que presidió la Comisión de Demarcación hasta el año 2011– al Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, y al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas22. Según los líderes legítimos de este pueblo indígena, y las organizaciones de derechos humanos que les apoyan, estas instancias han favorecido los intereses y la protección de los ganaderos y terratenientes de la zona, en claro detrimento de los derechos territoriales de los yukpa. De acuerdo con la versión ofrecida en la ONU por la dirigente yukpa Zenaida Romero:

El Ejecutivo determina a través de la Comisión Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas que demarcar tierras no era pagar las bienhechurías de las haciendas, como tantas veces afirmó públicamente el Ing. Sergio Rodríguez Viceministro del Poder Popular para el Ambiente (Ibídem).

El 14 y 15 de diciembre de 2011 el gobierno había anunciado –de forma sorpresiva y unilateral– que cancelaría las bienhechurías correspondientes a 25 haciendas, algunas de las cuales ya habían sido ocupadas por varias familias indígenas. No obstante, en esos títulos otorgados se les reconocen derechos a terceros (no indígenas) y además no se incluyó el resto de las haciendas y parcelas que también se encuentran ubicadas dentro del perímetro territorial reclamado por los yukpa. Como cabía esperar, tal decisión no hizo otra cosa que agravar mas la ya crítica situación y acentuar la profunda división entre comunidades yukpa.

Note de bas de page 23 :

Comunicación personal, 2014.

Note de bas de page 24 :

Pérez, Eduardo. (2007). La muerte negra. Entrevista a Quintero Weir. Publicada el 12 de marzo en:
www.soberania.org/Articulos/articulo_3001.htm

Note de bas de page 25 :

Profesor de la Universidad del Zulia (LUZ).

Otro asunto de larga data que enfrenta a los pueblos indígenas de la Sierra de Perijá con el gobierno venezolano en lo relativo al territorio, es el referente a los planes de exploración y explotación del carbón. De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Dr. Montes23 (consultor ambiental), el gobierno nacional planea explotar varias minas ubicadas a lo largo de toda la Sierra de Perijá, a través de concesiones dadas a empresas extranjeras. En el Norte, se prevé la ampliación de las minas Norte y Paso Diablo en la Cuenca del río Guasare –actualmente en producción– y en el Sur las minas ubicadas en El Tukuko, Aricuaizá, Río de Oro y Guaracuyá, además de una zona hacia al Sur, fuera del sistema montañoso, ubicada cerca del poblado llamado Casigua El Cubo. Proyectos que afectarían directamente a los cinco pueblos indígenas del estado Zulia; a saber, añú, barí, japreria, wayuu y yukpa. Esta información había sido difundida también en la entrevista realizada a Quintero Weir el 12 de marzo de 200724. Según él, Carbozulia tiene en proyectos carboníferos 2.750 hectáreas en Socuy, 3.750 has. en Cachirí, 47.000 has. en Río de Oro y 78.256 has. en el Tukuko-Aricuaizá. Pero como bien lo afirma Quintero Weir25:

El gran problema reside en que “esas 132.456 has. se encuentran ubicadas en territorios ancestrales indígenas y es obvio que si el carbón a explotar se encuentra en estos territorios, sus habitantes, es decir la población indígena, será desplazada por las buenas o por las malas; no en vano el gobierno venezolano activó el Teatro de Operaciones Nº 4 (TO4) en esa zona (Pérez, E. 2007).

Incluso, las denuncias señalaban que había tres pueblos wayuu en el municipio Páez (al Noroccidente de la entidad) que vivían literalmente sitiados en Mina Norte –la cual es operada por Carbozulia, Inter American Coal y Chevron (Carbones de la Guajira S.A.)– pues solo se les permitía entrar o salir de esta área dos días a la semana, a la vez que el acceso de foráneos al lugar era fuertemente restringido por las empresas.

Por lo anterior, no era de extrañar que Quintero Weir se preguntara si con la explotación del carbón en los ríos Socuy, Maché y Cachirí, es decir, en territorio indígena, el gobierno estimaba convertir a la población originaria en minera: “¿La población originaria de estas zonas se convertirá en minera?, ¿qué harán el gobierno nacional y las transnacionales carboníferas con las poblaciones indígenas que se niegan a abandonar sus territorios?, ¿qué papel jugará el TO4 en esta situación?” (Ibídem). De hecho, las informaciones publicadas daban cuenta de que el 80% del subsuelo del territorio barí contiene las principales minas de carbón –y que el gobierno las había entregado en concesión a transnacionales chinas, brasileñas y surafricanas– amparándose en la Ley de Minas. Sobre este punto, es necesario tener presente que el 14 de febrero de 2005 se había constituido en Caracas –con la firma de los presidentes de Venezuela y Brasil, Hugo Chávez y Luis Inácio Lula Da silva– la empresa binacional Carbosurámerica, cuyo objetivo era promover la explotación carbonífera en los yacimientos de Socuy y Casigua el Cubo. Incluso, un año antes, el 15 de septiembre de 2004, se había firmado el Memorándum de Entendimiento entre Carbozulia y Vale do Rio Doce (empresa brasileña). Pero debido a la fuerte presión ejercida por las comunidades indígenas, los grupos ambientalistas regionales y nacionales y las organizaciones de DD.HH., el Ejecutivo decide nombrar una Comisión Presidencial, coordinada por la ministra del Ambiente Jacqueline Farías, para que se elabore el informe ejecutivo titulado: Evaluación Ambiental. Explotación del carbón, Estado Zulia, a fin de evaluar los posibles daños que ocasionaría la explotación del mineral en la Sierra de Perijá. Como era previsible, el resultado del informe coincidió con el análisis y los cuestionamientos formulados por las organizaciones ecologistas, los movimientos sociales y las comunidades indígenas, paralizándose provisionalmente los planes extractivos en esa región.

Note de bas de page 26 :

Sociedad Homo et Natura. (2012). Carbón, Chávez y Arias Cárdenas. Maracaibo, agosto 06: Autor

Decimos «provisional», por cuanto los planes carboníferos nunca han sido realmente abandonados por el estamento político-gubernamental de las administraciones Chávez-Maduro. Todo lo contrario. Con la llegada a la Gobernación del Zulia de Francisco Arias Cárdenas en diciembre de 2012, se impulsa otra vez el ciclo de planificación minera en la región. Así lo revelan las denuncias realizadas por la organización Sociedad Homo et Natura26 los indígenas y los movimientos ecologistas de la región, las cuales dan cuenta de la intención de crear una gran infraestructura portuaria-vial en el lago de Maracaibo para transportar el carbón, y otras materias primas, hacia el exterior. La iniciativa incluye abrir nuevas minas en el sur del lago de Maracaibo y en la Sierra de Perijá.

Note de bas de page 27 :

Decreto Nº 1.606, Gaceta Oficial Nº 40.599, de fecha 10 de febrero de 2015. Con este decreto, el Ejecutivo le otorga a la empresa Carbones del Zulia S.A. –filial de Petróleos de Venezuela S.A.– 24.192 hectáreas de las cuencas de los ríos Guasare y Socuy para explotar carbón.

Las ubicadas en esta última, contarían con un sistema de entramado ferrovial que atravesará todo el piedemonte de la Sierra hasta desembocar en el denominado Puerto Bolívar (o Puerto América), en el Golfo de Venezuela. También se proyectó la construcción de una planta carboeléctrica en la mina Paso Diablo, cuya administración es compartida por el Estado con la empresa norteamericana Peabody y la inglesa Anglo American Coal Holding, en la empresa mixta Carbones del Guasare S.A. Desde entonces los indígenas, los ambientalistas y los movimientos sociales se mantienen en pie de lucha frente a los planes de elevar la explotación de carbón de 8 millones a 36 millones de toneladas al año27. Denuncian que en la actualidad las minas Paso Diablo y Norte ya contaminan el río Guasare, y de explotarse el yacimiento en el área del Socuy se terminará por afectar el río del mismo nombre, y, en consecuencia, los embalses Manuelote y Tulé, los cuales surten de agua potable a varios municipios de la entidad. La misma objeción es extensible para la mina Las Carmelitas, que contaminará el río Laja, la represa Los Tres Ríos y el embalse Winka.

Note de bas de page 28 :

Decreto Nº 40.733 del 27 de agosto de 2015.

A raíz de la presión ejercida por las organizaciones sociales y ambientales regionales –lideradas por el Frente de Resistencia Ecológica del Zulia, la ONG Sociedad Homo et Natura y comunidades wayuu de la Sierra de Perijá que serían afectadas por la explotación del carbón, el Ejecutivo Nacional modifica «por error material» el Decreto Nº 1.60628. Tal rectificación reducía considerablemente el área a explotar, de 24.192 has. a 7.249 has., es decir, una superficie tres veces menor a la contemplada originalmente en el decreto, además de prohibir la apertura de nuevas minas –únicamente operarían las dos minas ya abiertas, Paso Diablo y Norte– y tampoco se autorizaba la construcción de una termoeléctrica a base de carbón (carboeléctrica). Ahora bien, lo trascendente de la decisión tomada por el Ejecutivo nacional residía en que con ella «aparentemente» se abortaba el antiguo proyecto con el que se aspiraba a construir una gran infraestructura portuaria-vial para transportar el carbón –y otras mercancías– desde el norte de Santander (Colombia) y la Sierra de Perijá hacia el mar Caribe.

Note de bas de page 29 :

http://www.larazon.net/2015/06/30/decreto-presidencial-amenaza-a-la-sierra-de-perija/

De acuerdo con denuncias realizadas por Lusbi Portillo29, este mismo plan fue impulsado por Arias Cárdenas –actual gobernador del Zulia– entre los años 1995 y 2000 durante su primer periodo de gobierno en la entidad. No obstante, la iniciativa se remonta al 19 de noviembre de 1989, cuando mediante el Decreto Nº 952 el Ejecutivo crea la “Comisión Presidencial para el estudio de la alternativa Paseo Litoral del Lago de Maracaibo”, la cual será modificada en sucesivas oportunidades:

La finalidad de esta institución regional era 1) La construcción de una vía alterna al Puente Rafael Urdaneta (miren desde donde ha caminado la “novedosa idea de levantar un nuevo puente sobre el Lago), uniendo en forma vial, y a través de varios puentes, la población del Moján, en el municipio Mara con Quisiro, en el municipio Miranda, este Paseo del Lago fue transformado en el Puente Padilla y posteriormente en Puente Nigales a cargo su construcción a la empresa brasileña Odebrecht y 2) Un puerto de aguas profundas denominado en ese entonces Puerto Venezuela, luego Puerto América y ahora Bolívar en la isla San Bernardo-San Carlos, en el Golfo de Venezuela. El puerto contaría con tres terminales: 1) uno para exportar 20 millones de toneladas de carbón procedentes de las minas ubicadas en los ríos Guasare, Socuy, Maché y Cachirí, 2) un segundo para exportar carbón proveniente del estado Táchira y Colombia. Tendrá de igual modo un terminal para exportar el petróleo extraído de los yacimientos del Zulia, y uno más para carga y descarga de mercancía de conteiner. Se estudia en la Gobernación del Zulia proponerle al Presidente Maduro inaugurarlo con el nombre de Hugo Chávez Frías (Sociedad Homo et Natura 2016: 1 y 2).

El oficialista Arias Cárdenas, mutatis mutandi, le propuso a la actual directiva de la Asamblea Nacional –compuesta en su mayoría calificada por la oposición política al gobierno de Maduro– la discusión de un proyecto de ley denominado “Ley marco para el saneamiento del lago de Maracaibo y su cuenca hidrográfica”, que había sido aprobado en 2012 por el Consejo Legislativo regional, el cual fue aprobado en primera discusión por el Parlamento el pasado 2 de agosto de 2016. Con este instrumento legal intentan encubrir los planes de explotación minera en la región, a través de una muy dudosa iniciativa con fines ambientales.

Todas estas maniobras políticas ponen en evidencia la connivencia que existe entre funcionarios del régimen de N. Maduro y actores vinculados con la oposición a este, la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en lo que a política minero-extractiva se refiere. Por ello no sorprende que Enrique Márquez –quien pertenece al Partido Un Nuevo Tiempo (UNT) fundado por Manuel Rosales, otrora férreo enemigo de Hugo Chávez– sea uno de los máximos defensores de dicho proyecto de ley; a la vez que un personaje como Luis Soto Luzardo –reconocido por su militancia en el también opositor partido Acción Democrática AD– sea hoy, como ayer, funcionario de confianza del “revolucionario” Arias Cárdenas.

Note de bas de page 30 :

El Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Gaceta Oficial Nº 6.118, Extraordinario del 4 de diciembre de 2013.

Como bien lo ha señalado públicamente el exsenador de la República Alexander Luzardo, el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO) y demás proyectos contenidos en el Plan de la Patria30, están asociados a una repartición del territorio en áreas de influencia por parte de grupos que detentan el poder político y económico. El ecocidio, el etnocidio y la más abyecta corrupción están asociados a estos planes, por medio de la venta y reventa de concesiones en la bolsa de Toronto y de otros países «desarrollados». En palabras textuales de Luzardo:

Es la corrupción, la legitimación de capitales o el lavado de dinero a través de la minería, tal como sucede en países como Colombia, Perú o el Congo. Estos megaproyectos constituyen un intento de entregar o vender mas de la mitad del territorio nacional, para tratar de mantenerse en el poder a costa de la venta del futuro (Comunicación personal, 09/10/2016).

Note de bas de page 31 :

Para una visión detallada, léase Ávila, Ariel F. (Coord.). (2012). La frontera caliente entre Colombia y Venezuela. Narcotráfico. Cartel de gasolina. Corrupción. Paramilitarismo. Retaguardia de la guerrilla. Cundinamarca: Corporación Nuevo Arco Iris y Random House Mondadori SAS.

Tales apreciaciones parecen guardar puntos de coincidencia con una exhaustiva investigación hecha en Colombia sobre las dinámicas y las estructuras de los grupos armados ilegales a ambos lados de la línea fronteriza. En dicho trabajo31 se analiza la transformación y reconfiguración de los grupos criminales en la zona, los mercados legales e ilegales en los que participan, y los grados de penetración institucional que han llevado a cabo en los últimos veinte años, dando origen a un «Estado mafioso virtual» en donde casi no se distinguen las acciones del crimen organizado de aquellas que realizan determinadas instituciones.

Dentro de este contexto, el desarrollo de megaproyectos y la apropiación de corredores de movilidad –algunos de los cuales desembocan en puertos naturales utilizados para la exportación de droga e intereses geoestratégicos– han consolidado alianzas entre núcleos del poder local, regional y nacional con estructuras armadas ilegales, cuyas motivaciones no se fundan en filiaciones político-partidistas sino en intereses territoriales, económicos, políticos o por razones de protección. De allí la importancia de los megaproyectos de explotación minera, con preponderancia de la industria del carbón, gasífera y de agrocombustibles, pasando por hidroeléctricas y de turismo a gran escala.

3. Apreciaciones finales

Sabino marca el camino

El 03 de marzo de 2013, dos días antes del anuncio formal de la muerte de Hugo Chávez, fue vilmente asesinado el cacique yukpa del Centro Originario Chaktapa Sabino Romero Izarra. Se trató de una muerte anunciada, por cuanto en su condición de líder emblemático de la lucha por el territorio del pueblo yukpa, fue la figura que capitalizó los esfuerzos encaminados a lograr el reconocimiento de la demarcación y titulación del territorio indígena en la Sierra de Perijá.

Sin lugar a dudas, el haberse negado a aceptar sobornos, en múltiples ocasiones, con la finalidad de que desistiera de su objetivo –imprimiéndole con ello un carácter autonómico a su accionar– confabularon contra él para que diversos sectores, entre los que se encontraban altos representantes del poder político local y nacional, le adversaran. En este sentido, su cruzada representa un denodado esfuerzo contra un modelo económico basado en la extracción y comercialización de recursos petroleros, gasíferos y mineros, promovidos por capitales transnacionales en contubernio con autoridades gubernamentales.

Como es de conocimiento público, la decisión que tomó el gobierno venezolano para reducir las tensiones y mitigar los conflictos en el caso yukpa, consistió en entregarles dos (2) títulos de «tierras»: el primero comprende 41.630,07 has. para los poblados ubicados en el extremo norte del territorio exigido, específicamente las comunidades Sirapta, Aroy y Tinacoa, con lo cual perdieron su lindero oeste; es decir, el de las altas montañas de la Sierra de Perijá que van hacia Colombia.

Note de bas de page 32 :

Sociedad Homo et Natura. (2012). Los indígenas no son campesinos. Maracaibo, agosto 17: Autor.

Esto lo hizo el 12 de octubre de 2009. El segundo abarca 143.610,50 has. y fue entregado el 15 de diciembre de 2011. Sin embargo, los yukpa congregados en torno a la lucha del cacique Sabino rechazaron tales títulos por considerar que dividía y fragmentaba la integridad del territorio ancestral reclamado por ellos, porque apenas representaba una mínima porción del mismo, y porque –como colofón– se le reconocía derechos a terceros, esto es, a campesinos y parceleros invasores, hacendados, empresas nacionales y extranjeras, etcétera32.

En la actualidad, vastas regiones del país han sido repartidas y concesionadas a compañías cuyos capitales son de procedencia china, rusa, cubana, iraní, brasileña, canadiense, estadounidense, entre otras, para ejecutar actividades de exploración, extracción y comercialización de recursos «estratégicos» que yacen en el subsuelo. En tales condiciones, los territorios y hábitats donde se encuentran asentados los pueblos y comunidades indígenas –no por casualidad aquellos que concentran mayor riqueza mineral, mayor biodiversidad, grandes reservorios de agua dulce, amén de su diversidad sociocultural y lingüística– difícilmente le serán reconocidos a sus guardianes originarios. Muy por el contrario, con la desposesión y desplazamiento masivo de nuestras poblaciones indígenas, campesinas y tradicionales –tal como viene sucediendo en gran parte del Continente– se hará añicos el entramado bio-cultural que sirve de sustento a la integridad ecológica-ambiental del país. Todo, por el beneficio «pecuniario» de unos pocos.

Bibliographie

Ávila Ariel F. (Coord.). (2012). La frontera caliente entre Colombia y Venezuela. Narcotráfico. Cartel de gasolina. Corrupción. Paramilitarismo. Retaguardia de la guerrilla. Cundinamarca: Corporación Nuevo Arco Iris y Random House Mondadori SAS.

Bello, Luis. (2011). El reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos y comunidades indígenas y de los derechos originarios sobre las tierras que ocupan. En El Estado ante la sociedad multiétnica y pluricultural. Políticas públicas y derechos de los pueblos indígenas en Venezuela 1999-2010 pp. 35-86.

COIAM, Marzo 15. (2011). 1er. Pronunciamiento de las Organizaciones Indígenas del estado Amazonas sobre la Aprobación del Decreto Presidencial Nº 7.855 del 26/11/2010, Gaceta Oficial Nº 39.624 que reestructura y reorganiza la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas. Puerto Ayacucho: Autor.

COIAM, Mayo 27. (2011). 2do. Pronunciamiento de las Organizaciones Indígenas del estado Amazonas sobre la Aprobación del Decreto Presidencial Nº 7.855 del 26/11/2010, Gaceta Oficial Nº 39.624 que reestructura y reorganiza la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas. Puerto Ayacucho: Autor.

CONIVE, Marzo 22. (2011). Acta de reunión del Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE) con los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas. Caracas: Autor.

Decreto Presidencial Nº 1.392. (2001). Mediante el cual se crea la Comisión Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, agosto 9. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 37.257.

Decreto Nº 7.855. (2011). Mediante el cual se reforma la Comisión Presidencial denominada «Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas», con carácter temporal, creada mediante Decreto Nº 1.392, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.257, de fecha 09 de agosto de 2001, febrero 25. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 39.624

Decreto Nº 1.606. (2015). Mediante el cual se reserva el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, el ejercicio directo de las actividades de exploración y explotación de carbón y demás minerales asociados a éste, febrero 10. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 40.599.

Diario El Nacional. Siete Días. 12 de octubre de 2008.

Id. Ciudadanos, Regiones. 27 de agosto de 2008.

Id. Ciudadanos, Regiones.13 de octubre de 2008.

__________Ciudadanos, Regiones. 11 de octubre de 2009.

__________Ciudadanos, Regiones. 15 de octubre de 2009.

El Plan de la Patria (2013). Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.118. (Extraordinario), diciembre 4.

Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas. (2001). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 37.118. Enero 12.

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. (2005). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 38.344. Diciembre 27.

Organizaciones Sociales y Ecologistas del estado Zulia y las Comunidades wayuu de la cuenca del río Socuy. (2015). La explotación del carbón dejará a Maracaibo sin agua y sin tierra a los wayuu. Maracaibo, marzo 18: Autor.

Pérez, Eduardo. (2007). La muerte negra. Entrevista a Quintero Weir. Grupo de Estudio y Trabajo y Pueblo y Conciencia, marzo 12. Disponible en: www.soberania.org/Articulos/articulo_3001.htm

Portillo, Lusbi. (2000). Reterritorialización del estado Zulia. Ponencia presentada en la Universidad del Zulia.

Portillo, Lusbi. (2008). Las ministras traicionan a los indígenas. Venezuela real. Información y opinión. Disponible en: http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/10/12/lusbi-Portillo-Las-ministras-traiciona.html

Portillo, Lusbi. (2009). Venezuela: Discrepan con cantidad y calidad de tierras que entregará Chávez a pueblo Yukpa. Disponible en: https://www.servindi.org/actualidad/17605

Ruddle, K. y Wilbert J. (1983). Los yukpa. En Perera, Miguel A., (Edit.). (2008). Los aborígenes de Venezuela. Etnología contemporánea. Volumen II. Monografía Nº 29. 2ª Edición. Caracas: Monte Ávila Editores, Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Instituto Caribe de Antropología y Sociología e Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, pp. 47-196.

Sociedad Homo et Natura. (2012). “Nuestra lucha por la vida y por nuestro territorio”. Documento presentado por la dirigente del pueblo yukpa Zenaida Romero, hija de Sabino Romero, en la ONU. Maracaibo, mayo 06: Autor.

__________ (2012a). El título de tierra para los yukpa y sus contradicciones (Parte II). Maracaibo, enero 15: Autor.

__________ (2012b). Se inicia la criminalización contra el líder Sabino y su familia. Si asesinan a Sabino, serán culpables el diario La Verdad y acusadores yukpa tarifados o los dirigentes parceleros guarimberos de Machiques. Maracaibo, febrero 20: Autor.

__________ (2012c). Carbón, Chávez y Arias Cárdenas. Maracaibo, agosto 06: Autor.

__________ (2012d). Los indígenas no son campesinos. Maracaibo, agosto 17: Autor.

__________ (2014). El 12 de octubre para los yukpa es tan malo como los otros. Maracaibo, octubre 07: Autor.

__________ (2014ª). Las mentiras de la Gobernación del Zulia sobre Puerto Bolívar. Maracaibo, octubre 07: Autor.

__________ (2016). La ley de Arias Cárdenas. No es para sanear el Lago de Maracaibo sino para sacar carbón represado en Santander (215 MT) y mercancía de la Guajira colombiana. Maracaibo, julio 03: Autor.

Venturini, José Ali. (1984). Naturaleza jurídica del usufructo indígena. En Revista Derecho y Reforma Agraria, Nº 14. Instituto Iberoamericano de Derecho Agrario y Reforma Agraria. Mérida: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Vicepresidencia de la República. Aviso oficial mediante el cual se corrige por error material el decreto 1.606, de fecha 10 de febrero de 2015, donde se reserva al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, el ejercicio de las actividades de exploración y explotación del carbón. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 40.733. Agosto 27, 2015.

www.aporrea.org/desalambrar/a159149.html

www.aporrea.org/ddhh/a142986.html

www.larazon.net/2015/06/30/decreto-presidencial-amenaza-a-la-sierra-de-perija/

www.soberania.org/Articulos/articulo_1363.htm

www.venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/10/12/lusbi-portillo-las-ministras-traiciona.html

Notes

1 Confróntese: Venturini, José Ali. (1984). Naturaleza jurídica del usufructo indígena. En Revista Derecho y Reforma Agraria, Nº 14. Instituto Iberoamericano de Derecho Agrario y Reforma Agraria. Mérida: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, pp. 202, 203, 209.

2 Sociedad Homo et Natura. (2012). Se inicia la criminalización contra el líder Sabino y su familia. Si asesinan a Sabino, serán culpables el diario La Verdad y acusadores yukpa tarifados o los dirigentes parceleros guarimberos de Machiques. Maracaibo, 20 de febrero: Autor.

3 Vivienda tradicional donde residen los yukpa permanentemente, cuando no están de caza o pesca.

4 El sistema de encomiendas nació como una respuesta a la imperiosa necesidad del colono, de mano de obra dócil, segura y controlada. En el sistema de encomiendas, los indígenas encomendados guardaban la propiedad de sus tierras, que no debían confundirse con las concedidas al encomendero por la Merced de Tierras (instituida por la Corona en 1513).

5 Nombre con el que los yukpa se refieren a las personas no indígenas.

6 Después de un período de cultivo que podía variar de uno a tres o más años, se dejaban los conucos en barbecho. Los yukpa reconocían que esto era necesario para el descanso y recuperación de la tierra y para eliminar malezas, enfermedades de los cultivos y pestes animales. Las zonas de barbecho constituían sitios importantes para la recolección de plantas comestibles y medicinales (Ibídem. 84)

7 En el año 2003, después de 4 años de gobierno, el Presidente Hugo Chávez adopta un nuevo esquema para darle operatividad a su gestión al que bautizó con el nombre de Misiones. Es así como, entre los años 2003 y 2004, se crearon 13 misiones con el apoyo del gobierno cubano, cuya finalidad era demostrar la capacidad de la Revolución Bolivariana para reducir la exclusión social, la cual se había extendido aceleradamente a las áreas de salud, educación, alimentación, producción y vivienda.

8 Portillo, Lusbi. (2000). Reterritorialización del estado Zulia. Ponencia presentada en la Universidad del Zulia.

9 Carbones del Zulia (Carbozulia), se creó como compañía en 1978. Lamentablemente, la crisis económica del año 1983 llevó al Ejecutivo Nacional a tomar la decisión de traspasar Carbozulia a PDVSA. Bajo la dirección de PDVSA, Carbozulia constituyó, conjuntamente con empresas internacionales, Carbones del Guasare en 1986 para operar la primera mina: Paso Diablo, que inició producción en 1987, ubicada en el Municipio Mara. Igualmente, con participación de capitales extranjeros, constituyó Carbones de la Guajira, que inició producción en 1996 en Mina Norte, Municipio Páez. Las Verdades de Miguel. (2005). El carbón del Zulia. Perjuicio o beneficio Nº 63, julio 08. Disponible en: http://www.soberania.org/Articulos/articulo_1363.htm

10 www.aporrea.org/desalambrar/a159149.html
Varias comunidades pemón de la Gran Sabana desarmaron y retuvieron a 43 funcionarios militares. El motivo del conflicto reside en la decisión del Gobierno Nacional de reservar para el Estado la exclusividad de la exploración y explotación del oro, a través de la Ley de Nacionalización del Oro, excluyendo por completo a los pueblos y comunidades indígenas de la zona.

11 Para un tratamiento especializado, véase Bello, Luis. (2011). El reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos y comunidades indígenas y de los derechos originarios sobre las tierras que ocupan. En: El Estado ante la sociedad multiétnica y pluricultural. Políticas públicas y derechos de los pueblos indígenas en Venezuela 1999-2010, pp. 35-86.

12 Gaceta Oficial Nº 37.118 de fecha 12 de enero de 2001.

13 Creada a través del Decreto Presidencial Nº 1.392, Gaceta Oficial Nº 37.257 de fecha 9 de agosto de 2001.

14 Gaceta Oficial Nº 38.344 de fecha 27 de diciembre de 2005.

15 Pronunciamiento de las Organizaciones Indígenas del estado Amazonas, el día 15 de marzo de 2011 y del Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE), el día 22 de marzo de 2011.

16 En octubre de 2008 se publicó en un diario de circulación nacional: “Los hechos indican que el proceso de demarcación que formalmente comenzó en 2004 está lejos de concluir. Es poco factible que se cumpla la última oferta hecha por la ministra del Ambiente y Recursos Naturales, sobre la eventual entrega definitiva de 60.000 hectáreas que reclaman los yukpas antes de finalizar el año”. El Nacional. Siete Días. 12 de octubre de 2008.

17 Yubirí Ortega.

18 Ministra del Poder Popular Para los Pueblos Indígenas en ese momento.

19 Diario El Nacional. Ciudadanos, Regiones. 27 de agosto de 2008.

20 Diario El Nacional. Ciudadanos, Regiones. 13 de octubre de 2008.

21 Diario El Nacional. Ciudadanos, Regiones. 11 de octubre de 2009.

22 Dos indígenas fueron asesinados en enfrentamientos en Perijá. Yukpas y ganaderos culpan al Gobierno por la violencia. La ministra del Ambiente y el ministro de Relaciones Interiores estuvieron por semanas dividiendo a los indígenas con la demarcación y crearon este clima de inseguridad”. Diario El Nacional. Ciudadanos, Regiones. 15 de octubre de 2009.

23 Comunicación personal, 2014.

24 Pérez, Eduardo. (2007). La muerte negra. Entrevista a Quintero Weir. Publicada el 12 de marzo en:
www.soberania.org/Articulos/articulo_3001.htm

25 Profesor de la Universidad del Zulia (LUZ).

26 Sociedad Homo et Natura. (2012). Carbón, Chávez y Arias Cárdenas. Maracaibo, agosto 06: Autor

27 Decreto Nº 1.606, Gaceta Oficial Nº 40.599, de fecha 10 de febrero de 2015. Con este decreto, el Ejecutivo le otorga a la empresa Carbones del Zulia S.A. –filial de Petróleos de Venezuela S.A.– 24.192 hectáreas de las cuencas de los ríos Guasare y Socuy para explotar carbón.

28 Decreto Nº 40.733 del 27 de agosto de 2015.

29 http://www.larazon.net/2015/06/30/decreto-presidencial-amenaza-a-la-sierra-de-perija/

30 El Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Gaceta Oficial Nº 6.118, Extraordinario del 4 de diciembre de 2013.

31 Para una visión detallada, léase Ávila, Ariel F. (Coord.). (2012). La frontera caliente entre Colombia y Venezuela. Narcotráfico. Cartel de gasolina. Corrupción. Paramilitarismo. Retaguardia de la guerrilla. Cundinamarca: Corporación Nuevo Arco Iris y Random House Mondadori SAS.

32 Sociedad Homo et Natura. (2012). Los indígenas no son campesinos. Maracaibo, agosto 17: Autor.

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Para citar este documento

María Suárez Luque «La política del despojo: el conflicto territorial del pueblo yukpa de la Sierra de Perijá (Venezuela)», Trayectorias Humanas Trascontinentales [En ligne]. 2017, n° 1 Poblaciones Vulnerables y Derechos Humanos. Disponible en: <http://www.unilim.fr/trahs/141> (consultado el 21/11/2017)

Autores

María Suárez Luque

Universidad Central de Venezuela

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